Miroslava Breach Velducea, la periodista mexicana que no guardó silencio

MIAMI, 21 de marzo de 2025.– Como parte de su campaña Voces que reclaman justicia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó a la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada en México en 2017.

La organización hemisférica instó en un comunicado a las autoridades a llevar ante los tribunales a todos los autores materiales y al instigador del homicidio, para cumplir con la procuración de justicia y poner fin a la impunidad que rodea el caso.

El 23 de marzo de 2017, temprano en la mañana, un hombre le disparó ocho tiros a Breach cuando la periodista se encontraba en su automóvil y se disponía a llevar a la escuela a uno de sus dos hijos, quien resultó ileso en el ataque. Breach tenía 54 años. El crimen ocurrió en la ciudad de Chihuahua, capital del Estado homónimo, al noroeste de México y «uno de los estados donde el crimen organizado ha permanecido instalado por años«.

Breach era corresponsal del diario La Jornada, de Ciudad de México; colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, era reconocida por su cobertura sobre violaciones a los derechos humanos, conflictos ambientales, narcotráfico y corrupción en Chihuahua.

En 2016, un año antes de su muerte, comenzó a recibir amenazas y presiones por sus denuncias de los desplazamientos con violencia en la Sierra Tarahumara y por sus publicaciones sobre los vínculos entre grupos del narcotráfico y políticos de la zona. En varios reportajes, se refirió a la forma en que los carteles de la droga infiltraron los municipios de Chihuahua y las presuntas conexiones de autoridades de seguridad con grupos delictivos como Los Salazar, relacionados con el cártel de Sinaloa.

Según informes de la prensa, su asesinato habría obedecido a una venganza de ese grupo delictivo al sentirse «traicionados» por sus investigaciones periodísticas de asuntos sobre los que gran parte de los medios locales guardaban silencio por temor a represalias y para resguardar su seguridad. Sin embargo, Breach consideraba que el silencio representaba «complicidad» y por eso siguió investigando. Sus reportajes fueron la causa de que la asesinaran, según se desprendió del juicio contra uno de los acusados.

Propuesta Cívica, organización que lleva la representación legal del caso, detalla que, hasta enero de 2024, se había identificado al autor intelectual del asesinato y se obtuvieron dos sentencias. Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde del municipio de Chínipas, de donde era originaria la periodista, fue condenado a ocho años de prisión como auxiliador del crimen. Schultz Alcaraz tiene prevista en abril próximo una audiencia para obtener su libertad condicionada.

Por el homicidio, también fueron señalados tres autores materiales. Juan Carlos Moreno Ochoa, alias «el Larry», jefe de sicarios de Los Salazar, fue condenado a 51 años y tres meses de prisión. Ramón Andrés Zavala fue ejecutado el 19 de diciembre de 2017 en Sonora. Y Wilbert Jasiel Vega Villa se encuentra prófugo.

Aún están pendientes de ejecutar las órdenes de aprehensión contra Crispín Salazar, líder del grupo Los Salazar, señalado como el autor intelectual del crimen, y contra Vega Villa, otro de los asesinos. Con la acción judicial inconclusa, parece que las autoridades «se han conformado con esas dos sentencias, dejando la justicia a medias, lo que en realidad es una impunidad completa«, enfatizó Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

El caso, trasladado a la competencia federal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ha sido criticado por sus deficiencias en la investigación de pistas y evidencias; políticos que no fueron entrevistados; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa, que distrajeron a la opinión pública.

En 2019 el Colectivo 23 de Marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), presentó un informe sobre el caso, con énfasis en las amenazas que recibió Breach vinculadas a sus artículos, «las advertencias que lanzó sobre el peligro en que estaba y las pistas que dejó en sus publicaciones antes de su asesinato el 23 de marzo del 2017 y que las autoridades no profundizaron».

El vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Carlos Jornet, reconoció que «resolver de manera integral los crímenes contra periodistas, identificando y juzgando a todos los involucrados, es un proceso largo y difícil. Sin embargo –agregó Jornet– es un desafío imprescindible para la Justicia mexicana, que no debe dar paso a la desidia, la resignación y el olvido».

Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, agregó que «acabar con la impunidad de estos crímenes es fundamental para garantizar las libertades de expresión y de prensa».

La SIP inició hace un año la campaña Voces que reclaman justicia, que tiene como objetivo resaltar y mantener vigente la memoria de los periodistas asesinados en las Américas, recordar su trabajo periodístico y continuar exhortando a las autoridades a poner fin a la impunidad que rodea la mayoría de estos crímenes, mediante la búsqueda de justicia.