¿Lealtad a quién?

En los tiempos de descontento, en la política cobra relieve la lealtad. No se dice con claridad porque es embarazoso reconocer que la lealtad de hoy día remite a personas, no a instituciones, ni a conceptos con contenido y sustancia como república o democracia. Cuando desde el poder se invoca la lealtad al proyecto, en realidad se dice lealtad a López Obrador, porque el proyecto es él, las propuestas de cambio vienen de él. Las iniciativas propias de este gobierno como eliminar la reelección consecutiva y prohibir el nepotismo son menores respecto al cambio de régimen promovido por el líder moral. ¿Cómo se resuelve la lealtad cuando el líder originario se ha retirado simbólica y jurídicamente del poder institucional? Sencillo, con el compromiso a los símbolos fundacionales por quien encabeza el gobierno. Por eso es correcto, si se trata de la sobrevivencia del proyecto, que la presidenta Sheinbaum invoque su compromiso con Andrés Manuel López Obrador. La coincidencia de la presidenta con el expresidente no es interesada, tampoco calculada. Así es porque hay identidad en lo sustantivo que es la destrucción del régimen democrático y también en lo accidental, el uso del encuentro matutino diario con medios de comunicación como recurso de propaganda y control de la agenda informativa. Desde luego que hay estilos, como suele calificar la presidenta a Donald Trump, pero políticamente las diferencias no resultan de diferente formación política y profesional. La presidenta Sheinbaum ha encontrado abonado el camino para ejercer un poder sin contrapesos propios de la democracia. Es una espiral en la que no hay regreso. El problema se presenta cuando cambian las condiciones o los desafíos que enfrenta el país y su gobierno. No es igual ejercer el poder con cuantiosos recursos en fideicomisos, inversión y ahorro, además de equilibrio en las finanzas públicas, que hacerlo en las condiciones financieras tan críticas como las que la presidenta Sheinbaum encontró cuando tomó el poder. Tampoco es lo mismo ganar el gobierno sin la sospecha de connivencia con el crimen organizado. Más aún, no es lo mismo gobernar con un Trump 1.0 que con uno 2.0. Es evidente que las condiciones han cambiado y por ello es obligado un ajuste de las decisiones de gobierno, la más evidente, en materia de seguridad. Para que todo régimen pueda sobrevivir requiere de un proceso de adaptación a los cambios que la realidad impone. Esa fue la magia del PRI y su supuesta política sexenal pendular, hasta que lo devoró la competencia democrática y su rigidez intrínseca para asumirla. Ahora se requieren ajustes que deben hacerse con cuidado para no despertar la inercia o percepción de ruptura; notable, necesario y conveniente en materia de seguridad porque la situación era insostenible. No es un exceso señalar que la mayor amenaza a la soberanía nacional que ha enfrentado el Estado Mexicano en el último siglo han sido los distintos grupos del crimen organizado. Tal gravedad no estuvo presente en la segunda guerra mundial ni en el periodo de la guerra fría, respecto al riesgo que representan los grupos criminales al disputar al Estado el monopolio legítimo de la violencia, de la justicia y de la gestión pública. Situación de por sí grave por la complacencia del obradorismo, que se actualiza e incrementa por las exigencias de Trump y los suyos. México se ve amenazado por el vecino del norte bajo el argumento de la colusión o incapacidad de sus autoridades de combatir a los criminales. La opinión pública nacional ha normalizado la irregularidad que significa que los casos más destacados de justicia contra el crimen organizado tengan lugar en el país vecino. García Luna no tenía cargos en México, El Chapo fue detenido después de dos fugas en reclusorios de alta seguridad nacionales con información de inteligencia de EU y El Mayo fue sometido por un operativo consentido, negociado u operado por los Chapitos con las autoridades norteamericanas. Lealtad a México es lo que más se requiere en estos difíciles tiempos. La democracia perdió y esa gran derrota impide un sentimiento de unidad en torno a la presidenta, especialmente porque desde el poder se insiste en la exclusión, la intolerancia, la impunidad a los propios y el uso faccioso del gobierno. Se deben reconocer las acciones en bien del país en materia de seguridad, pero exigir, también, que la ley se aplique a todos, incluyendo a los del régimen coludidos con el crimen; se deben apoyar las acciones para proteger a los migrantes, pero sin doble discurso oficial; de debe respaldar al gobierno en la relación con EU, pero sin sumisión ni acuerdos ocultos o explícitos que comprometan la soberanía nacional.