México y lo Social del Estado Constitucional

OAXACA, Oax., 10 de mayo de 2020.- A las madres de México y el Mundo.

En diferentes ocasiones he sostenido que durante las últimas tres décadas hemos venido transitando de un endeble estado de Derecho basado en la política, la economía y la cuasi legalidad a otro fundado en la Constitución como límite a la economía, la política y la ley formal.

En pocas palabras, hemos pasado del inacabado estado legal al incipiente estado constitucional.

Ahora bien, la coalición ganadora de las elecciones de 2018 está liderando una transición pendiente, el cual consiste en reivindicar dentro del estado constitucional el estado social de Derecho.

Permitanme tratar de explicar que significa eso y por que los dos procesos deben ser sincrónicos, no antagónicos y mucho menos excluyentes, lo que es claro que no será sencillo.

El estado constitucional de Derecho,en esencia, es democrático: se basa en personas y ciudadanos autónomos, más de un partido, medios plurales, poderes separados aunque coordinados, órganos autónomos y poder judicial independiente ante poderes políticos (ejecutivo y legislativo) y privados, todos vinculados por el Derecho y los derechos fundamentales.

Eso no existía antes de los años 90as, cuando el binomio presidente-partido hegemonizaba el espacio público y utilizaba la ley y la Constitución como instrumentos sexenales de su voluntad política con más o menos fortuna.

Así que hemos reconstruido el Estado. A la mexicana y con todas sus insuficiencias, pero lo hemos hecho.

Desde luego, ahora hay que consolidarlo en todas sus funciones: acceso al gobierno y reparto de cargos, (derecho electoral), ejercicio del poder (derecho administrativo) y su control (derecho de la rendición de cuentas, anticorrupción y judicial),, de tal suerte que se reduzca la impunidad y recobre legitimidad.

Esa arquitectura ha sido posible bajo condiciones adversas: escaso crecimiento económico, sociedad desigual, elites rentistas y participación ciudadana oscilante.

Si logramos aquella reconstrucción fue porque las circunstancias lo fueron obligando. El Estado constitucional fue forjado en coyunturas críticas y acuerdos frágiles en tanto producto compensatorio de crisis, fraudes, errores y recurrente deslegitimación de los restos del pasado resiliente, en un contexto internacional igualmente complejo.

Pues bien, si ese Estado constitucional democrático liberal va a permanecer, segun sería deseable, deberá priorizar a las mayorías que ha excluido y sobre cuyo sacrificio fue edificado.

Me refiero, desde luego, al reto de moderar la desigualdad y desterrar la pobreza, de asegurar algo para los más rezagados y aplanar la curva del futuro para todos.

Estimo que así se debe leer la reforma al artículo 4o constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado.

Se trata de una nueva póliza de garantía, en este caso de los derechos sociales, específicamente expedida para los millones de los congéneres que menos tienen acceso a la salud, un ingreso mínimo durante su vejez y peor aún si son indígenas o afroamericanos, además de los jóvenes estudiantes atrapados en la trampa de la pobreza y acechados por el crimen.

Se podría decir que se trata de una nueva edición del «fetichismo» jurídico que confía en vano en que la ley –así sea constitucional– provoque por sí sola el cambio social. Desde luego que no. Eso es absurdo.

Según ha ocurrido con otras reformas tales como la electoral y los derechos políticos, o bien el acceso a la información, los operadores jurídicos y los sujetos interesados nos ocuparemos de que sea efectiva y transforme la realidad.

Por lo pronto, esa reforma, aprobada por una amplia mayoría de legisladores federales y locales, recupera la tradición progresista del constitucionalismo social mexicano y la coloca en el centro del Estado Constitucional para hacerlo viable y sustentable.

Si Mexico tiene alguna oportunidad de avanzar en las difíciles condiciones de los años en curso, que serán agravadas por emergencia sanitaria, será porque dignifique y emancipe a la mayor parte de su población que vive al dia y muere sin gozar de los beneficios del esfuerzo común al que contribuyó con su trabajo.