La Presidenta y la protección a morenistas ligados al crimen organizado

A petición de las autoridades de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo, entregó, al margen de las leyes de extradición, a más de 100 cabecillas de distintos grupos del crimen organizado que operan en el país, que ahora controlan el 30% del territorio nacional, y día a día expanden su presencia.

Antes, en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) había extraditado a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y en julio de 2024, Los Chapitos, apresaron y entregaron a las autoridades de Estados Unidos, en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, a Ismael Mario Zambada García, El Mayo, el otro líder histórico de ese cártel.

Estos extraditados son informantes estratégicos de las autoridades de Estados Unidos, y algunos en ese carácter son testigos protegidos. Estudiosos de los grupos del crimen organizado, aseguran que a partir de esos delincuentes, las autoridades de Estados Unidos ahora tienen un mapa muy preciso de esos grupos, que incluye, qué negocios tienen, qué territorio controlan, cuál es su fuerza militar y cuál su relación con las autoridades del gobierno en sus distintos niveles. Es un mapa fundamental para la seguridad de Estados Unidos.

La Sección Segunda del Ejército de México, es elórgano especializado que se encarga de la inteligencia. Coordina esta actividad fundamental para la seguridad nacional, en las unidades de la fuerza armada, que están presentes en todo el territorio nacional. Su función es reunir información sobre todos los actores de la vida pública del país que incluye a los integrantes de los grupos del crimen organizado, los políticos, los funcionarios, los dirigentes sociales, los posibles enemigos externos. Esa información se procesa para tomar decisiones.

La presidenta en repetidas ocasiones, ante las acusaciones de la relación con grupos del crimen organizado o actos de corrupción, de políticos y funcionarios de Morena, a nivel federal, estatal y municipal, también congresistas, amigos y familiares del presidente López Obrador, en particular de su hijo Andy, dice que no hay pruebas contra ellos y que la FGR no los investiga. Organizaciones de la sociedad civil, investigaciones periodísticas y académicas, han mostrado múltiples pruebas de la implicación de estos políticos y familiares, pero ella las rechaza.

Y lo hace, aunque las pruebas están sobre su escritorio de Palacio Nacional, entre otros casos: de la implicación del crimen organizado en el financiamiento de las campañas de Morena en 2024; del robo más grande de la historia de México, el huachicol fiscal, operado por funcionarios del gobierno; de la acción del cártel de La Barredora; de los negocios ilegales de Andy López Bletrán, y de una lista que no tiene fin. Ella hasta el final de su mandato va a negar las pruebas y defender a los delincuentes de Morena, en la certeza de que si entrega a la justicia a uno de ellos se abre la cloaca y surge la inmundicia, y que su partido y ella misma se pone en riesgo, de los ataques que vendrían del habitante de la mansión de Palenque, en defensa de sus hijos y su círculo cercano. En todo el sexenio, la impunidad seguirá estando presente.

@RubenAguilar