La virgen, la presidencia y los soldados

Antes se decía que unos de los límites de la libertad de expresión en México eran la Virgen de Guadalupe, la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas. Con el paso del tiempo, ese blindaje frente al escrutinio público se erosionó severamente.

El propio abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, puso en entredicho los fundamentos del guadalupanísmo. José López Portillo, en medio de su crisis personal, degradó la figura presidencial al enviarla a la condición de un perro. Y, en el caso de las Fuerzas Armadas, una investigación sobre el contrabando de combustible evidenció que la institución más reconocida y respetada —la Secretaría de Marina— podía aparecer vinculada desde los más altos niveles a redes de delincuencia organizada.

Sin embargo, mucho de aquellas fijaciones permanece. La Virgen persiste como objeto de genuina devoción y, en ese terreno, la fe puede con todo. La crisis de la Iglesia Católica ha hecho mella, pero el fervor por la virgen persiste. Los mexicanos, en su abrumadora mayoría, siguen siendo católicos, pero más guadalupanos. En todo caso, el escándalo no implica a la fe, sino a la institución por las debilidades de los hombres que la conducen o representan.

Lo más crítico respecto de las Fuerzas Armadas acaba de ocurrir a partir de la confesión involuntaria de su comandante suprema, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que “no dio la orden” para proceder contra el jefe del cártel más poderoso y sanguinario del país, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Resulta inaudito: el logro más significativo en la lucha contra el crimen organizado, ejecutado por las Fuerzas Armadas, no fue respaldado por la presidenta. El operativo más relevante y delicado contra el crimen organizado habría ocurrido sin conocimiento ni instrucción directa de la titular del Ejecutivo. Además, quedó expuesta en su seguridad. La mandataria y el secretario de Defensa deben una explicación.

Tiene razón Guillermo Valdés Castellanos cuando afirma que en el obradorismo dejó de existir el concepto de seguridad nacional. La lucha contra el crimen organizado, por la amenaza que representa y por la forma en que opera, constituye claramente un asunto de seguridad nacional. Esto, a su vez, remite a una característica del régimen obradorista: la ausencia de un auténtico sentido de Estado. La causa del movimiento se coloca por encima del interés nacional.

En un sector independiente e influyente en la formación de la opinión pública ha resurgido una especie de fervor, respeto o consideración —no importa cuál— hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. En el afán de cobrar factura a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se le exonera de responsabilidad. Se piensa que, una vez que se libere de la influencia de su promotor político, podrá ejercer con eficacia la presidencia de un país que merece mejor suerte.

Este sector asume la misma acritud del obradorismo con Felipe Calderón. Si el abasto de medicinas es deficiente o el sistema de salud está en crisis es culpa de López Obrador. Si la economía no despega, también. Si hay desaparecidos que encubren homicidios, es herencia del pasado inmediato. Si existe contrabando de combustibles, fue decisión del gobierno anterior. Si una reforma política fracasa, la responsabilidad recae en Pablo Gómez, legado de López Obrador. Si el gabinete no funciona, se dice que fueron designaciones heredadas. Si los coordinadores parlamentarios o la dirigencia de Morena no obedecen, es por Andrés Manuel. Incluso si la agresión contra medios persiste, se atribuye a Jesús Ramírez Cuevas, impuesto por López Obrador.

De ese modo, la presidenta —la científica, la figura que no proviene del viejo oprobio priista— queda exenta de culpa.

Pero el principio es elemental: mientras no se responsabilice y se exijan cuentas a quien detenta la mayor responsabilidad pública, no habrá cambio alguno. Por el contrario, el deterioro del país continuará. Desde el momento en que la presidenta decidió promover la reforma al Poder Judicial y llevarla hasta sus últimas consecuencias, quedó claro el continuismo del proyecto previo: el segundo piso de la causa obradorista en su afán de desmontar la institucionalidad democrática. Ella nunca ha engañado. Una y otra vez ha ratificado su apego y compromiso con con la causa y su líder moral.

Parte del problema reside en una fijación compartida sobre una categoría política que, en la práctica, dejó de existir: el régimen presidencial. Hoy existe algo distinto, un régimen de poder compartido. Uno manda; la otra ejecuta, bajo el imperio de la impunidad, porque ir contra uno es ir contra todos.