¿A quién corresponde defender?
OAXACA, Oax., 26 de noviembre de 2017.- La apuesta gubernamental de los años 60 y 70 del siglo pasado por la petrolización de la economía del país nos hizo perder tiempo y condiciones para proceder a la diversificación de las fuentes del financiamiento del crecimiento económico y el desarrollo del país.
Esto se venía aconsejando por economistas tan destacados como Leopoldo Solís, desde finales de los 60’s, y no lo hicimos. Otros países, que si lo hicieron, encararon en mejores condiciones la escasez de capital internacional de los años 80 y 90.
Cuando a finales de los 70’s e inicios de los 80’s bajaron los precios del petróleo y subió la tasa de interés, cuando la curva de la economía mundial y de los Estados Unidos venía en descenso, entonces la decisión mexicana fue abrir gradualmente la economía y negociar la apertura del sistema político a las oposiciones.
Desde entonces, según lo advirtieron Rolando Cordera y Carlos Tello en “México: La disputa por la nación”, el litigio por el proyecto de país se daría entre internacionalistas o neo liberales y nacionalistas o socialdemócratas.
A lo largo de los últimos 40 años, entre 1977 y 2017, en el fondo el PRI ha mantenido el poder nacional aunque haya perdido espacios relevantes en los ámbitos federal y local. Los acuerdos con el PAN y con ala moderada del PRD, le permitieron entre 1997 y 2027 un margen de gobernabilidad democrática y estabilidad, aun durante los sexenios panistas de 2000 a 2012.
En rigor, las negociaciones y acuerdos sexenales para inyectar mayor pluralidad a los 33 sistemas políticos, el federal y los locales, le ha permitido dosificar los ritmos y alcances de los efectos de las transiciones y alternancias. Además, mantuvo el control del Senado y la mayoría de los gobiernos locales.
Por supuesto que no ha sido fácil porque, al mismo tiempo, la transición jurídica y constitucional federal ha despojado al Presidente de los poderes de antaño y ha fortalecido relativamente a otros poderes, formales e informales, gobernadores, congresos y hasta presidentes municipales, de lo cual en su momento supo tomar ventaja la coalición de gobernadores priistas capitaneados por Peña Nieto.
Además, habría que no perder de vista el contexto y los actores internacionales cada vez más influyentes en la dinámica nacional, así como el bajo desempeño de la economía y el aumento de pobreza e inseguridad en varias regiones, en particular en el centro y sur de México.
Luego entonces, al regresar el PRI a la Presidencia en 2012 y desplegar su estrategia de reconcentración de autoridad vía, entre otros factores, las reformas constitucionales y las leyes generales y nacionales, ha seguido la liturgia clásica del poder, recomendada y aplicada incluso por Juárez, Díaz y Calles.
Enfrentado a múltiples riesgos y acosos, políticos y financieros, de adentro y afuera del país, la sucesión priista y las nominaciones de candidatos opositores cobran especial significación.
Desde aquella perspectiva, la inminente decisión para iniciar la nominación del candidato presidencial del PRI no solo es, como plantean algunos analistas, entre la lógica política o la lógica económica.
Es también un asunto estratégico para continuar el reordenamiento y el cambio político, económico y jurídico en el país, lo mismo que su impacto en la seguridad humana y social, lo que se ha revelado como el principal déficit de su estrategia.
Del lado opositor, la incógnita de la candidatura del Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC) y uno o dos posibles candidat@s independientes son las únicas variables relevantes que hacen falta para conocer mejor la correlación de fuerzas en el arranque real de la contienda.
Sin embargo, a diferencia de los 20 años previos, entre 1997 y 2017, ahora el partido Morena se ha erigido en un auténtico desafío al sistema político prevaleciente, y a el suma con propuestas competitivas el Frente, sin desconsiderar otros planteos interesantes, por ejemplo los comunitaristas e indígenas.
Lo que habrá de resultar de la contienda electoral es incierto salvo el hecho de que abrirá la puerta, a partir de una relevante participación de la sociedad y la ciudadanía, a un régimen y sistema políticos renovados, lo mismo que a un reajuste en las políticas económicas, con o sin Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Lo que se avizora es el capítulo final de la disputa por la nación y la elaboración de un nuevo guión para la siguiente obra, en la cual la disputa será por liderar a la generación joven de un país-subcontinente que deberá continuar su aterrizaje en el siglo 21.
Y de allí la importancia de los comicios en curso.