Las Batallas

La vida interna del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un campo de batalla. Disputas por el control administrativo, enfrentamientos entre consejeros, pugnas con la Secretaría Ejecutiva y directores que responden a distintos grupos de poder han terminado por exhibir a un organismo consumido por sus propias ambiciones.

Detrás de la defensa pública de la autonomía electoral subsiste una estructura burocrática que, durante al menos dos décadas, ha acumulado episodios de dispendio, privilegios y disputas por el manejo de recursos millonarios. 

Pasadas las tormentas que provocan las revelaciones, simplemente no pasa nada.

El escándalo que precipitó la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE constituye uno de los golpes más severos a la credibilidad de la autoridad electoral. No sólo por la naturaleza de las acusaciones, sino porque alcanzaron a quien encabezaba la institución y tenía la responsabilidad de garantizar la legalidad de sus decisiones.

El daño político ocurre, además, en la antesala de las elecciones intermedias de 2027, cuando el organismo necesita una conducción firme y una autoridad que no esté sometida a sospechas sobre su independencia y compromiso con la democracia mexicana, mucho menos sobre sus relaciones con proveedores.

Pero hay antecedentes, y son numerosos. La historia del antiguo IFE, del actual INE y del Tribunal Electoral federal está atravesada por adquisiciones onerosas, gastos injustificados, privilegios de altos funcionarios y conflictos por el control presupuestal. Cada caso documentado provocó un escándalo.

Durante años, esos episodios fueron tratados como problemas administrativos que podían resolverse con explicaciones burocráticas, ajustes internos o cambios de funcionarios. Esta vez, las acusaciones alcanzan directamente a la presidencia del árbitro electoral y comprometen la confianza en sus mecanismos de contratación y vigilancia.

No se trata de hechos desconocidos para quienes hemos seguido durante décadas el funcionamiento de estas instituciones. Hace casi veinte años, cuando México todavía resentía las consecuencias de la elección presidencial de 2006, documenté una serie de excesos en el ejercicio del presupuesto del entonces IFE.

Las investigaciones, sustentadas en información obtenida mediante solicitudes de transparencia, exhibieron una burocracia acostumbrada a gastar sin restricciones.

Encontré erogaciones millonarias en servicios de jardinería, pese a que las instalaciones del instituto carecían de jardines que justificaran semejantes montos; adquisiciones de cafeteras gourmet, sillones exclusivos de piel y una larga relación de bienes y servicios cuyo costo resultaba difícil de conciliar con las necesidades de una autoridad electoral.

Aquellas revelaciones obligaron a dar explicaciones y, durante la presidencia de Leonardo Valdés Zurita, se adoptaron medidas para corregir prácticas administrativas cuestionadas.

En el Tribunal Electoral, los hallazgos fueron todavía más delicados. Documenté un conflicto de interés relacionado con la adquisición de un edificio para ese órgano jurisdiccional, en medio de una crisis que culminó con la renuncia de Flavio Galván Rivera a la presidencia de la Sala Superior.

El episodio dejó al descubierto las fracturas entre magistrados, los intereses que se disputaban dentro del tribunal y la fragilidad de sus acuerdos internos. Los enfrentamientos no desaparecieron con el relevo en la presidencia; continuaron en las siguientes integraciones del pleno.

El 14 de marzo de 2007 publiqué otra investigación sobre las compras onerosas del Tribunal Electoral, a partir de documentos oficiales correspondientes al último trimestre de 2006. Los expedientes permitieron conocer una relación de adquisiciones que retrataba con precisión las prioridades de aquella administración.

Las cifras corresponden a precios de hace casi veinte años: cafeteras de 25 mil 620 y 20 mil 539 pesos, sillas secretariales de más de 10 mil pesos, alfombras por 134 mil 798 pesos, un cristal para escritorio de 16 mil 100 pesos y una motocicleta Yamaha de 28 mil 720 pesos.

Había también mobiliario fabricado a la medida, artículos de oficina y otros bienes adquiridos con recursos públicos. No eran simples diferencias de criterio sobre equipamiento; se trataba de decisiones de gasto que exigían justificar su necesidad, sus precios y los procedimientos utilizados para contratarlos.

Aquellas adquisiciones no constituían, por sí mismas, prueba de delitos. Pero sí exhibían una forma de administrar el dinero público en la que el confort de la alta burocracia parecía tener un lugar privilegiado. El problema no era únicamente cuánto costaba una cafetera o un sillón, sino la facilidad con la que se autorizaban gastos difíciles de defender frente a los ciudadanos.

El IFE tampoco estuvo al margen de esa dinámica. Sus sucesivas administraciones enfrentaron cuestionamientos por presupuestos crecientes, adquisiciones, contratos de servicios y proyectos tecnológicos. La fiscalización del gasto partidista avanzaba entre controversias mientras las compras y contrataciones del propio instituto merecían un escrutinio igualmente riguroso.

El caso de Guadalupe Taddei tiene una gravedad distinta. Las acusaciones ya no se concentran exclusivamente en precios elevados o adquisiciones prescindibles. Los señalamientos apuntan a presuntos beneficios obtenidos de un proveedor del instituto con quien, de acuerdo con las versiones difundidas, habría mantenido una relación personal.

Taddei ha rechazado los señalamientos y defendido la legalidad de los procedimientos. Su salida de la presidencia no equivale a una confesión ni acredita responsabilidades administrativas o penales. Pero tampoco borra el costo político de una crisis que estalló bajo su conducción.

Durante años, la defensa de la autonomía electoral ocupó el centro del debate público. En nombre de esa autonomía se han librado confrontaciones con gobiernos, partidos y legisladores. Sin embargo, dentro de las propias instituciones persisten disputas por nombramientos, presupuestos, direcciones estratégicas y espacios de influencia. La independencia frente al poder político pierde autoridad cuando los controles internos son insuficientes para impedir abusos en el manejo de los recursos. La crisis de hoy no puede atribuirse exclusivamente a Guadalupe Taddei. Sería demasiado cómodo concentrar en una sola presidencia prácticas que han sobrevivido a distintas administraciones, integraciones del Consejo General y composiciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Son dos décadas de excesos sin consecuencias proporcionales a los escándalos que provocaron. Lo que hoy enfrenta el INE es también resultado de una larga tolerancia institucional hacia el dispendio y los privilegios de su alta burocracia.

A casi veinte años de aquellas investigaciones que publiqué como reportero, los nombres cambiaron, las instituciones fueron reformadas y los presupuestos crecieron. Lo que permanece es una estructura donde el control del dinero público sigue siendo motivo de disputas y donde los excesos encuentran refugio en la opacidad, la protección burocrática y la ausencia de consecuencias. En fin.

RADAR

REACOMODO. Con la salida de Taddei se viene una nueva disputa por el control del INE. Anoche mismo inició…. Y el proceso electoral 2027 está a la vuelta de la esquina. Un abrazo para mis amigos de Quadratín