La reforma que necesitamos

Para Roberto, un juez a la medida

El ejercicio profesional, las características de la mayoría de la población que habita en Oaxaca y la decisión del ejecutivo en turno, permitió que ocupara una de las responsabilidades que forman a mi juicio los tres pilares de la administración e impartición de la justicia del sector público, que necesaria e inequívocamente deben contemplarse para aspirar a que contemos como dice una de las máximas del sector: Con una justicia pronta y expedita.

El ministerio público, el poder judicial y la defensoría pública son las partes integrantes de esta responsabilidad de los gobiernos y sustentos del Estado Mexicano que al menos hasta ahora, son partes integrantes bastante impugnadas ya sea por cumplir sus papel constitucional objetivamente, también por no ser asépticas a la corrupción, faltas a la honestidad y abiertas al escrutinio público en las partes que las leyes vigentes lo permiten, fuera de intereses particulares, políticos y ahora también del crimen organizado o simplemente porque sus actos resolutivos no son del agrado o benefician a quienes pueden impugnarlos por las vías legales, mediáticas o manipuladas.

Del total de los procesados dentro de los penales o en libertad en las entidades federales, no más del 25% son causas del orden federal que son llevados por el personal de ese orden de gobierno, recayendo la mayoría de los procesos en el fuero común que como por lo menos los últimos 30 años tiene sin sentencia hasta cuatro años siendo la media de dos, con rezagos de más de 10 mil casos en las dos instancias responsables de llevarlos, totalmente fuera de los términos legales sin que hayan medidas específicas, concretas y viables para subsanarlo salvo las declaraciones demagógicas, irresponsables y sexenales de los que son nombrados para atender tan delicado y grave tema.

Ni que decir de la mayoría de los profesionistas del derecho que para el caso de Oaxaca la mayoría egresan de una institución educativa donde el porrismo, el acoso y la exigencia de favores sexuales, la compra en dinero de las calificaciones y la recepción profesional son las claves para titularse y ejercer la carrera en las instituciones que procuran  administran justicia, que como dice el refrán popular echando a perder se aprende y que salvo casos honrosos que también existen, son los que se encargan de ello.

Hasta ahora no contamos con una información seria, objetiva y pública de la preparación de los agentes del ministerio público, personal administrativo y ejecutor del poder judicial, así como la eficiencia y eficacia de los defensores públicos con salarios de miedo, sin la mínima infraestructura y a expensas de la tentación de cobros ilegales, llevar asuntos particulares y en no pocas ocasiones abrumados por la cantidad de asuntos a su cargo.

Jueces y secretarios judiciales si bien cada vez menos improvisados, con salarios paupérrimos, con programas de actualización y capacitación ocurrentes, sexenales y mediáticos, con un escalafón que en no pocas ocasiones son manejados con nepotismo, favores personales o políticos, con estímulos económicos de ocasión y sujetos a humores y cercanía con los que aprueban los presupuestos y formas de jubilación verdaderamente inhumanos y de pena ajena.

Códigos, leyes y procedimientos que datan de casi un siglo y que cuando merecen alguna actualización generalmente son dictados desde el centro del País, por un centralismo chato y fuera de tiempo que además de desestimular la creatividad y el enriquecimiento locales, no respeta ni reconoce las particularidades de las entidades que como Oaxaca, se conforman de población originaria que además de contar con sus sistemas normativos internos, están protegidos y tutelados por la legislación internacionalque México asume y tiene que observar.

Por ello y otras cosas, cabe preguntarse y exigir que para una verdadera reforma judicial en México y en las entidades federativas, es necesario e indispensable que se plantee y se lleve al acabo una reforma integral que involucre a la totalidad de las instancias, disposiciones, reglas, procedimientos y temas aleatorios como la preparación y formación de los profesionales del derecho, más allá de lo que pareciera un ajuste de cuentas con el poder judicial no solo por su historia y formas de proceder sino también con la ni tan pequeña ayuda de ex ministros politizados, así como el desempeño sui géneris de la actual dirigencia de ese poder tan indispensable y que debe ser autónomo para dar sustento, cuidado y vigilancia a nuestros preceptos constitucionales antes que nada por sobre la impartición de justicia que sin dejarla de lado, apenas representa un tercio de los delitos que nos aquejan: Igualdad y respeto a la diferencias en un país diverso.

Gerardo Garfias Ruiz

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