La paz necesita ciudadano

En el gabinete de seguridad nacional hay una convicción que hoy nadie pone en duda: la seguridad pública no se construye únicamente desde los escritorios ni desde los cuarteles policiales. El acompañamiento de la sociedad es determinante para consolidar la estrategia presidencial que, poco a poco, ha comenzado a reducir los índices de violencia en el país.

Me comentan que en Palacio Nacional permea la certeza de que la estrategia de seguridad también se fortalece desde una ciudadanía organizada, informada y comprometida con su entorno. No es casualidad, me dicen, que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, haya respaldado este modelo de participación.

De acuerdo con las fuentes consultadas, García Harfuch entendió desde hace años que ninguna estrategia de seguridad puede sostenerse sin la confianza ciudadana. Por ello impulsó espacios de diálogo y coordinación vecinal con organizaciones civiles, convencido de que la información que surge desde las comunidades llega antes que cualquier reporte oficial.

Y sí. México tardó décadas en entender que la seguridad pública no se impone: se construye. Durante los gobiernos del PRI y del PAN creímos que la paz dependía exclusivamente del Estado. Cada crisis se respondió con más policías, más soldados, más patrullas y más presupuesto. Pero la realidad terminó imponiéndose: ninguna estrategia de seguridad será suficiente mientras la sociedad permanezca como simple espectadora.

La seguridad no comienza cuando llega una patrulla. Comienza mucho antes. Empieza cuando un vecino denuncia, cuando un comerciante decide colaborar con la autoridad, cuando una madre recupera el espacio público para sus hijos, cuando un maestro evita que un adolescente sea reclutado por la delincuencia y cuando un joven encuentra oportunidades para desarrollarse dentro de la legalidad.

El debate nacional se concentró durante años en discutir quién debía combatir a la delincuencia: policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército o Marina. Sin embargo, conforme la violencia evolucionó y las organizaciones criminales comenzaron a disputar no sólo territorios, sino también comunidades enteras, quedó claro que el problema era mucho más profundo.

El crimen organizado no busca únicamente controlar rutas o mercados ilegales. También pretende romper la confianza entre vecinos, debilitar a las instituciones y convencer a los ciudadanos de que denunciar no sirve de nada. Cuando eso ocurre, comienza a ganar incluso antes de disparar un solo tiro.

Por eso la participación ciudadana dejó de ser un complemento para convertirse en un componente estratégico de cualquier política de seguridad, me explican en el gabinete de seguridad nacional. No se trata de sustituir a las autoridades ni de trasladar a los ciudadanos responsabilidades que corresponden exclusivamente al Estado.

Se trata pues de entender que la prevención, la inteligencia social y la reconstrucción del tejido comunitario sólo pueden lograrse cuando existe una ciudadanía organizada, informada y comprometida con su entorno. Los países que han logrado reducir sostenidamente sus niveles de violencia comparten un elemento en común: construyeron confianza entre sociedad e instituciones.  Sin confianza no hay denuncia.

Sin denuncia no existe inteligencia. Sin inteligencia las autoridades reaccionan tarde. Y cuando la reacción siempre llega después, la delincuencia conserva la iniciativa. La confianza, por tanto, también es infraestructura para la seguridad. Es el cimiento invisible que permite a las instituciones actuar con eficacia y a los ciudadanos sentirse parte de la solución.

La estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que la paz no puede medirse únicamente por el número de detenidos o por la cantidad de armas decomisadas. La intervención en los 61 municipios prioritarios del país parte de una premisa correcta: atender las causas de la violencia y fortalecer la participación comunitaria, entendiendo que la seguridad también depende de recuperar el tejido social.

En ese contexto cobran relevancia las organizaciones de la sociedad civil que han decidido trabajar lejos del protagonismo político y cerca de las comunidades. Su función no consiste en sustituir al gobierno, sino en construir puentes entre ciudadanos y autoridades, generar canales permanentes de comunicación y transformar las preocupaciones vecinales en información útil para las instituciones.

Experiencias como la del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México A.C., encabezado por Trinidad Belaunzarán, muestran que la sociedad organizada puede convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la gobernanza. El reto, sin embargo, apenas comienza. Las sociedades son las únicas capaces de ganar la paz.

RADAR

TRAS EL REGISTRO, INTENSIDAD. Nos comentan que al día siguiente de registrarse ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo, Rafael Marín comenzó de inmediato una gira de asambleas informativas por la entidad.

Nos hacen ver que el exfuncionario inició el recorrido por el norte del estado acompañado por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y por liderazgos locales del Partido del Trabajo, fuerza política que también respalda su aspiración, con el propósito de informar a la población sobre la defensa de la soberanía nacional.

Nos aseguran que Marín, ex colaborador de AMLO, ha sido bien recibido por las y los quintanarroenses, quienes lo conocen desde hace años por sus recorridos en la entidad, al ser uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo. En esta etapa continuará caminando casa por casa y reuniéndose con la población para respaldar la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de “coordinarnos, pero no subordinarnos a otros países”.

DUDAS EN EDOMEX. Los expedientes permanecen. Lo que sigue sin explicarse es por qué algunos de sus protagonistas también. Los antecedentes administrativos de un funcionario estrechamente vinculado a lo que alguna vez se llamó “el nuevo PRI” pueden pertenecer al pasado pero las decisiones de mantenerlo en posiciones estratégicas corresponden al presente.

Se trata del expriista Guillermo Calderón Vega, director de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de México, quien enfrenta cuestionamientos documentados en expedientes de la Secretaría de la Contraloría estatal relacionados con parte de su desempeño en la administración pública mexiquense.

En esos expedientes quedaron registradas presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de recursos públicos durante su gestión al frente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. Entre ellas figuran observaciones por pagos realizados a trabajadores después de haber causado baja y procedimientos derivados de auditorías financieras practicadas al organismo.

No se trata de reabrir procedimientos ni de discutir el desenlace jurídico de cada expediente. Lo relevante es que esos antecedentes existieron, fueron documentados por instancias oficiales de fiscalización y forman parte de la trayectoria pública de un funcionario que ha logrado mantenerse vigente a través de distintas administraciones. El un tema que la gobernadora Delfina Gómez debiera revisar con lupa.

Un abrazo para mis amigos de Quadratín.