La Constitución de 1854 y la crisis de México
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio de 2018.- En el proceso sucesorio donde, asombrosamente, todo parece caminar con extrema suavidad y cortesía, la dura crítica de Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación golpea al gobierno de Peña Nieto donde más duele: En su incapacidad para dar respuesta a los graves problemas de violencia.
Dice la ministra: “Es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y reparación”.
¿Hora de dejar de simular? O sea, si entendemos bien, que todo lo que se ha hecho en ese ámbito, incluyendo a las víctimas, ha sido una farsa.
Vaya crítica.
Infinitamente justificada para quienes llevan meses, tal vez años, arañando la tierra con sus propias manos en la búsqueda de los restos de sus seres queridos.
Aseguró la señora Sánchez Cordero: “Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos”.
¿De quién es responsabilidad esta omisión, o si se prefiere mentira en las políticas de derechos humanos y atención a las víctimas?
El punto de partida es la necesidad, de la que convencieron a Peña Nieto al inicio de su sexenio, de marcar una separación del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La política de comunicación, también fallida como muchas otras implementadas estos años, de negar la realidad, de ocultar los muertos, de no mirar hacía los desaparecidos.
Es decir, la decisión de favorecer el manejo “político” de la realidad por encima de, simplemente, responder a una realidad.
¿Hubiese sido distinto si Miguel Ángel Osorio Chong no se hubiese visto a sí mismo como candidato presidencial, desde las oficinas de Bucareli, desde el principio del sexenio?
Lo cierto es que ahora el gobierno entrante ha comenzado a puntualizar que ha habido mentiras y simulación en este ámbito.
¿Tienen razón?
¿Quiénes podrían aferrarse a la versión oficial, cito a la ministra otra vez, de que “no pasa nada”?
El gobierno de Enrique Peña Nieto se apuró en aumentar los sueldos de los funcionarios públicos, de manera retroactiva al primero de enero de 2018, y también en eliminar de su nómina a trabajadores eventuales. Tiene, todavía, varios meses para asumir que sí, que pasa todo, que ha habido miles y miles de desapariciones que no fueron atendidas, que los familiares de las víctimas se merecen otra respuesta oficial.
Por lo pronto, ya quedó establecido, el criterio del próximo sexenio será, de acuerdo con la futura titular de Gobernación, partir de que todo sucede, de que hay una realidad tremenda, aterradora, a partir de que “en muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización… los hechos han sobrepasado cualquier pesadilla y el Estado ha sido incapaz de dar acceso a la justicia”.
Ahora la pregunta, que tendrán que contestar los futuros protagonistas, es cómo van a cambiar esta realidad…
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