Masacre en Venezuela

* Nicolás Maduro y la masacre en directo del piloto insurgente, Óscar Alberto Pérez y 6 de sus compañeros, mereció el repudio internacional

* El disidente venezolano se convirtió en un modelo y ejemplo en sus llamados a la resistencia y a la desobediencia civil en su país

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero de 2018.- “Que nadie quede vivo” fue la instrucción directa del dictador venezolano Nicolás Maduro, al ordenar el operativo militar que este lunes masacró al disidente Óscar Alberto Pérez y a 6 de sus compañeros, en la zona de El Junquito, una localidad montañosa situada a 31 kilómetros de Caracas, aproximadamente a 40 minutos por carretera, donde se refugiaba desde diciembre de 2017.

De nada valió la determinación del propio Pérez -quien previo al ataque militar realizado por aproximadamente medio millar de integrantes de la policía, grupos paramilitares del colectivo del 23 de Enero y las fuerzas especiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que habían rodeado la modesta vivienda tipo chalet de dos pisos-, había decidido rendirse.

Así quedó de manifiesto en 14 videos, difundidos entre las 7 y las 10 horas que él tuvo oportunidad de subir a la red a través de su cuenta de Instagram, poco antes de ser ejecutado con un tiro en la frente, mientras se hallaba gravemente herido, luego de que la casa recibiera el impacto de más de 120 balas de alto calibre y el golpe demoledor de un cohete antitanque portátil soviético (RPG), que prácticamente desintegró el primer piso del pequeño inmueble.

“Hay pruebas fotográficas y de vídeos en los que se constata que Pérez fue ajusticiado con un disparo en la frente. También el miembro del colectivo del 23 de Enero, “Tres Raices” de Heyker Vásquez, recibió otro balazo de ajusticiamiento en su frente, que el Gobierno presenta como uno de los dos policías muertos. Este aparece con antecedentes de haber asesinado a 5 personas”, asegura Ludmila Vinogradoff, corresponsal de ABC en Venezuela.

Para nadie es un secreto que el régimen venezolano desde abril de 2008 utiliza a grupos civiles armados al margen de la ley denominado “colectivos” -generalmente encapuchados, a bordo de autos o motocicletas que le hacen el trabajo sucio de los cuerpos de seguridad del gobierno, quien inclusive les abastece de armas y municiones. Su logotipo, que se halla en las paredes de casi todo el país, es el de un hombre vestido de negro, con la rodilla flexionada en el piso, empuñando un fusil y la frase “En defensa de la Revolución”.

En uno de sus últimos videos -dedicado a sus hijos pequeños y en el cual aseguraba que había hecho todo por ellos-, Óscar Alberto Pérez aseguraba que “no quieren que nos entreguemos; literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”, dijo

Considerado como el hombre más buscado de Venezuela -piloto con 15 años de trayectoria como inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Policía venezolana el ex integrante del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), instructor canino y actor cinematográfico en la película “Muerte suspendida” (2015)-, Óscar Alberto Pérez se había convertido en una piedra muy molesta en el zapato de Maduro, desde que el pasado 27 de junio había sobrevolado el centro de Caracas a bordo de un helicóptero que había secuestrado, en compañía de José Alejandro Pimentel, ex funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

En Twitter se popularizaron los videos del sobrevuelo del aparato y la fotografía del piloto Pérez, mientras Pimentel -su acompañante encapuchado-, extendía una lona blanca con la leyenda “Art. 350 Libertad” que hacía referencia a un apartado de la Constitución venezolana. “El Pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, señala el precepto.

Desde el helicóptero dejaron caer algunas bombas sonoras -que no revisten la potencia ni peligrosidad de las granadas-, sobre el edificio del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJ) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Seis meses después, el 18 de diciembre 2017, asaltó las oficinas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), en Laguneta de La Montaña, ubicado en el estado Miranda, para apoderarse de 26 fusiles AKA y municiones Ambas fueron consideradas “acciones limpias, sin heridos ni muertos”.

A partir de ahí, Óscar Alberto Pérez se convirtió en un modelo y ejemplo para la oposición en sus llamados a la resistencia y a la desobediencia civil y en un “criminal terrorista” para el gobierno de Maduro, que incluso puso precio a su cabeza y distribuyó por todo el país carteles con la imagen de “Se busca”, ofreciendo una recompensa por la captura del policía rebelde bajo el cargo de “atentado terrorista contra instalaciones del Estado”.
Ante el silencio de los medios de comunicación, el piloto Óscar Alberto Pérez se convirtió en el principal reportero de su historia

Minutos antes de su ejecución y la de sus compañeros, el exintegrante del CICPC -desde una ventana de la pequeña vivienda enclavada en esa zona montañosa, rodeada por diferentes unidades del Ejército venezolano-, manifestó a su interlocutor militar con grado de Mayor –presumiblemente Rafael Enrique Bastardo Mendoza, de la GNB-, que quería negociar su entrega.

“Aquí la intención es que no haya enfrentamientos, no siga el enfrentamiento y así llegamos al acuerdo… Queremos hacer la diferencia de una manera tangible, con las armas, con la fuerza, pero la fuerza es para proteger a la gente buena, a la gente de principios…

“…Toda esa gente de la Asamblea Nacional Constituyente -que fue un invento para ellos seguir encarnados en el poder-, hasta cuándo, de qué sirve, si el pueblo se está muriendo de hambre. De aquí a febrero, el pueblo va estar enardecido buscando comida; y nosotros, ustedes -que estamos del mismo lado-, ¿no vamos a hacer nada?… Hasta cuándo esos políticos corruptos nos engañan, hasta cuándo ellos se hacen multimillonarios”, le dijo al militar antes de que el mortífero operativo diera comienzo.

“Ni el mismo Óscar Pérez podía saber que lo ocurrido el pasado se va a convertir en un caso para estudio en las universidades de periodismo del país. Ante el silencio de los medios de comunicación -acosados por la presión y la censura, de páginas web a las cuales no se podía en ese momento acceder por razones desconocidas-, el piloto se convirtió en el principal reportero de su historia. La llevó a las redes y así se difundió en el mundo. Nada impacta más -lo sabemos los periodistas-, que cuando un evento se observa en vivo. Millones de personas siguieron minuto a minuto lo que ocurría con Pérez y su grupo. Desde muchos países llamaban a Venezuela para confirmar lo que se veía al instante”, aseguró Sebastiana Barraez, analista de la agencia informativa Punto de Corte.

Luego refirió las palabras del disidente venezolano:

“No quieren dejar que nos entreguemos”, dice en cámara un Oscar Pérez con marcado nerviosismo, ya convencido que las posibilidades de salir con vida de esa odisea parecen remotas. “Estamos negociando para entregar, porque aquí hay inocentes, civiles”. Minutos después comenta resignado: “Venezuela, no quieren que nos entreguemos; literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir”. Y se oye la voz de un hombre desesperado llamando al Mayor.

Nicolás Maduro intentó justificar la matanza, al señalar que las fuerzas chavistas se vieron obligadas a responder con fuego a las agresiones del grupo insurgente y que causaron la muerte, además de Óscar Alberto Pérez, a Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Pimentel, los hermanos Jairo y Abraham Lugo Ramos y a una mujer no identificada.

“A 17 días de dar la orden, orden cumplida. Mi reconocimiento al comandante estratégico operacional, al ministro Néstor Reverol, a las fuerzas especiales de la Guardia, de la Armada, del Ejército, de la Policía Nacional Bolivariana”, dijo Maduro y subrayó que el grupo “tenía preparados espeluznantes planes terroristas para este primer trimestre del año. Nos enteramos de que tenían preparado un carro bomba para explotarlo frente a una embajada de un país querido y prestigioso que tiene su representación aquí”.

De manera casi automática responsabilizó a la “revolución mayamera” (Miami) y a la “oligarquía colombiana” de financiar grupos terroristas en Venezuela. “Las personas que estaban siendo entrenadas lo confesaron ante el Tribunal Supremo de Justicia. A los muchachos les habían pagado 4 dólares y prometido protección y le dijeron que después de poner la bomba les habían ofrecido protección del gobierno de Colombia. Ponían la bomba y se iban pa’ Colombia a vivir. La oligarquía colombiana quiere destruir este país como sea. Ahí salieron los terroristas Uribe y Pastrana. Estos bichos quieren llenar de violencia nuestro país”, manifestó indignado el dictador venezolano.

Dana Vivas, esposa de Óscar Alberto Pérez, vía Twiter desde México –a donde desde mediados del años pasado buscó refugio trayendo consigo a sus 3 hijos-, denunció que el asesinato fue una masacre y exigió por su parte al gobierno de Nicolás Maduro, permitirles identificar el cadáver de su marido. “No autorizamos su cremación”, dijo.

En algunas publicaciones se contempló la posibilidad de que el paradero de Óscar Alberto Pérez haya sido ubicado gracias a una entrevista otorgada en días pasados a la cadena de noticias CNN en español, a través del periodista Fernando del Rincón. Sin embargo, Gregory “El Capi” -compañero de Pérez, integrante del “Movimiento Nacional Soldados de Franela”-, lo atribuyó a una fuga de información de uno de los propios miembros del movimiento.

La analista Sebastiana Barraez mencionó que “cuando Pérez accedió a la entrevista en el canal CNN, quizá selló su destino. Subestimó el poder de los cuerpos de Inteligencia venezolanos, asesorados por extranjeros, quienes lo localizaron. Se expuso. Vulneró lo más importante de un fugitivo: la seguridad. Tomó a la ligera ser considerado el enemigo público número 1 del gobierno y que sobre él pesara una recompensa. Y quizá jamás consideró que alguien cercano lo pudiera traicionar”.

Según sus fuentes militares consultadas “ese operativo tuvo daños colaterales con muertes de civiles, que aún no salen a la luz pública. A eso se le suma el reconocimiento de Freddy Bernal de la participación de civiles armados pertenecientes a colectivos del 23 de Enero con complacencia o participación de los órganos de seguridad que estaban allí”.

“Y sin duda que hubo uso excesivo de la violencia, con inclusión de lanza granadas y vehículos de guerra. No hubo un negociador, que era esencial, más aún cuando a través de las redes se vio la clara intención de negociar por parte de los rendidos, porque estaban rendidos. Además, la presencia de un fiscal del Ministerio Público como garante de la legalidad y la acción penal, tampoco se evidenció. Ni siquiera el acceso a la prensa”, explicó.

José Miguel Vivanco, director de la organización para la región, Human Rights Watch (HRW), dijo a los medios internacionales que lo ocurrido en El junquito le recuerda que “durante las dictaduras en Argentina y Chile, aparecían frecuentemente noticias sobre terroristas muertos en enfrentamientos y muchas veces se trataba de ajusticiamientos”.

Por su parte el diputado Simón Calzadilla -miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el chavismo-, en una entrevista radiofónica calificó el crimen de Óscar Alberto Pérez y el de sus compañeros como de “lesa humanidad, que va a ser condenado por el mundo entero porque quedó en evidencia -ante las transmisiones prácticamente en vivo de esa ejecución-, y eso nosotros lo condenamos y exigimos una investigación internacional. Nosotros también haremos nuestras propias investigaciones sobre el hecho, dijo.

Agregó que Hugo Chávez “intentó un golpe de Estado, en el 92, tomó las armas de la República contra un presidente constitucionalmente escogido y decidió entregarse (…). Chávez se entregó y se le respetó su vida. También le dieron un golpe de Estado al presidente Chávez -eso fue un golpe de Estado-, y decidió entregarse y no confrontar, y le respetaron su vida”.

Sin embargo, las circunstancias en Venezuela hoy son muy diferentes, y tal vez la sociedad venezolana –al igual que la mexicana-, ha perdido su capacidad de asombro.

Ciegos ante los falsos profetas del bienestar y la igualdad social, no advierten que cuando el gobierno de Nicolás Maduro se desmorone, seguramente, con esos mismos restos se le erigirá una estatua a Óscar Alberto Pérez, un hombre al que desde hoy un dictador -con sus acciones represivas y criminales-, comenzó a convertir en héroe y mártir de la democracia. De ninguna manera Venezuela sería un ejemplo para México.
Granos de café

…Nunca pensamos en verlo de esa manera, pero seguramente a Luis Donaldo Colosio estaría completamente avergonzado que un hijo suyo se cobijase en las filas del partido Movimiento Ciudadano (MC), lo peorcito que existe en el país. Trascendió que Luis Donaldo Colosio Riojas contenderá por un cargo de elección popular por sus siglas, atendiendo una invitación del coordinador estatal de MC en Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Y para que vean lo que es la vida, también Agustín Basave Alanís, hijo del exlíder nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, participará en MC. El mundo al revés…

…Si el gobierno de Manuel Velasco Coello sigue obstaculizando la posibilidad de que José Antonio Aguilar Bodegas llegue a contender por la gubernatura, seguramente desconoce el potencial del tapachulteco, de quienes muchos aseguran, si se mantiene firme, será el candidato a vencer en el próximo proceso electoral. Ello, pese a los expedientes con los que de manera perversa han tratado de amedrentarlo…

…A través de mensajes de Internet ha comenzado circular en Chiapas la versión de que “Al Jabal” el lugar donde presuntamente fue asesinada la joven Gloria Castellanos Balcázar -desaparecida desde el viernes pasado y encontrada sin vida este martes, dentro de un pozo-, es realmente propiedad del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía y no de Muna Dora Buchaín, quien se ostenta como propietaria legal del salón de eventos.

Ella fungió durante su administración como Contralora General del Estado y Coordinadora General de Comunicación Social. Las fuentes sociales señalan que posee un gran número de propiedades, tanto en la capital tuxtleca, como en San Cristóbal de las Casas “las cuales no concuerda con sus ingresos, por lo que se espera que las investigaciones también giren en torno a ella y al exgobernador Pablo Salazar”.

Hay que señalar que apenas comienza el año y en la entidad, con este crimen, ya suman dos feminicidios. El primero de ellos se registró el primer día de 2018 en la ciudad de Cacahoatán, población ubicada muy cerca de la frontera de Guatemala y a pocos kilómetros de Tapachula…

…Claudia Sheinbaum, la precandidata de Andrés Manuel López Obrador para jefa de gobierno de la Ciudad de México, acusó a la ya candidata del Frente, Alejandra Barrales, de apropiarse de sus ideas de campaña.

La responsable de supervisar la supuesta legalidad de las obras realizadas en el Colegio Rébsamen de la ciudad de México -y que si en este país se aplicara la ley debiese estar imposibilitada para participar políticamente porque su negligencia y tal vez complicidad ocasionaron la muerte de varios niños durante los sismos de septiembre-, dijo también que ella es la mejor opción de Morena.

Seguramente se mordió la lengua cuando aseguró que “la innovación, esperanza y honestidad difícilmente lo puede tener en el Frente”. Qué cinismo…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]