Miscelánea | Judith Álamo López | El Orgullo de mi Nepotismo

Sigue el hombre de Palacio arremetiendo con singular violencia en contra de sus críticos, y a quienes exhibieron la opulencia de su vástago José Ramón los increpó: «Si tienen pruebas que las presenten, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción… de todas las lacras de la política tratándose de quien se trate… incluso mis hijos…. «pero, confió en que aunque se investigue «no van a encontrar nada».

Tres dias pasaron para que los medios retomaran la denuncia resultado de la investigación conjunta de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). fundada en que existe un contrato entre la empresa Becker Hughes y Pemex celebrado en en agosto del 2019, y la casa propiedad del entonces presidente de la empresa fue ocupada por el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, un mes después. De no ser esto muestra de corrupción, ¿podría acaso ser una extraña coincidencia?.

La transnacional reconoció hace dos días que en efecto la casa perteneció a un exempleado, Keith L. Schilling, quien según el reportaje de Latinus y MCCI se había desempeñado como director comercial y de ventas a nivel global de julio del 2017 a noviembre del 2018, periodo en el que Baker Hughes obtuvo dos contratos con Pemex, uno de los cuales, hasta por 66 millones de dólares, sigue vigente con el actual gobierno federal.

La investigación arroja que Schilling fue ascendido posteriormente a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre del 2019, o sea durante el tiempo en que la pareja López-Adams ocupó la mansión valuada en un millón de dólares, para luego mudarse a una residencia recién construida, ambas en Houston, Texas, donde además disponen de una camioneta Mercedes Benz valuada en 1.5 millones de pesos.

Le guste o no al presidente, habrá que investigar a fondo este caso, y será la oposición del Senado de la República de donde surjan las demandas a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública para el esclarecimiento de presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilicito y los que resulten.

Aunque el discurso presidencial sea diferente a los  del pasado, la transformación prometida no se cumpla, se niegue que el país este sumido en una recesión y existan incongruencias entre el consejo dado por López Obrador en el púlpito de una mañanera de conformarse con poseer un par de zapatos, lo cierto es que esto sólo aplica para «el pueblo bueno y sabio», no para su vástago, al cual disculpa con haberse casado con una mujer adinerada, faltó agregar, con lágrimas en los ojos: ella  lo arrastra por los caminos de lujo y opulencia, que su señor padre maldice.

Obvio que la austeridad republicana tan pregonada no aplica para su hijo José Ramón, su vida fastuosa tan parecida a la de los machuchones que tanto critica López Obrador merecería una amplia y sensata explicación, misma que hasta ahora brilla por su ausencia, porque el presidente estaría dispuesto a cualquier acrobacia verbal antes de poner en tela de juicio al orgullo de su nepotismo.

Y como la historia se repite en un México hiperpresidencialista irredento, cabe recordar a otro mandatario de apellido López, me refiero a José López Portillo, a diferencia del actual era un culto aunque frívolo abogado, quien cometió excesos rayando en la impudicia: allá por 1980 al nombrar a su hijo, José Ramón –el nombre es otra coincidencia– subsecretario de Programación y Presupuesto, lo presentó como «el orgullo de mi nepotismo».

¿Han cambiado los abusos del poder presidencial? Al parecer no, en esencia,  sólo la narrativa. En 1982, López Portillo se descaró y en una celebración por la LIbertad de Prensa, dijo: «Yo no pago para que me peguen» refriéndose a los medios críticos que recibían «publicidad» gubernamental en medios de comunicación.

En esos tiempos los medios de comunicación vivían del subsidio público a través de convenios de publicidad o la compra de papel a PIPSA, empresa estatal. Había entonces una relación impuesta desde el poder público, aceptada por las empresas periodísticas en perjuicio de los lectores y espectadores de medios impresos y electrónicos. Han pasado años y la reconfiguración tampoco garantiza las libertades de expresión, prensa ni de información.

Hoy volvimos a conocer de la furia del presidente López Obrador, quien en plenitud de poderes como jefe de Estado y de Gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en un abuso de poder arremete contra el periodista de Latinus, Carlos Loret de Mola, a quien definió ayer como periodista golpista, mercenario y hoy «aunque no le guste», le agregó «es un periodista corrupto», –eso me faltó– y repitió «es un mercenario, sin principios y sin ideales».

Recordemos que en junio de 2021, Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó al gobierno mexicano que los señalamientos públicos contra los periodistas no pueden trazarse bajo la culpabilidad, el reprendimiento y pidió al presidente ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia.

Criticó la sección de la mañanera «Quién es Quién», porque «es una medida de censura al imponer ‘el Pinocho de la semana’, a quien hace uso de su libertad de expresión sobre asuntos de interés público”, y subrayó que  la máxima autoridad debe contribuir a que el Estado sea el garante de la libertad de expresión de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero sobre todo de las personas que tienen opiniones divergentes.

El mandatario, obcecado, no aceptó entonces la recomendación, dijo que viene de quienes quieren impedir la práctica del «diálogo circular» y la confrontación de ideas, porque quieren mantener el monopolio de la verdad. 

Las cifras de muertes de periodistas asesinados, cuatro en lo que va de 2022, 52 en lo que va del sexenio, nos demuestra que ser comunicador en México es más peligroso que un país en guerra. No hay garantías de este gobierno para proteger a quienes se dedican a la noble profesión de informar y a cumplir con el derecho social a ser informados.

Y no podremos cambiar las difíciles circunstancias que viven quienes disienten debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Arturo Zaldívar, dejó sin sentido alguno la consulta de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

Dicha consulta fue creada constitucionalmente para poder  manifestar nuestro desacuerdo con  cualquier mandatario  a la mitad de su periodo,  pero Zaldívar ignoró la autonomía del poder que preside y con su voto decidió la aprobación de una pregunta confusa para que Andrés Manuel López Obrador se mantenga en el poder aún en contra de la voluntad ciudadana. Juzgue usted, amable lector:

¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Uidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República  hasta que termine su periodo? –¿Sí, No? ¿Dónde me perdí?

Le aconsejo no participar en este ejercicio que significa un quebranto a nuestros derechos, una dilapidación de recursos públicos y una burla donde el INE -institución constitucional autónoma-ha sido vilipendiado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial .

Para López Obrador la preeminencia está en acallar la crítica, son tiempos preelectorales, porque el hombre de Palacio ha demostrado carecer de talentos para gobernar una nación con la complejidad de México, pero sin duda sí ha mostrado la beligerancia de un candidato en campaña, astuto para acusar al pasado y a quien se le oponga del fracaso económico y social de su gobierno. Dos semestres con cero crecimiento y aumento de más de 4 millones de pobres demuestran que las acciones de la actual Administración no han sido las correctas.

Las pruebas en contra se acumulan: el desabasto del 60 al 90% de medicamentos producto de un discurso acusatorio de pretendida corrupción acabó con la previsión de compras consolidadas dejando más muertes y enfermedades  que la misma pandemia, y ésta ha sido tratada con tal ineptitud que nos colocó en el cuarto lugar mundial por número de muertes -reconocidas- y en el primero por víctimas de personal de salud.

Para acabar con el cuadro, a López Obrador se le acaba la baraja de incondicionales leales al proyecto, para llevar la  representación del gobierno mexicano al extranjero, al grado de que ha tenido que optar por  personas sin perfil diplomático y con pasados cuestionables, como fue el caso del historiador Pedro Salmerón, acusado de acosador de jóvenes mujeres, a quien Panamá por ello le negó el beneplácito, y cuya carta de declinación sólo permite ver el grado de cariñosa salamería con que deben mostrarse los súbditos ante  el jefazo. Ahora, el turno es para Jesusa Rodríguez…. Veremos si Panamá la acepta.