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Signos y Señales
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de septiembre de 2016.- Cuando soy invitado a ser secretario de Finanzas de Oaxaca en 1986, tenían seis años de existencia ‘el nuevo’ Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el impuesto al valor agregado, creados en 1980, este último en sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles, el ISIM, desapareciendo más de 500 impuestos federales y estatales que constituían en los hechos una verdadera jungla fiscal.
Las características del IVA, con mucho un mejor impuesto, que el anterior impuesto ‘en cascada’, además de su mayor facilidad para recaudar, facilitaban una buena colaboración administrativa. De hecho los estados cobrábamos este impuesto, que empataba con una buena coordinación fiscal, conducida en al lado federal por el Maestro Roberto Hoyo D’Addona, de muy grata memoria.
En un principio los estados cobraban el impuesto, pero en virtud de la diversidad de niveles de desarrollo entre las entidades federativas, en el proceso de recaudación de este impuesto al consumo, algunos cobraban más recursos de los que les correspondía por participaciones y otros mucho menos. En el primer caso estaban el DF, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Edomex y otros más del norte o centro del país, en el segundo Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y otros de menor nivel de desarrollo.
Esto es, si Nuevo León recaudaba más IVA de lo que le correspondía de participaciones, el remanente se lo transfería a la Tesorería de la Federación, mientras que si Oaxaca recaudaba menos, la Tesofe les mandaba la diferencia. Esto sucedía no forzosamente por ineptitud de su administración tributaria, sino porque la base del impuesto era mucho más precaria; es decir, los contribuyentes del norte eran más poderosos en términos económicos, mientras los del sur, eran menos fuertes y contribuían por tanto en menor proporción. Pero el sistema de coordinación les compensaba y la Tesofe pagaba a los estados más pobres, lo que les faltaba para completar sus participaciones.
Se fue dando una asimetría donde los diferenciales per cápita, mostraba desigualdades como las que existían entre Tabasco y Oaxaca que eran de 8 a 1, estando también en el extremo ‘privilegiado’ el entonces DF, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, el Estado de México y Coahuila, mientras que se formó un frente entre Oaxaca, Zacatecas y Michoacán, apoyados estos últimos por otras 23 entidades federativas, hasta sumar 26, que resueltamente apoyaban una propuesta para el cambio de fórmula de distribución de participaciones, elaborada por Oaxaca, apoyada por el Grupo Técnico, perfeccionada por la Subsecretaría de Ingresos. Oaxaca encabezó tanto el Grupo Técnico para el cambio de la fórmula de distribución de participaciones, como la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en el periodo 1990-1991.
Después de 12 reuniones ampliadas de la Comisión Permanente, verdaderas reuniones nacionales y un número parecido del Grupo Técnico, siempre acompañados por el subsecretario de Ingresos que era Francisco Gil Díaz, un abrumador consenso aprobó en diciembre de 1990 el cambio de las fórmulas de distribución tanto del Fondo General de Participaciones, como del Fondo de Fomento Municipal que se paga los municipios a través de las tesorerías de las secretarías de finanzas de los estados, de acuerdo con la normativa señalada en la Ley de Coordinación Fiscal, a mas tardar a los cinco días de recibirlas de la Tesofe, según las fórmulas estatales de distribución aprobadas por los congresos locales, sin condicionamientos, en efectivo, no en especie, en caso contrario la Secretaría de Hacienda, tenía facultades para pagar directamente a los municipios, siempre que estos lo solicitaran y fueran claras las razones para hacerlo.