La trampa

Las iniciativas de reforma constitucional a presentar por el presidente López Obrador son una trampa. Exhiben al político astuto que aprovecha la parte mala de las reglas del juego para ganar indebida ventaja. No se trata de reformar, de cambiar al país para bien, ni siquiera de dejar su visión trascendente; simple y llanamente es un ardid para imponer agenda y así ganar la elección. Dominar la plaza para hacer valer su voluntad a propios y extraños. Beneficiarios y temerosos callan. ¿Qué debe hacer la oposición? ¿qué debe hacer el juicio crítico independiente?

Por lo pronto, no caer en la trampa, que es un intento de distraer, definir agenda y llevar la discusión al terreno deseado. En más de cinco años de gobierno obradorista tarea obligada es evaluar su gestión, sus resultados y si esa manera de ejercer el poder es funcional al buen gobierno, a la salud del país y a la calidad del servicio público; el imperio de la discrecionalidad presidencial y su determinación de acabar con la transparencia. Además, volver irrelevante al legislativo por la vía del dominio; arrinconar a todos los órganos autónomos -INE, la COFECE e INAI- mediante la intimidación a sus directivos; colonizar al Poder Judicial, al Tribunal Electoral y a la Corte con la omisión de designaciones o el juego de renuncias y promociones a comisarios de su proyecto, o reducir al mínimo la libertad de expresión con la agresión a periodistas y la amenaza pública y abierta a los empresarios de medios y a los concesionarios de radio y Tv.

En bien del país, debe hacerse un juicio riguroso al gobierno, al presidente, a sus políticas públicas o decisiones y, especialmente, a los resultados. Las iniciativas son un recurso más de distracción y engaño. No merecen atención, pero sí deben servir de plataforma para abrir la discusión sobre el México deseable; ejemplo, cambiar la Constitución para que lleguen los mejores a la Corte, los habilitados para la delicada encomienda que les corresponde, eliminando la atribución del presidente para designar ministros de no existir acuerdo en el Senado (la designación de la señora Lenia Batres es una burla, un insulto a la judicatura), también debe reducirse a mayoría simple de los ministros presentes para declarar la inconstitucionalidad de una norma, entre muchas cosas más. Que no sea la agenda del presidente, ni de los partidos sino la de la sociedad y la del país a partir de un cambio a favor de la democracia.

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