Dos meses de huelga, miles de asuntos pendientes
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril de 2018.- El añadido que se hizo a la Ley General de Salud (LGS) permite la objeción de conciencia, pero se le olvidó al legislador tomar en cuenta a las mujeres que serán objeto de esa objeción y que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es cierto que se generaliza a todo tipo de pacientes, pero los objetivos principales son el aborto y la eutanasia. La ley dice que en situaciones en las que se ponga en peligro la vida o se trate de una emergencia médica el profesionista tiene que atender el caso, pero no se toma en cuenta el aborto voluntario. Resulta que un doctorcito conservador, quizá aleccionado por curas, decide no atender a una mujer que por voluntad propia – también de conciencia- decidió no tener hijos; el derecho de la mujer no está previsto y fue hecho de lado. No hay equidad y se vulnera la Constitución que prescribe la igualdad de mujeres y hombres en su artículo primero. Ni siquiera puede decirse que hay una contradicción de derechos similares, porque está de por medio un cuerpo -y por otro, una decisión médica tomada a partir de criterios religiosos o morales que nada tienen que ver con el derecho vigente-, que es lo que representa la vida de la mujer. Es una aberración el tal cambio en la mencionada ley tras ser aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de octubre pasado y refrendada por el Senado el 22 de marzo de este año. En el primer caso hubo 313 votos a favor, del PRI, PAN, PVEM y PES y 105 votos en contra, de los partidos Morena, PRD y un amplio sector de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. En el último caso, se dieron 53 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Ante las muchas protestas, entre ellas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos ante una reforma que debe de ser echada abajo. Quienes sustentan la objeción de conciencia, olvidan que la existencia de un ser humano está fincado en un cuerpo material y que defender la vida, es defender contra toda objeción el cuerpo humano. Los que se basan en causas externas al derecho para evitar el aborto de mujeres que tienen que hacerlo por necesidad o simplemente para defender el derecho a su propio cuerpo, violan la Constitución, que tiene como fin primordial defender los derechos de los ciudadanos. El cambio se opone a todas las normas internacionales que prefiguran al ser humano y sus derechos plenos, como el sumun de su existencia. En el país han sido denunciados ciento once mil 413 casos de violación y solo se han aplicado 63 abortos. Negar el derecho fundamental al cuerpo es fascismo, es la concepción hitleriana de desprecio a la vida y uno de los principios de su desaparición. Son normas que surgen de mentes conservadoras y atrasadas que se basan en prejuicios religiosos, misóginos, ante todo de la iglesia católica, religión que por otro lado estimula con sus normas propias la pederastia y que imponen trabas a un cuerpo ajeno al que desprecian; el de la mujer.
Con alrededor de 80 palabras, la LGS vulnera la Constitución
La Ley General de Salud -en un país en donde hay tantas carencias en el sector-, es un documento pertrechado en 472 artículos que sustenta todos los aspectos que interesan a una función que es vital. El artículo introducido en la ley es el 10 bis A y consta de tres párrafos, un poco más de ochenta palabras para vulnerar la Constitución. Los profesionistas del Sistema Nacional de Salud favorecidos con la reforma, tienen el cobijo del estado, en una situación muy similar a la que sucedió con la reforma educativa en la que no se consultó a las otras partes involucradas, como los maestros. En este caso, los sectores femeninos o los enfermos demandantes de eutanasia y que resultarán afectados, no fueron sujetos de consulta. Las organizaciones que están dando la batalla ante ese bodrio son muchas por fortuna y mujeres que luchan en lo individual también. En el sector público, el organismo que nos cuesta tan caro, el Instituto Nacional de las Mujeres, no ha fijado oficialmente un punto de vista, pero dependiente del ejecutivo, es claro que estará de acuerdo con el criterio oficial. La intención es plegarse al sector más conservador del país, incluso se sabe que la mencionada reforma se votó repentinamente unos días después de que José Antonio Meade se reunió con un grupo de católicos. Por su parte, el candidato del PRI en la capital Mikel Arriola, tiene los mismos prospectos en su programa: no al aborto, no al matrimonio entre personas del mismo sexo. La situación se torna tan preocupante que la propia ONU ha advertido para evitar que se afecten derechos humanos y en los casos que más se han recalcado como los del aborto, pide que siempre haya a la mano un médico no objetor para resolver el problema. Por la escasez de médicos, se teme que ese dato no pueda ser cubierto en ciertas regiones. Además de que el artículo no contempla el caso de estos médicos no objetores. Pero si se cuida de protegerles las espaldas a los objetores, en su relación laboral.