La pista de los órganos de garantía

Raúl Ávila | Oaxaqueñología

OAXACA, Oax., 23 de septiembre de 2018.- Partidos y poderes ejecutivo y legislativo son determinantes en el traslado de la voluntad ciudadana a las normas y las políticas públicas, pero no actúan solos.

El pensamiento jurídico contemporáneo ha creado la figura de los organismos autónomos y ha convertido a estos y al poder judicial en instancias de vigilancia y garantía del cumplimiento de normas y políticas.

Los órganos de garantía, en particular los que están consagrados en las constituciones, deben mantener independencia en relación con los partidos y poderes políticos, de tal manera que en su organización y funcionamiento aseguren lealtad exclusivamente a la Constitución democrática que equivale a decir derechos.

Tales órganos muestran su independencia cuando ejercen sus atribuciones con imparcialidad e imprimen eficacia a sus actos y resoluciones.

Su misión les exige ser primeros en integridad, que equivale a transparencia, apertura y rendición de cuentas.

De allí que sea tan relevante la forma de nombramiento de sus integrantes y los mecanismos que aseguren su desempeño responsable.

Entre estos, la participación ciudadana, el análisis académico y la crítica pública en toda clase de medios, cada cual en su propia esfera de autonomía e interés.

En el fondo, partidos, poderes y órganos de garantía solo se justifican cuando son capaces de justificar con su actuación verificable los equilibrios entre objetivos constitucionales, principios y reglas jurídicas que protegen la dignidad humana.

En la prolongada e impertinente transición mexicana entre elección y toma de protesta presidencial –en un sistema de gobierno presidencial– el papel de los órganos de garantía es crucial. Algunos ejemplos:

El Banco de México por mandato constitucional tiene que preservar la corrección de la política financiera y la estabilidad de las variables macroeconómicas. Ni bancos rotos, ni gente sin banca, comida, techo, salud, escuela y trabajo. Queremos finanzas y gente con dignidad.

La CNDH debe continuar investigando quejas, formulando observaciones y recomendaciones a los poderes y autoridades. La CEAVI apoyando muy fuerte a las víctimas directas e indirectas, mientras exista alguna.

El INEGI deberá aplicarse al integrar y publicar la información indispensable para el conocimiento y la toma de decisiones.

El IFETEL, la promoción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en clave productiva, inclusiva y socialmente útil para el mayor número posible de mexicanos ante las implicaciones múltiples de la cuarta revolución industrial.

El INAI podría seguir profundizando y sincronizando la apertura y el acceso a la información del Estado y sus servidores públicos –es decir, de todos– con la debida protección a la privacidad y la disposición eficaz de documentos y archivos.

El SNA (Anticorrupción) deberá ser reforzado pero, mientras tanto, podría mostrarse más activo en sus pronunciamientos y propuestas. La corrupción se alimenta de impunidad.

El INE deberá evaluar con máxima objetividad el complejo sistema electoral que co-gobierna y prepararse para la inminencia de la democracia participativa.

El TEPJF debe terminar de garantizar -Puebla su principal reto hoy- la voluntad ciudadana en las urnas.

LA SCJN, en fin, deberá continuar con su labor cotidiana titánica y sensible de garantizar en última instancia el orden constitucional y los derechos fundamentales.

Sin duda, deberá reajustarse y preparar sus próximos relevos con la majestad debida y la corresponsabilidad de poderes políticos y ciudadanos. Ojalá que no nos fallen en un momento tan simbólico.

En las entidades federativas, otro tanto. Se requiere un gran esfuerzo para preservar y asegurar la integridad de los órganos de garantía. En el horizonte cercano, más reformas y medidas específicas serán útiles para tal efecto.

En el corazón del sistema de seguridad: fiscalías autónomas y eficaces, una revisión completa a prevención, policías, procuración, justicia y cárcel.

Si a la coordinación multinivel. No a la indignidad no solo en la vida sino también en la muerte. Nunca más un “quinto camión guerrerense”, “morgues móviles jaliscienses”, “estudiantes universitarios vejados” o “fosas clandestinas” por doquier.

Los órganos de garantía disponen de mucha información y tienen bastante que aportar a la solución de aquel y otros flagelos nacionales.

Se requiere más coordinación y  trabajo conjunto en pensamiento y acción con austeridad republicana y sentido común. Su eje transversal son las personas y sus derechos. Su reto, la condición de postración social mayoritaria. La penosa urgencia que corroe el mismo pacto constitucional.

En la transición hacia diciembre, con antiguos y nuevos presupuestos y mandatos, los órganos autónomos deben estar próximos a sus dos principales referentes: personas de carne y hueso, y poderes políticos.

En línea para acrecer a sus fines: derechos, democracia y desarrollo con identidad y equidad.