Leonel Godoy y el expediente del narcopoder

La citación de la Fiscalía de Michoacán a Leonel Godoy Rangel para declarar por el asesinato de Carlos Manzo no es un trámite cualquiera. Es, o debería ser, la apertura de una puerta que durante demasiado tiempo se mantuvo cerrada: la de la línea política del crimen. No basta con perseguir sicarios, choferes, halcones o intermediarios. Si Manzo fue asesinado después de denunciar amenazas, presiones y vínculos turbios entre poder y delincuencia, la investigación tiene que subir de nivel.

Y ahí aparece Leonel Godoy.

No aparece por casualidad. Aparece porque Carlos Manzo lo señaló públicamente. Lo llamó narcopolítico. Lo acusó de amenazarlo. Lo ubicó dentro de ese pantano donde la política deja de ser servicio público y se convierte en zona de convivencia, tolerancia o complicidad con los poderes criminales. Eso no equivale, por sí solo, a una sentencia judicial. Pero sí obliga a investigar. A fondo. Sin privilegios. Sin pactos. Sin esa cortesía hipócrita con la que en México se trata a los poderosos mientras se presume mano dura contra los de abajo.

Leonel Godoy no es un ciudadano cualquiera citado a declarar. Es exgobernador de Michoacán, diputado federal, operador político de Morena y una figura con una biografía pública cargada de sombras. Su nombre está ligado a una de las etapas más oscuras del estado: la de septiembre de 2008, cuando Morelia fue sacudida por los granadazos durante la ceremonia del Grito de Independencia. Aquella noche no solo explotaron granadas contra familias indefensas; explotó también la ilusión de que Michoacán seguía siendo gobernable.

El ataque terrorista de 2008 marcó un antes y un después. Fue narcoterrorismo contra civiles. Fue el crimen organizado mandando un mensaje con sangre en pleno corazón de la capital. Y ocurrió bajo el gobierno de Leonel Godoy. Desde entonces, la pregunta ha quedado flotando como una acusación histórica: ¿qué sabía el gobierno?, ¿qué no quiso ver?, ¿qué no pudo contener?, ¿qué dejó crecer?

La tragedia de Morelia no puede usarse como adorno retórico ni como expediente muerto. Debe recordarse porque retrata una época y un estilo de poder: instituciones rebasadas, crimen en expansión, autoridades que administraban la crisis con discursos y una ciudadanía obligada a poner los muertos.

A ese expediente moral se suma otro dato imposible de borrar: Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador, fue señalado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana y se mantiene prófugo de la justicia. El caso no es menor. Fue diputado federal, rindió protesta en San Lázaro en medio de un escándalo nacional y terminó convertido en símbolo de la penetración criminal en la política michoacana. Que el hermano de un exgobernador arrastre una orden de aprehensión y una historia de fuga no condena automáticamente a Leonel Godoy, pero sí vuelve indispensable revisar el ecosistema político que lo rodeó.

Por eso el citatorio de la Fiscalía no debe convertirse en una simulación. No se trata de invitar a Godoy a tomar café con el Ministerio Público. Se trata de preguntarle, con rigor, qué relación tuvo con Carlos Manzo, qué sabía de las amenazas denunciadas, qué papel jugaron sus operadores, qué conflictos políticos existían en Uruapan y por qué Manzo lo ubicó como parte de ese entramado que él mismo denunció antes de ser asesinado.

Carlos Manzo no era un adversario menor. Era un político incómodo, frontal, con respaldo social y con una narrativa que desafiaba a los partidos tradicionales. Su asesinato no puede explicarse solo desde la mecánica criminal. Hay que revisar el móvil político. Hay que seguir la ruta de los beneficiarios. Hay que preguntar quién ganaba con sacarlo del camino.

Leonel Godoy debe declarar. Pero no como trámite, no como figura intocable, no como patriarca de una izquierda que se acostumbró a exigir justicia cuando era oposición y a esconder expedientes cuando llegó al poder. Debe declarar como cualquier ciudadano señalado en una investigación por un crimen de alto impacto.

Michoacán no necesita otra puesta en escena. Necesita verdad. Y si la verdad toca a exgobernadores, diputados, caciques, hermanos prófugos, partidos o pactos criminales, que toque donde tenga que tocar.

Porque el asesinato de Carlos Manzo no puede quedar reducido a la cómoda versión de “fue el narco”. En Michoacán, demasiadas veces, el narco no camina solo. Camina acompañado. A veces armado. A veces escoltado. A veces con fuero.