Exige Congreso al Ejecutivo atender problemática del agua en Juchitán
SANTA CRUZ HUATULCO, Oax., 7 de marzo de 2017.- A pesar de la conquista ciudadana en la creación de instituciones que hacen visible la discriminación que viven las mujeres, existen lagunas que impiden la existencia de un marco jurídico armónico con lo que establece el Artículo 1 Constitucional, afirmó Mireya del Pino Pacheco, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Durante su participación en el quinto Foro de lideresas indígenas, afromexicanas, mestizas y rurales de Oaxaca y Guerrero que tuvo lugar el sábado 4 de marzo, ante más de un centenar de mujeres procedentes de diversos municipios y comunidades de ambos estados hermanos, Del Pino Pacheco apuntó que la discriminación va desde el ámbito íntimo hasta las políticas públicas.
Señaló que el Conapred, que fue fundado en 2003, después de que se creó la Ley para Prevenir y eliminar la discriminación, tiene por mandato constitucional atender a las personas que sufren discriminación, aunque reconoció limitantes, pues solo cuentan con una plantilla laboral de 150 personas para atender a todo el territorio nacional.
Aquí, la directora de Estudios y Políticas Públicas del organismo destacó la importancia de denunciar situaciones de discriminación y enfatizó: “no es natural que nos discrimen, no es natural que no nos dejen tomar decisiones” y explicó lo que establece la Constitución en su artículo primero que entre otros puntos destaca:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».
En otro momento, las asistentes al quinto Foro expusieron que en la vida real, las mujeres sufren discriminación cuando se les niega el acceso a servicios públicos y cuando particulares o instituciones públicas les impiden ejercer derechos o les niegan trabajo por exceder los 40 años, cuando se les niegan becas de estudio por rebasar topes de edad o cuando les niegan un empleo por estar embarazadas.
Mireya del Pino señaló que parte de la tarea de todos y todas es cambiar la visión que tenemos y tomar conciencia, pues a veces “somos discriminadas y por otra parte discriminamos” y asimismo, consideró indispensable trabajar en las políticas públicas “para que la brecha entre el marco normativo no esté tan distante de la vida cotidiana”.