Dos meses de huelga, miles de asuntos pendientes
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo de 2019.- El quinazo de Carlos Salinas de Gortari se dio un mes después de que comenzó su gobierno, el cual gozaba de poca legitimidad por cómo llegó al poder. Entonces el equipo del expresidente elaboró una historia increíble sólo comparable con el fenómeno del chupacabras.
El martes cuando se dio a conocer la noticia de que se había girado una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya; y que el dueño de Altos Hornos de México, Alfonso Ancira fue detenido en Mallorca, España, surgieron todo tipo de reacciones.
En su noticiero televisivo, el periodista Ciro Gómez Leyva advirtió que se vislumbra un escenario complicado, pues la persecución de Lozoya y Ancira podrían ser la señal de que esto es sólo el principio de un ajuste de cuentas que podría llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.
Precisamente en ese espacio en mayo de 2017, López Obrador señalaba este caso, como un ejemplo de la corrupción del peñismo, quizás desde entonces tenía en mente iniciar este embate en caso de ganar las elecciones, y lo hace esta semana, unos cuantos días antes de las elecciones en Puebla y Baja California.
Asimismo, es importante señalar que el anuncio llega después de durísimas semanas para el gobierno de López Obrador, que tuvo su momento más álgido con la renuncia de German Martínez al IMSS y la crisis de los medicamentos en las instituciones públicas de salud.
Javier Coello, el abogado de Emilio Lozoya aseguró que citaría a todos los personajes involucrados en el caso, pues el exdirector de Pemex no podía tomar decisiones de tal envergadura sin la anuencia del Consejo de Administración, pero fue más lejos e incluso advirtió que sí es necesario citará al mismísimo Peña Nieto a declarar.
El expresidente priista ya no goza de ningún fuero, entonces en caso de resultar involucrado en las extrañas y millonarias transferencias, podría terminar implicado. Presentándose así un hecho inédito, la criminalización de un expresidente.
Aunque se antoja poco probable, pero tal vez peces menos gordos como Luis Videgaray.
Mientras que la Fiscalía General de la República ya solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para la búsqueda y localización de Emilio Lozoya en 190 países, así como a otras personas implicadas en una investigación por lavado de dinero.
El ex director de Pemex y sus familiares ya tramitaron un amparo para librarse de la orden de aprensión, hecho que fue criticado con justa razón por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón quien aseguró que es la perversidad del sistema de justicia mexicano ha permitido que los amparos se puedan conseguir hasta en el Oxxo en 20 pesos.
Otros que se han pronunciado sobre el caso son algunas figuras del desprestigiadísimo PRI, tales como Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo lo siguiente: “que como secretario de Gobernación durante la administración pasada no tuvo conocimiento de que Lozoya hubiera cometido alguna irregularidad, porque todas las acusaciones generadas se daban directamente en la Procuraduría General de la República, nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con ningún tipo de pruebas”.
Por su parte, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que las instituciones deben hacer su trabajo sin tintes políticos ni fincando responsabilidades en medio de los procesos electorales: “y dónde haya presuntas responsabilidades, investigar y deslindarlas… en todos los casos, este o el que sea, pediremos que las autoridades actúen con responsabilidad y apego a la ley, al derecho y hagan su trabajo”.
En tanto, Manlio Fabio Beltrones consideró que el proceso judicial tendrá que agotarse y Lozoya tendrá que defenderse: “espero que el camino de lo que es la procuración de justicia y sobre todo, el Poder Judicial que pone orden a cualquier especulación, haga su trabajo… espero que no se violenten los procesos y que las cosas se hagan bien en beneficio para México”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante la campaña y después de asumir el cargo que no dedicaría su mandato a perseguir a sus antecesores, porque perdería tiempo valioso para gobernar y transformar al país.
Entonces ante el cuestionamiento sobre estas acciones durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que se trata de un proceso legal que inició desde el sexenio anterior.
“Son asuntos que estaban en curso, dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, no podemos cancelar procesos ya iniciados, es un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior, asunto que conocemos bien… No voy a parar ningún proceso, se termina la corrupción, la impunidad”.
¿Será que este proceso llegue a perjudicar a Peña Nieto?