Las transiciones inacabadas en Oaxaca y Puebla después de 2010

Los procesos de cambio político a nivel subnacional son una veta insuficientemente explorada por la ciencia política en México. A partir de 2000, con la alternancia panista en la Presidencia de la República, la atención se centró en el gran proceso de democratización a nivel federal, sin profundizar en lo que ya había sucedido o estaba sucediendo en las entidades federativas. La mirada sobre los procesos locales, especialmente cuando se estudian en clave comparada, ofrece un panorama muy interesante de qué significa transitar a la democracia a partir de las primeras alternancias en las gubernaturas, cuyo primer antecedente ocurrió en Baja California en 1989.

Como tesis de maestría en ciencia política, hace unos días defendí en El Colegio de México el proyecto titulado “Las transiciones inacabadas a la democracia en Oaxaca y Puebla después de 2010. Cambio político e inercias locales en perspectiva comparada”, que dirigió el profesor Lorenzo Meyer. La idea central de la tesis es que el primer gobierno de alternancia en Oaxaca fracasó en términos de control político, mientras que el de Puebla se consolidó como proyecto de gobierno transexenal. Estos gobiernos fueron encabezados por Gabino Cué Monteagudo y Rafael Moreno Valle, respectivamente, ejecutivos con lazos priistas en su trayectoria previa. Estos experimentos democratizadores en su origen no funcionaron como gobiernos de coalición, sino que fueron trastocados por inercias locales, sedimentadas en el tiempo en ambos contextos: el conflicto social oaxaqueño que ha probado sus alcances: la solicitud de licencia de Zárate Aquino en los setenta o el convulso 2006, y la tradición personalista en el mando poblano, cuyo mejor arquetipo fue Maximino Ávila Camacho. Estos son los continuums que atraviesan la comparación.

Si bien la dimensión central de análisis es la conformación de un grupo político sólido, el morenovallismo en el caso poblano, a diferencia de una difícil coexistencia de grupos en el caso oaxaqueño; a ella se añaden, en segundo lugar, la consistencia con la democratización, y la nueva relación de los gobernadores con la federación en tercer lugar. Mientras la unidad de análisis son los primeros gobiernos de alternancia, el periodo es un momento de relajamiento de controles por parte del centro. Así, Cué Monteagudo y Moreno Valle interactuaron con dos presidentes, Felipe Calderón en el periodo (2010-2012) y Enrique Peña Nieto en el periodo (2012-2016), con quienes establecieron relaciones de cooperación muy distintas en cada caso.[1] De distanciamiento con Cué Monteagudo, sobre todo con Peña Nieto; y de mucha cercanía con Moreno Valle, que logró hacer de ambos presidentes aliados de sus aspiraciones.

Esta investigación se enriqueció de entrevistas a profundidad con actores clave —partidarios y de oposición— de los procesos señalados. A partir de los hallazgos, vale la pena discutir la idea de grupo político, cuya utilidad teórica se pone a prueba en los experimentos ocurridos en 2010, cuando la coalición PAN-PRD se volvió competitiva electoralmente frente al PRI en estados que nunca habían tenido un gobierno de distinto signo. Las primeras alternancias, aquella vez, ocurrieron en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, pero centré mi investigación en los primeros dos estados para aumentar los atributos de máxima comparabilidad por tipo de régimen. Vale la pena recordar a Lipjart: “El análisis comparativo intra-nación puede aprovechar las muchas características similares de la nación que sirven como controles”.[2] 

Más allá de la colindancia geográfica, la relevancia de los proyectos de cambio político sucedió en estados que podrían definirse como los esfuerzos más acabados de enclaves autoritarios, un concepto tratado ampliamente por Cornelius y Gibson.[3] Tanto en Oaxaca como en Puebla hubo gobernadores que sobrepasaron los límites del ejercicio de su autoridad en los sexenios previos a 2010. Marcadamente, el Oaxaca de Ulises Ruiz con la violación de derechos humanos suscitada por el conflicto social de 2006 y la Puebla de Mario Marín, quien amedrentó a una voz crítica de su gobierno, Lydia Cacho, al tiempo que mantuvo las estructuras patrimoniales del ejercicio del poder local.

Hay varios hallazgos interesantes a partir de la investigación y de las voces de los entrevistados. En primer lugar, es posible afirmar que las alianzas electorales no se convirtieron en vehículos de mayor ciudadanización ni lograron la convergencia de agendas comunes entre el PAN y el PRD. Más bien, estos experimentos representaron la renovación de las élites locales y la persistencia de prácticas políticas no democráticas. El morenovallismo, un grupo cerrado que rodeó lealmente al gobernador poblano, se convirtió en un signo de una nueva época de caudillismo, que le permitió a su líder construir un proyecto presidencial al tiempo de asegurar la continuidad de un grupo en el poder; primero con su sucesor, Antonio Gali, 2017-2018, y después con su esposa, Martha Erika Alonso, que solo gobernó el estado diez días debido al fatal accidente aéreo en que pereció junto con su esposo. De haber terminado su mandato en 2024, tal maximato moderno hubiera logrado la sofisticación de un enclave autoritario durante 14 años. No hay precedente de un gobierno estatal bajo tal control, al menos desde la extinción de Gonzalo N. Santos.

Si bien la ciudadanización no ocurrió en ambos escenarios, Oaxaca durante los años del gobierno de Gabino Cué se convirtió en la expresión de un pluralismo salvaje, en el que los grupos de presión determinaron la gobernabilidad del estado, al tiempo que socavaron continuamente la autoridad constitucional del gobernador; nada menor considerando el universo de demandas provenientes de los 570 municipios del estado. Las primeras alternancias en Oaxaca y Puebla son paradójicas, precisamente, porque los intentos reformadores no se sobrepusieron a las prácticas políticas. La reforma constitucional de 2011 en Oaxaca, que incorporó cartas ciudadanas como el plebiscito, la revocación de mandato o las audiencias públicas no significó un mayor compromiso del gobierno como conjunto; que se volvió la arena de disputa entre grupos políticos con ambiciones electorales, uno de ellos encabezado por quien ha sido electo en días pasados como gobernador del estado para el periodo 2022-2028, Salomón Jara.

El regreso del PRI al gobierno estatal en 2016 sucedió sin mayores complicaciones frente a la dilución del contenido del gobierno que había sido respaldado —en su origen e incluso desde la primera contienda de Gabino Cué en 2004— por amplios sectores del electorado, incluyendo al magisterio disidente, que rompió con el gobernador después de que éste respaldara la reforma educativa del gobierno peñanietista. En este tránsito, el gobernador no logró ser el jefe político de Oaxaca, como sí lo fue Moreno Valle en Puebla, enfocando los resultados de su administración en una plataforma de despegue presidencial; concretamente, me refiero a la inversión en infraestructura sin precedente, incluidas obras faraónicas como el Museo del Barroco y la Ciudad Modelo adyacente a la nueva planta automotriz de Audi, a costa de la deuda pública. El retorno a la tradición de gobernadores fuertes en Puebla se dio muy pronto, con un gobernador emanado de la apertura del régimen autoritario previo, pero que logró —con una habilidad que reabre el debate sobre el estilo personal de gobernar, categoría capital de Cosío Villegas—, apropiarse de la estructura del PAN poblano, desplazar a sus liderazgos y minar a la oposición en el estado.

Considerando que estamos presenciando, probablemente, las últimas primeras alternancias en los gobiernos estatales: Hidalgo hace unos días, Estado de México y Coahuila por definirse el próximo año, es posible afirmar que la alternancia no es un puerto de llegada sino de partida. Las altas expectativas que suscita son, a menudo, incompatibles con las prioridades de las élites gobernantes, sin que las identidades partidarias sean un factor determinante en el plano local. Las primeras alternancias no producen una tendencia natural a la democratización a nivel subnacional y mi estudio confirma que los sistemas políticos oaxaqueño y poblano dependieron de la centralidad de los gobernadores para articular la acción pública. Esto refleja la sedimentación de las inercias locales que distinguen a estos contextos: el conflicto social oaxaqueño y el caudillismo regionalista poblano.

Los grupos políticos son dúctiles, y a menudo provienen de administraciones anteriores a gobiernos en apariencia promisorios; es decir, trascienden la lógica sexenal de diferentes formas. Así, los gobiernos electos bajo la competencia partidista no representan, necesariamente, una nueva versión del gobierno y del diseño e implementación de las políticas públicas. Los estados no son arenas vírgenes donde los primeros gobiernos de alternancia hayan logrado desplazar los intereses creados; de hecho, la evidencia señala que los ex gobernadores no se van para siempre y, por el contrario, siguen jugando a la política local. Los intentos por liberalizar los sistemas políticos locales quedan atrapados en el tiempo por ambiciones de corto plazo. Al menos esta es la experiencia que aportan los estados en cuestión, donde la alternancia derivó en escenarios imprevisibles y poco alentadores ahí donde se quiera democratizar sin voltear a ver la historia de disputas locales de las últimas décadas.

*El autor es Maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

[1] Los mandatos fueron simultáneos excepto por unos meses, pues el gobernador de Oaxaca entra en funciones el 1 de diciembre, mientras que el de Puebla lo hacía el 1 de febrero; así, el desfase era de tan solo dos meses.

[2] Arend Lijphart, “Comparative Politics and the Comparative Method”, American Political Science Review 65 (1971): 689. [Traducción propia].

[3] Wayne Cornelius. “Subnational Politics and Democratization: Tensions between Center and Periphery in the Mexican Political System”. En Subnational Politics and Democratization in Mexico, editado por Wayne Cornelius, Todd Eisenstadt y Jane Hindley. San Diego: Universidad de California, 1999. Gibson, Edward. “Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries”. World Politics 58. Octubre de 2005.