La DDHPO, al servicio de grupos radicales del magisterio

OAXACA, Oax. 17 de mayo de 2021.- Un evento irregular, por decir lo menos, sucedió el pasado 10 de mayo en la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO): su presidente, Bernardo Rodríguez Alamilla, prestó las instalaciones para que un grupo radical del magisterio se manifestara en contra de la dirigencia formal de la Sección 22 del SNTE, el sindicato más grande, más importante y más conflictivo de Oaxaca.

¿Qué tiene que hacer Rodríguez Alamilla metido en un conflicto magisterial? Nada, absolutamente nada. No sólo es ilegal, pues pasa por alto la fracción III del artículo 14 de la Ley de la Defensoría, que les impide conocer de conflictos laborales, sino también es un enorme error político al tomar partido por la organización radical Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que dirige Rogelio Vargas Garfias y su grupo de choque, el Frente Popular Revolucionario (FPR).

A pesar de que lo negaron en esa conferencia de prensa, la UTE y el FPR fueron señalados por diversos grupos magisteriales, columnistas y medios de comunicación, de ser parte de los orquestadores de las movilizaciones —sin sustento ni razón— que durante un mes realizaron supuestos normalistas, quienes cometieron actos vandálicos y diversos delitos.

Los señalamientos recayeron también en el secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso, quien según las menciones periodísticas, habría solapado y alentado a los supuestos normalistas para que robaran documentos, materiales y equipos de oficinas públicas; bloquearan calles y el aeropuerto; dañaran el inmueble de un hotel; robaran y destruyeran documentos y los cheques de la nómina de los maestros; y también, agredieran a periodistas que cubrían esas movilizaciones.

Lo increíble es que el defensor de los Derechos Humanos, en una clara muestra de intromisión en un conflicto intersindical y por sus evidentes complicidades con personajes y grupos que promueven el caos, haya violado disposiciones legales, poniéndose del lado de los victimarios y no de las víctimas, del lado de las organizaciones señaladas de agredir y golpear a periodistas.

Rodríguez Alamilla no entiende que lo que requiere Oaxaca de la Defensoría de los Derechos Humanos es que este órgano, que se supone autónomo aunque funciona con recursos públicos, propicie condiciones de paz, de gobernabilidad y de estabilidad; no puede ni debe ser ser instrumento para la desestabilización de los violentos e incendiarios de siempre.

Para nadie es un secreto que la DDHPO es un coto de poder de Flavio Sosa Villavicencio, quien se hizo famoso luego del conflicto magisterial del 2006. Asimismo, en los sectores magisteriales y en sus organizaciones, todos conocen la buena relación de Flavio con el dirigente de la UTE, Rogelio Vargas Garfias.

¿Qué gana Bernardo Rodríguez con el relevo de la Sección 22 y alentando la división del magisterio? ¿A quién responde el propósito de dividir y confundir a las bases?.