La política, ¿obstáculo a la fiscalización?

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2018.- Como era normal los tiempos de la sucesión presidencial y los conflictos que se han generado, retrasan los consensos para la operación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, se encuentra detenida la elección del nuevo Auditor Superior de la Federación, que debió entrar en funciones a partir del primero de enero de este año.

No obstante, están por iniciarse los trabajos de auditoria de la Cuenta Pública 2017, con un ambiente jurídico de incertidumbre, que afecta la realización de las mismas, así como las reformas que tienen que implementarse.

En ese contexto se presentó el tercer Informe individual y el Informe General de la Cuenta Pública 2016. Este es el resumen del trabajo del personal auditor y administrativo de la ASF, cuya experiencia profesional y técnica, es el mejor activo de esta institución, tan importante para el futuro de México.

Es interesante revisar el Informe de Resultados, por un lado, se mantiene la inercia de la recurrencia, así como el incremento de las observaciones en relación al año anterior. La recurrencia significa que no se ha logrado influir como se deseara, en la operación y normatividad de los fondos condicionados, ni en las conductas de los entes auditados. No puede ser y estoy de acuerdo, que incrementar el monto de las recuperaciones sea un fin en sí mismo, porque con el reintegro y la determinación del daño por las contralorías locales, se limita el enfoque sancionatorio.

Algunos temas que habrá que revisar. En el Resumen del Informe de Resultados, se agrupan las recuperaciones de las cuentas públicas de 2001 a 2016, después de haber pasado el tiempo de las aclaraciones: en 2012 las recuperaciones fueron de 17 872.52 millones de pesos –la cifra más alta del periodo- por otra parte, en 2015 fueron de solo 3 169 millones y en 2016, 7896 millones de pesos. Claro quedan pendientes de solventar, algunos pliegos de observaciones, que pueden incrementar las recuperaciones.

Por otro lado, estos -los reintegros- sobre todo sin castigos, no son, o no deberían ser el objetivo de las auditorias, mas cuando una parte importante se ha reintegrado a las cuentas de los mismos fondos del gasto federalizado, particularmente las aportaciones del Ramo 33 y son los contralores internos los que determinan si hubo daño o no.

En 2016 se realizaron 1865 auditorias, de las cuales 73 por ciento a estados, municipios, y universidades; la cuarta parte, al Poder Ejecutivo. A los otros poderes, 3 al Legislativo, 10 al Judicial y 23 a los organismos autónomos. Se elaboraron 2557 pliegos de observaciones y 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Quizás haga falta correlacionar número de auditorías con porcentaje presupuestal, para tener una visión más integral.

Con el fin de hacer más eficiente el uso de las auditorias para combatir la corrupción, el enfoque de las mismas debe ser fundamentalmente preventivo, sin embargo, cuando observamos la recurrencia en las observaciones, es evidente que falta por hacer en el diseño programático y presupuestal de los fondos, tema que se precisó en un estudio de hace algunos años de la propia ASF.

Por otro lado, acaba de mencionar María Amparo Casar, que de más de 800 denuncias, sólo se han consignado y sentenciado cuatro, esto es el 0.4 por ciento. De ahí el bajo perfil de los resultados en materia jurídica.

Hay que tener cuidado en no confundir determinación de observaciones, con determinación de irregularidades. Como se puede observar en el Sistema Público de Información de Auditorias de la ASF, de los 848 mil millones determinados de 2000 a 2016, el 51 por ciento fue aclarado y están pendientes de aclarar o recuperar la tercera parte.

Otro tema importante es el del Sistema Fiscalizador de Carrera, que tiene como obstáculo las condiciones contractuales de más de 400 auditores y la alta rotación del personal, dado lo anterior.

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