Día 23. Por oportunismo, crisis en Ciencias Políticas de la UNAM
CIUDAD DE MÉXICO., 22 de febrero de 2019.- Es inevitable dejar de leer el asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor a la termoeléctrica de Huexca, al margen del clima hostil provocado por las permanentes acusaciones y linchamientos que desde las mañaneras y el púlpito presidencial se hacen todos los días.
Es imposible no recordar la forma como el presidente de la república gritó a los campesinos de Morelos, hombres y mujeres pobres, que eran unos conservadores por decir que esa obra iba a impactar el medio ambiente y a provocar desabasto de agua.
No se puede dejar de analizar el crimen al margen de la visita que hicieron integrantes de distintos pueblos indígenas de Tlaxcala, Morelos y Puebla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que impida un derramamiento de sangre en caso de que la consulta anunciada por López Obrador avale una obra que las comunidades rechazan.
La ejecución de Samir Flores puede tener, sin duda, otras causas, pero tampoco se puede descartar que sea obra de fanáticos diligentes que quieren quedar bien con el presidente.
La racionalidad política —si queda algo de ella— exigiría que las mañaneras dejen de ser patíbulos de ejecución, hogueras donde todos los días se quema a quienes, de acuerdo con la moral y no con la ley, son corruptos.
Mañaneras y discursos hacen las veces de piras inquisitoriales que sirven lo mismo para acabar con la honra de los enemigos que para dar “carne” a los medios y distraer la atención.
En ese contexto, podríamos decir que ya se cumplió el pronóstico. ¿Que no le vayan a salir mal las cosas al presidente —se ha repetido con insistencia— porque va a empezar la persecución?
A partir del viernes 15 de febrero, cuando las instituciones financieras J. P. Morgan, Eurasia Group, Citi y BBVA calificaron las medidas anunciadas por el gobierno para rescatar Pemex como “insuficientes y decepcionantes” y anunciaron que la calificación del país podría estar en riesgo, la propaganda oficial decidió que era el momento de empuñar las armas para inventar distractores.
Fue así como en la mañanera del lunes siguiente, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer —quien había sido un muy suave crítico de los aspirantes a formar parte del consejo de ese órgano autónomo— fue acusado de haber incurrido en conflictos de interés y de “engañar al pueblo de México”.
Al margen de un proceso judicial, actuando como ministerio público y sin ser jueces, funcionarios federales dictaron —por orden presidencial— “pena de muerte” para el funcionario incómodo.
Vale la pena señalar que las críticas más severas en contra de los candidatos propuestos por López Obrador para ocupar un asiento en el consejo de la CRE no vinieron de García Alcocer sino de los senadores.
Se trataba, entonces, también de borrar de la memoria colectiva el ridículo que fueron a hacer los aspirantes a consejeros.
Hacer olvidar aquel suceso vergonzoso, digno de estar en los anales de la ignominia nacional, cuando uno de los recomendados de Palacio respondió así a una senadora del PAN que le pidió traducir las siglas con las que se designa el Certificado de Energía Limpia.
“Ahí sí le voy a ser honesto, porque estamos aquí en términos de honestidad. ¿Qué es una CEL? Esto es un cel”, y mostró su teléfono celular.
Pero ya encarrerado, el presidente subió también al cadalso a los expresidentes. Enlistó los nombres de quienes podrían ser llevados a juicio por diferentes delitos:
Enrique Peña Nieto por corrupción; Felipe Calderón por convertir el país en un cementerio; Vicente Fox por traicionar la democracia e imponer mediante fraude electoral a Calderón; Ernesto Zedillo por el millonario rescate a través del Fobaproa, y Carlos Salinas por entregar las empresas públicas a particulares.
Todos y cada uno de ellos pueden ser culpables de eso y más. Lo importante para este espacio no radica en querer ocultar o minimizar su responsabilidad, sino en saber si a un presidente de la república le toca hacer de juez y verdugo; de persecutor y tribunal inquisitorial.
¿Al mandatario de una nación le corresponde acusar, juzgar y sentenciar al margen y por encima del derecho?
Si la respuesta es afirmativa entonces los cementerios van a comenzar a recibir a muchos Samir Flores.
*Texto publicado en la Revista Siempre!