La necesaria tregua

OAXACA, Oax., 29 de junio de 2016.-

1.- Todo parece indicar que las negociaciones entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación van para largo y la atención al pliego petitorio magisterial será gradual pero sin que ello implique la abrogación de la reforma educativa. El hecho mismo de que, con nueve muertos de por medio, el gobierno federal finalmente aceptara dialogar con representantes del magisterio disidente constituye ya un avance al igual que el compromiso para investigar a fondo los sucesos violentos de Nochixtlán, en donde están involucrados altos funcionarios del gobierno federal así como del gobierno del estado de Oaxaca.

2.- Aun cuando la liberación de los dirigentes de la sección 22 del SNTE y el cese de descuentos  y despidos injustificados por parte de la SEP-IEEPO no se abordan en la mesa de diálogo, todo parece indicar que existe disposición de la Segob para avanzar en estos puntos. De hecho ya se envió una primera señal en el caso de Rubén Núñez en tanto que en el caso de las sanciones administrativas y laborales aún deberán vencerse las resistencias de la SEP y el IEEPO para atender y revisar las demandas laborales  y reclamos administrativos.

3.- Bajo estas nuevas condiciones es necesario que la  Comisión Política y el núcleo dirigente  de la sección 22 del SNTE y del movimiento social que lo acompaña, reconsideren el daño que ya se está causando a la población en general, pero de manera particular a la población rural, con la prolongación de los bloqueos carreteros.

Persistir en esta medida extrema de presión política les puede restar apoyo popular y legitimidad, pero también los expone al linchamiento político y mediático y reposiciona a la derecha así como a  los sectores empresariales y políticos progubernamentales que insisten en el uso de las salidas represivas para “solucionar” el conflicto.

4.- La jerarquía católica de Oaxaca y de otras entidades han sugerido al gobierno federal y a la CNTE una tregua en ese clima de  hostilidades, intolerancia  y crispación social que se vive en nuestra entidad y en el sur-sureste de México. Es y debe ser atendible esta postura que se encamina no a desactivar las protestas sociales y magisteriales sino a reconsiderar métodos de lucha y explorar medios alternativos de solución que pongan por delante el consenso social y político y la participación ciudadana.

5.- Si la Ley 3 de 3 pudo ser emendada por el veto presidencial, a petición de las cúpulas empresariales, la legislación que dio vida a una reforma educativa mal diseñada y aplicada puede ser revisada  y ajustada a las necesidades de cada entidad y región por la vía del consenso del mayor número de actores académicos, institucionales y, por supuesto, de los trabajadores de la educación. Una vía alterna a la abrogación debe conducirnos a promover  un amplio debate nacional sobre el presente y futuro de la educación pública en Oaxaca y en todo México. Pero para ello se requiere capacidad de autocrítica, diálogo permanente y voluntad para cambiar lo que deba cambiarse.

@YescasIsidoro

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