La plataforma de la legalidad

Combatir al populismo es tarea casi imposible cuando quien detenta el poder controla el espacio informativo y noticioso, como sucede en México.

En Estados Unidos no ocurre así; por ello, el gobierno de Trump enfrenta una opinión pública cada vez más hostil, que conlleva la fractura de su coalición, porque los suyos, los republicanos, viven de los votos y su presidente resta, antes sumaba y con creces.

Frenar al populismo es extremadamente complicado y, al parecer, solo la incapacidad de administrar su unidad, el caos o una embestida externa mayor podría llevarlo a su caída.

Invocar a la democracia para reprobar el ejercicio populista es causa perdida. Las razones entran por el bolsillo.

Además, en México no existe un aprecio popular sólido por los valores del liberalismo.

En su mayoría, incluso en estos tiempos de hedonismo digital e individualismo creciente, los mexicanos prefieren suscribir la condición de beneficiarios antes que la de ciudadanos.

Aunque temporal y estructuralmente marginal o minoritaria, la ciudadanía importa para modernizar la economía y la política.

El populismo cobró fuerza y devastó las instituciones de la democracia sin resistencia, a causa de una oposición frágil e ineficiente, de un escrutinio del poder arrinconado y, también, de élites que se acomodaron al régimen.

El resultado ha sido caro para todos, muy caro, incluso para el obradorismo, porque para defenderse de la mayor amenaza debilitó su mejor argumento: la legalidad.

Absurdo y peligroso que los malquerientes del régimen esperen que el exterior imponga orden. Basta verse en el espejo de Venezuela.

Donde se prefirió a los chavistas, a Delcy Rodríguez —producto del fraude electoral—, en lugar del movimiento democrático liderado por María Corina Machado.

No es que Trump tenga debilidad por los dirigentes autoritarios —que la tiene—; para él es mejor entenderse con quien carece de ascendiente popular que con quien depende del respaldo ciudadano, porque eso prescinde de la política y privilegia la fuerza, que es lo suyo y ahí nadie le gana.

El ideal de Trump para México es hacer de Sheinbaum una Delcy Rodríguez; el régimen no enfrenta el peligro, sino el país y lo que queda de su régimen democrático.

El tema, en todo caso, son los términos del sometimiento.

Ya se sabe que Trump va por Cuba, porque eso sí representa un trofeo mayor.

No solo sería una revancha, también superar a un ícono del inventario presidencial, John F. Kennedy, y su fracasada aventura en Bahía de Cochinos.

No es un asunto menor, y ahí Trump está dispuesto a todo.

Ese es el factor que deberá valorar el país y su gobierno, que, por cierto, ha optado por regalar petróleo a una dictadura que nada aporta, excepto el regocijo de algunos nostálgicos estalinistas. La legalidad es el mejor antídoto contra el populismo.

A diferencia de la democracia, que es un concepto abstracto que cada uno usa a su modo, al grado que la presidenta —que la destruyó— afirma que México es el país más democrático del mundo, la legalidad tiene definiciones escritas, procedimientos, órganos que la hacen valer y, especialmente, sanciones.

En México se prescindió de la legalidad, y esa es la mayor vergüenza de esta generación, y su principal debilidad.

El mundo democrático la invoca para defenderse del autócrata.

La mayor derrota que puede enfrentar Trump en su país está en los tribunales, antes que en el Congreso.

En el ámbito internacional crece la exigencia de legalidad, no solo por lo ocurrido en Venezuela, sino por las pretensiones expansionistas sobre Groenlandia y lo que pudiera seguir.

La legalidad es el mejor freno al populismo porque limita el ejercicio del poder sin contención, algo imposible en una república y menos en una democracia, donde es esencial la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las decisiones legislativas.

La presidencia de Trump es la crónica de la violación del régimen legal.

Los aranceles son impuestos que deben ser aprobados por el Congreso; para evitarlo, invocó un falso estado de emergencia.

Prácticamente todas sus decisiones parten de la excepción al régimen legal. Una sola resolución de la Suprema Corte, incluso de una Corte afín a Trump, podría significar el colapso de su gobierno.

Esto demuestra que la legalidad implica derechos y obligaciones, así como la existencia de un órgano profesional e independiente que los haga valer.

Queda claro que el régimen obradorista conspiró contra el país al destruir el Poder Judicial Federal.