Legalidad y constitucionalidad

OAXACA, Oax., 7 de mayo de 2017.- Desde la perspectiva de la teoría jurídica, los grandes problemas que experimentan los países del mundo occidental, en particular pero no sólo los países del Sur, y que van de la desigualdad y la pobreza a bajos indicadores de desempeño económico y desarrollo humano, inseguridad, violencia, migración, corrupción, impunidad, problemas medioambientales y hasta terrorismo, se deben al agotamiento del estado de legalidad.

El estado de legalidad es una forma de organización jurídica e institucional, sustentada en ciertas creencias sociales y prácticas políticas.

En esa forma de estado, la ley equivale al Derecho y este se halla separado de la moral en tanto que aquella, junto con la economía, se convierte en instrumento de la política para conseguir fines individuales y colectivos.

Estos son establecidos por el líder, es decir el titular del poder Ejecutivo o del gobierno, quien suele ubicarse por encima de todos los poderes y organizaciones sociales y políticas, incluida su oposición, a efecto de imponer un plan de acción que responde a su propio diagnóstico y prioridades.

Los poderes y hasta los órganos autónomos, por lo tanto, dependen del vértice del sistema en el que funcionan pues en su sede se define y reparte el presupuesto que les permite operar.

Pierde importancia la legalidad si no es para competir por los recursos e instrumentos que hagan posible justificar el ejercicio de sus atribuciones.

En particular, se privilegia el código, la ley secundaria, la reglamentación, la normatividad y los procedimientos. Las instituciones y organizaciones características del Estado-Nacional ocupan un espacio privilegiado.

Los ciudadanos se mantienen en condición subordinada y pasiva. Su cultura social, desde la familia a los sindicatos, empresas y gobierno es predominantemente autoritaria y facilita condiciones nutrientes de una cultura política no democrática y pluralista.

El estado de legalidad ha pervivido en México y América Latina durante decenios, sirvió a los propósitos de la estabilidad política y social y el crecimiento económico, pero ha llegado irremediablemente a su fin.

Hoy causa más problemas que los que resuelve.

El sustituto del estado de legalidad es el estado de constitucionalidad.

Este asume que la legalidad es indispensable pero no suficiente para la organización y funcionamiento de las sociedades contemporáneas, complejas, dinámicas y globalizadas.

Ahora se plantea que la moral regresa al Derecho a través de los principios –en los que creemos– consagrados en la Constitución, los tratados y convenios internacionales; que el Derecho equivale a la Constitución y ésta a los derechos humanos fundamentales, a los cuales se subordinan política y economía.

Que el poder del líder presidencial o gubernativo, y de todo poder social relevante, debe ser atemperado y sometido a la lógica constitucional en clave pluralista y en favor de los derechos.

Que debe, desde luego, procurarse un adecuado equilibrio, siempre frágil, entre gobernabilidad y democracia pluralista, privilegiar el diálogo y la negociación para conseguir acuerdos pero sin traicionar a la Constitución de la que emana la legitimidad del gobernante.

Que las instituciones no están para justificarse a sí mismas si no para servir a los personas y a los ciudadanos.

Que el acceso al poder no sólo se debe ganar por mayoría en las urnas si no en el marco de procesos electorales reconocidos por su integridad, ya en el sistema de partidos, ya en el de los pueblos y comunidades indígenas.

Que el ejercicio del poder se da en las sedes Ejecutiva y Legislativa en tanto que en la Judicial y los órganos autónomos aquel debe hallar controles y balances.

Que la comunidad internacional y sus agentes juegan un papel interactivo en los procesos políticos y jurídicos hacia adentro pero también hacia afuera del Estado-Nación, de tal suerte que, apegados a su propio marco constitucional, puedan moderar y resolver problemas que son locales y a la vez globales.

Que la ciudadanía, en fin, se torne activa y participe en esos procesos jurídicos y políticos.

Que en la vida cotidiana se produzca un cambio de actitudes y conductas para transformar la cultura social y política en sentido democrático y pluralista, de respeto y reivindicación de los débiles: De mujeres, niños, ancianos, grupos étnicos minoritarios y sectores vulnerables.

Cuando en el proceso de reconfiguración del estado de legalidad en estado de constitucionalidad se interponen factores reales de poder, también llamados “poderes fácticos” o “no regulados”, los cuales florecieron en aquella lógica formalista para terminar favoreciendo a sus propios intereses, entonces llega el tiempo, tarde o temprano, de tomar decisiones de fondo para re-institucionalizarlos en favor de los intereses de la mayoría social.

Al ponderar y transparentar el beneficio y el daño a los derechos de unos y otros, los operadores del estado constitucional en reconfiguración deben justificar la validez tanto formal como sustantiva de sus decisiones, de modo que abonen a su legitimidad.

El número y magnitud de factores opuestos a la reconfiguración del estado de Derecho en México y en entidades federativas como Oaxaca son notorios.

De su reencauzamiento y máxima publicidad otorgada a ese proceso dentro de la lógica Constitución-Democracia Pluralista y Derechos Humanos Fundamentales garantizados dependen un mejor presente y futuro.