Más de la mitad de agresiones a prensa han sido de funcionarios

Indicador Político

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de mayo de 2017.- La otra paradoja que existe en la petición al Estado y a los gobiernos de garantías de seguridad para el trabajo de la prensa independiente y crítica radica en la evaluación que hizo la oficina Artículo 19: casi la mitad de las agresiones contra periodistas ha sido por parte de funcionarios de ese Estado y de esos gobiernos.

En el análisis de las mil 832 denuncias de agresión contra periodistas, Artículo 19 encontró que el 47% señaló como responsables a funcionarios y apenas 10.6% del crimen organizado; eso sí, las amenazas criminales han derivado en mayores asesinatos.

Los trabajadores de la información han sido los más atacados: el 61% de las agresiones fueron para reporteros, fotógrafos, columnistas, caricaturistas, articulistas, conductores y corresponsales, es decir, los que tienen contacto directo con los escenarios noticiosos.

De todos los casos que han denunciado a funcionarios como agresores, ninguno ha sido ya no digamos castigado, cesado o reconvenido, sino que ni siquiera ha sido investigado no sólo en función de la denuncia, sino en su posible relación con bandas del crimen organizado o de la delincuencia común.

La doble careta de funcionarios agresores de la prensa y funcionarios responsables de los mecanismos de defensa de los periodistas impide una investigación real de los casos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debe encargarse de vigilar que los funcionarios públicos cumplan con la ética del ejercicio del poder, carece de fuerza, de decisión y de capacidad para denunciar a los funcionarios responsables de agresiones contra trabajadores de la información.

Por eso hasta puede parecer kafkiana la exigencia de periodistas al Estado y a los gobiernos de otorgar garantías a los informantes que se dedican a denunciar a los funcionarios de esas instancias como responsables de delitos o irregularidades. La fiscalía de la PGR para atender agresiones contra periodistas parece salida de El Proceso, la novela inconclusa de Kafka en la que hay delitos que no se conocen, investigaciones concluyentes absurdas y tribunales invisibles. La fiscalía de la PGR ha sido tapadera de las agresiones contra la prensa y la CNDH aparece inutilizada.

Las decisiones gubernamentales tomadas en la reunión del miércoles 17 en Los Pinos no hicieron más que reiterar decisiones anteriores que no se cumplieron. La ley para la protección de Defensores de Derechos humanos y Periodistas se publicó el 25 de junio de 2012… y a la fecha las agresiones han sido mayores. El Mecanismo de Protección se has reducido a vigilancia. Y la fiscalía de la PGR ha resuelto apenas el 2% de los casos denunciados.

La ineficacia del aparato de protección ha llevado a la impunidad de los agresores de trabajadores de la información y a la larga, por decisión o por omisión, forman parte de la complicidad de funcionarios con los agresores de periodistas y de defensores de derechos humanos.

Y el problema real es otro: la inseguridad de los periodistas para el desarrollo de su trabajo informativo es correlativo al crecimiento de la inseguridad general de la república por un crimen organizado que ya ha rebasado al Estado y a los gobiernos y que sólo tiene a las fuerzas armadas como la última línea de defensa de la criminalidad en el campo de batalla, pero sólo en los aspectos operativos porque carecen de una ley de seguridad interior que aproveche su potencialidad estratégica.

La tarea de seguridad del Estado es primero hacia sí mismo.

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