La presidenta se fortalece

La situación del país, en muchos frentes, se torna compleja e incierta. Hay un punto de inflexión desde el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las cosas no son iguales en Michoacán ni en muchas partes del país.

El gobierno perdió en lo que parecía ser su mejor logro: la lucha contra el crimen. A partir de entonces queda claro que la impunidad prevalece y que amplios sectores de la población, particularmente los productores, se muestran exasperados por el imperio de la extorsión en sus dos variantes: la de las autoridades y la de los delincuentes.

No es para desdeñar lo que se ha emprendido en Michoacán, pero se requiere mucho más y que los delincuentes sean sentenciados, no detenidos. El Estado mexicano ha perdido capacidad de respuesta en dos planos: primero, el de atender a la población, producto del austericidio, como muestra el abandono al campo, y, segundo, el de hacer frente al conflicto social por la vía institucional.

La protesta social crece y muestra un claro desafío a las autoridades. Repudian por igual a gobiernos que a partidos, y la impunidad permite a la protesta actuar por las vías de hecho, como bloquear carreteras. En el país de la impunidad la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cometió el error de insinuar acción penal contra los líderes; afortunadamente, la presidenta le enmendó la plana.

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