Medio ambiente y fiscalización, Declaración de Panamá

Los problemas globales muchas veces tienen soluciones que se construyen desde lo local y lo regional. La posición geográfica de México le ha permitido tener estrechas relaciones en sus diferentes regiones y subregiones: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En el marco del impulso a las plataformas subregionales, tanto de la OCCEFS como de la EFSUR, se realizó la XLVII Asamblea General de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores – OCCEFS en Panamá. Fue una buena oportunidad para compartir experiencias y buenas prácticas de fiscalización en los países participantes. Concretamente, la OCCEFS se integra por Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El primer tema relevante que se abordó fue el de las estrategias anticorrupción, específicamente sobre las políticas regionales para el combate, prevención y lucha contra la corrupción de las EFS
(2021-2025).

Para conseguir objetivos de largo alcance, la fase de programación y diseño de políticas públicas, así como su gobernanza, es tan importante como la de su instrumentación y evaluación, pues cualquier falla de origen en alguna de las partes del ciclo de política pública puede dar lugar a dificultades que terminen por afectar a todo el sistema.

Los países de la OCCEFS son, además, considerados de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, por lo que uno de los temas de trabajo en la reunión fue la relacionada con el medio ambiente en la región. Este análisis tuvo, como primer insumo, el informe de la CEPAL, “Cambio Climático en Centroamérica”, en el que se puntualizan los riesgos que enfrentará la región ante dicho fenómeno. Como complejidad adicional, la región cuenta con países insulares, que son considerados, por razones geográficas y topográficas, lo más vulnerables ante este fenómeno, por lo que buscar soluciones desde una visión nacional y regional es, en estricto sentido, incompleto. Las implicaciones de una política nacional en este tema tienen, se quiera o no, impacto global.
Los compromisos adquiridos por los participantes quedaron plasmados en el instrumento que se conocerá como “La Declaración de Panamá”; este documento consta de 7 puntos declarativos y 8 compromisos, todos relacionados con la materia ambiental. En sintonía con lo acordado convenimos impulsar las contralorías ambientales toda vez que es un instrumento para medir la eficacia de las acciones contra el cambio climático ya que permite evaluar las políticas y las acciones gubernamentales relacionadas al medio ambiente, identificar áreas de mejora en materia de protección y conservación de los recursos naturales y proporcionar recomendaciones para una gestión ambiental más efectiva y eficiente por parte de las entidades del gobierno central y municipal, para proteger los ecosistemas naturales y facilitar su adaptación y sostenibilidad. Además, se decidió crear en la OCCEFS, una comisión que apoye el fortalecimiento de la gestión ambiental y que coadyuve al desarrollo de herramientas, capacidades e intercambio de buenas prácticas para el desarrollo de auditorías ambientales, a nivel de cada EFS o coordinadas.

En suma, quedó claro el compromiso de todas las entidades superiores de fiscalización de fortalecer las capacidades institucionales y humanas relacionadas con las auditorías ambientales, impulsar el estudio de los temas ambientales, e involucrar a múltiples sectores de la sociedad (privado, academia, sociedad civil) para la implementación de políticas públicas en la materia. La Auditoría Superior de la Federación, por compromiso y convicción, redoblará esfuerzos en todos y cada uno de estos importantes desafíos.
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