De la simulación fiscal a la colaboración

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril de 2017.- Ya es lugar común hablar de la dependencia estatal y municipal respecto de las participaciones de los ingresos federales coordinados, que desde lace 36 años, representan el principal ingreso de estados y municipios.

Conociendo la estructura tributaria del país, así como la de la OCDE y otros países latinoamericanos, nuestra carga fiscal es muy baja, pero eso no significa que tengamos que incrementarla al nivel de Dinamarca, porque hay diferencias estructurales importantes, como la distribución del ingreso, el nivel real de los salarios, el crecimiento económico, el desarrollo desigual de las regiones, el grado de monopolio y oligopolio de las empresas, así como la capacidad de las extranjeras para expatriar utilidades a costa de su pago de impuestos en nuestro país.

La diferencia fundamental está en la fortaleza de la base tributaria, como ejemplo retrocedamos en el pasado, a finales de los años ochenta, en ese entonces los estados recaudaban el IVA, con una tasa general del 10 por ciento, que subió a 15 en 1983, era un impuesto joven que tenía seis años de haberse introducido en lugar del impuesto sobre ingresos mercantiles y la desaparición de cientos de impuestos estatales y federales al consumo.

Se reflejaba en su recaudación, la diferencia que había en los niveles de desarrollo y en la capacidad contributiva de los contribuyentes en cada entidad federativa: dado el sistema de coordinación ya existente, la recaudación de los estados de base tributaria reducida, cobraban una pequeña parte de los recursos que les correspondían, era el caso de Oaxaca, Hidalgo o Michoacán, otros como Nuevo León cobraban más de lo que les tocaba y el excedente lo concentraban en la TESOFE, que depositaba a los otros lo que les faltó.

Ese sistema no funcionó y a fines de los años noventa se concentro la recaudación del IVA en la Secretaria de Hacienda, que a cambio les dio más facultades e incentivos en materia de fiscalización coordinada a todos los estados, excepto en grandes contribuyentes, materia reservada aun hoy al SAT.

Un tema es el referente al pago de contribuciones de los funcionarios públicos, impuestos retenidos por el Patrón, esto es por el estado.

Había verdaderas simulaciones que a principios de 1988 se lograron corregir en algunos, que no en todos.

El subsecretario de Ingresos de ese momento, convenció a muchos de regularizar las retenciones y pago del ISPT y empezaron a pagar   correctamente.

Los que no lo hacían regañaban a los cumplidos, por convencimiento o por miedo, porque existe corresponsabilidad del funcionario que no retiene.

Cuando se mandaron cartas invitación a los gobernadores, en 1993, algunos reaccionaron con enojo e incluso había objeción por parte de funcionarios de Ingresos, aun no existía el SAT.

Posteriormente, durante el sexenio del Presidente Fox, la Secretaria de Hacienda inició auditorías a municipios y a algunos funcionarios estatales, por lo que se diseñó un programa para regularizar el pago del ISPT con un es un esquema progresivo, esto es el primer año 20 efectivo, 80 virtual, así hasta cerrar el ciclo.

Protestaron estados como Aguascalientes que si pagaban, incluso el DF, pero otros lo aprovecharon.

Algunos gobernadores protestaron por las auditorías, pero lo que se quería era que la nomina de los funcionarios, incluidos los señores gobernadores, se pagará correctamente.

Desde 1998, el secretario de finanzas de Nuevo León, propuso que  el ISPT cobrado al personal de las entidades, se participara al 100 por ciento a los estados.

La idea evolucionó, hasta que considerándolo un acto de colaboración administrativa, desde 2015 se crea el Fondo ISR, con el que se les participa el cien por ciento de lo que enteraron a la Federación.

En 2015 fueron 31 mil millones, el año pasado 54 mil millones.

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