La pista de los poderes políticos

Raúl Ávila Ortiz | Oaxaqueñología

OAXACA, Oax., 16 de septiembre de 2018.- En la sociedad democrática y el Estado Constitucional, los partidos y el Congreso son piezas clave.

Los ciudadanos votan las ofertas y perfiles de partidos y candidatos que llevan sus mandatos a los poderes políticos: Ejecutivo y Legislativo.

Estos tienen que planear, programar y ejecutar los mandatos e involucrarse en el proceso de rendición de cuentas y retroalimentación de las estrategias y políticas que hayan aplicado.

Los poderes políticos emanan de manera directa de la voluntad ciudadana y por lo general se componen de personal político y administrativo.

La experiencia indica que la renovación del personal político como efecto de las alternancias entre partidos es recomendable y hasta indispensable.

Pero a la vez se recomienda que el personal administrativo se mantenga y no se desperdicie su capital institucional.

Hay evidencia histórica de que tocar esa red de expertos sin justificación técnica es contraproducente. Pero suele hacerse. Sobre todo en las funciones sensibles.

Los poderes políticos pueden ver enfrentados sus mandatos, estrategias y políticas para satisfacerlos. La negociación y el acuerdo entran en acción.

Los poderes políticos no son absolutos. Cientos de años, luchas y sangre ha costado construir la civilización fundada en el Derecho y el Estado para hacer posible los derechos y la vida en común. Hoy tales avances están en riesgo por la ignorancia, el egoísmo y la ambición desmedidas.

El pueblo y la ciudadanía, el poder judicial y los organismos constitucionales autónomos, y aún la comunidad internacional son parte de los instrumentos para balancear a los poderes políticos. Aunque estos también enfrentan sus propias inconsistencias.

De acuerdo con tales tesis, ningún partido o coalición partidaria, presidencial o parlamentaria debe –aunque pueda– imponer su sola voluntad a las minorías sin escucharlas y atender sus razones.

La mayoría puede equivocarse y es necesario que funcionen los controles para corregir.

Es así aunque la única justificación válida del gobierno de una supermayoría sean los derechos sociales. Por ello, sus decisiones y actos deben ser ponderados al máximo con los derechos y las condiciones reales en que viven las personas.

Sostengo que el programa de la Cuarta Transformación –austeridad, progreso, equidad– no deberá sacrificar más allá de lo razonable los derechos de terceros para lograr sus objetivos. En la proporción está la clave.

La justicia social –repito– no es legítima si se fuerza sacrificando el estado constitucional y la democracia pluralista. Si estos son frágiles, los poderes políticos deben reforzarlos y poner el ejemplo.

Si no lo hacen, entonces se comenzará a sembrar las semillas de su propia ilegitimidad y destrucción.

Recuérdese que cada una de las tres previas transformaciones –Independencia, Reforma y Revolución– cambiaron los regímenes políticos y las políticas económica y social contra las que lucharon.

Pero téngase presente que las tres, a su vez, se convirtieron en lo que motivó la subsecuente transformación.