La protesta de periodistas en Los Pinos

Otro País

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo de 2017.- Las protestas por el asesinato del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, y por los otros cinco periodistas asesinados en el país este año, motivaron que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometiera ayer a resolver y castigar los homicidios de los informadores.

Pero eso ocurrió no en su discurso en la reunión con los gobernadores, sino en una breve conversación que sostuvo con los fotógrafos de prensa y reporteros al terminar el acto realizado en un salón de Los Pinos.

En un reflejo admirable y extraordinariamente oportuno, los fotógrafos habían roto el minuto de silencio al que el presidente convocó a los gobernadores en memoria de los periodistas asesinados. Mientras ese minuto transcurría, desde el área de prensa se escucharon claramente –y quedaron grabados y fueron transmitidos por la televisión– los gritos de “justicia”, “no más discursos” y “se abren carpetas de investigación que no se finalizan”. Eran los gritos de los fotógrafos, cuya acción reflejó la ola de indignación que se extendió por todo el país tras el homicidio del periodista sinaloense. De paso, la protesta compensó el hecho de que a la reunión del presidente Peña Nieto con los gobernadores no haya sido invitado formalmente ningún periodista.

Fue visible que ni Peña Nieto ni los gobernadores esperaban que los reporteros se hicieran presentes de esa forma. La breve movilización de los fotógrafos obligó a Peña Nieto a ir ante ellos al terminar el acto, y ofrecerles que los homicidios de los periodistas no quedarán impunes. Se entiende que se refería a los seis casos recientes, dos de los cuales son de corresponsales de La Jornada (debe recordarse que su corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea, fue asesinada a balazos la mañana del jueves 23 de marzo), y uno de un periodista de la Tierra Caliente de Guerrero, Cecilio Pineda.

Es de esperar que la palabra de Peña Nieto surta algún efecto práctico en la resolución y castigo de por lo menos algunos de los homicidios de periodistas que permanecen en la impunidad. Ese es el compromiso real que arrojó el encuentro de los gobernadores con el presidente en Los Pinos, pues no hay mucha esperanza en las medidas anunciadas por Peña Nieto, que son un poco más de lo mismo que no ha dado resultados hasta ahora. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presente en el acto, aplaudió el compromiso anunciado por Peña Nieto para combatir la impunidad que prevalece en los casos de agresiones contra periodistas, y recordó que en febrero del año pasado la CNDH envió al gobierno federal (a la PGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la de Marina) y a los gobernadores la recomendación general número 24 destinada a sensibilizarlos e instarlos a actuar para proteger a los periodistas y a la libertad de expresión, así como a esclarecer los homicidios acumulados hasta esa fecha. En esa recomendación la CNDH incluyó una gráfica que muestra la incidencia de los homicidios de periodistas desde el año 2000 y hasta el 2015, que aquí se reproduce.

Fuente: CNDH.

En ese documento la CNDH expone su preocupación por la participación de funcionarios públicos como agresores de periodistas y como obstáculos para la procuración de justicia. “Por acción u omisión (los funcionarios) contribuyen a generar en el país un contexto de violencia en perjuicio del gremio periodístico”, sostiene la CNDH. “En ese sentido, del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015, se han integrado en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos un total de 1049 expedientes de queja relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, y en los que las agresiones por parte de autoridades y la ineficacia en el desarrollo de las investigaciones ministeriales resultan ser una constante”, afirma.

La institución asegura que hasta el 2015 el índice de impunidad en homicidios de periodistas es de 82 por ciento, lo que significa que en México sólo se esclarecen o castigan dos de cada diez casos. Y enlista a Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca como los estados en los que se concentra el mayor número de asesinatos de periodistas.

Por esa situación protestaron los reporteros en Los Pinos frente a Peña Nieto. Con el asesinato del corresponsal de La Jornada en Sinaloa oficialmente suman 114 los periodistas asesinados entre el año 2000 y esta fecha, y la mayor parte continúa en la impunidad. Para atacar ese triste panorama, el presidente anunció un incremento del presupuesto para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instrumento que coordina la Secretaría de Gobernación y que casualmente no recibió un solo peso de presupuesto para este año y trabaja con sobrantes de dinero del año pasado; el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el organismo de la PGR al que le es imputable la impunidad existente en las agresiones contra periodistas, y la creación de fiscalías similares en los estados.

Desde luego que estas medidas serán útiles, pero la decisión más útil para revertir la impunidad es la sensibilidad que las autoridades –del presidente Peña Nieto para abajo e incluidos los gobernadores—tengan en materia de respeto a la libertad de expresión y procuración de justicia para castigar los crímenes cometidos contra periodistas. Y el único indicio de ello es la palabra comprometida por Peña Nieto en su plática con los reporteros que protestaron. Si esa protesta no hubiera ocurrido, la reunión con los gobernadores habría carecido de contenido. El compromiso que los reporteros arrancaron al presidente es, pues, la medida para juzgar más adelante las acciones de las autoridades en defensa de la libertad de expresión y la vida de los periodistas.

Crisis desactivada en Guerrero

Se percibe beneplácito en el gobierno del estado de Guerrero por haber desactivado, al menos por el momento, la crisis de inseguridad en el municipio de San Miguel Totolapan, que se extendió a otras zonas y carreteras de Tierra Caliente. Debe haberlo también por la intervención del Ejército en la policía municipal de Zihuatanejo, infiltrada por el crimen organizado, y la detención de 51 agentes de los 60 originalmente retenidos. Estas acciones deberán tener impacto en la reducción de la criminalidad en ambos municipios. Falta, sin embargo, esclarecer la retención de siete periodistas por parte de un grupo armado en la carretera Iguala-Altamirano, precisamente en el contexto de la “Operación Relámpago” contra la delincuencia. Es un caso en manos de la PGR, pero concierne también al gobierno del estado. [email protected]