Miscelánea, salud y política | Judith Álamo López | Caos sin fin

Cruce de superhombre y bufón, el caudillo hace y deshace a su antojo, inspirado por Dios o por una ideología en la que casi siempre se confunden el socialismo y el fascismo…: Mario Vargas Llosa

El caos parece no tener fin: violencia creciente, desabasto de medicamentos e insumos médicos,  aumento desde hace dos semanas de morbilidad y mortalidad por la tercera ola del Covid -ahora  con su sepa Delta, menos mortífera pero 80 % más contagiosa-, ni tiempo de evaluar la primera consulta popular constitucional,  hoy se suma el peligro de desabasto de gas.

A la agitación contribuye, sin duda, el animal  político que habita Palacio Nacional, quien trata de apresurar el cambio de régimen de su 4T, y asegurarse de la aprobación popular. Desde que llegó a la presidencia cada día toma decisiones con muchas víctimas de por medio, pero  todo lo justifica el fin máximo de acabar con el abuso y la corrupción.

Apenas el 14 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, enojado por el abuso de los gaseros que mantienen  precios y ganancias excesivas , anunció que se crearía la empresa estatal Gas Bienestar, el objetivo: disminuir  los precios del gas de petróleo.

Rápido porque cada día que pasa se escribe la historia de la Cuarta Transformación 4T,  sin negociaciones previas con los empresarios, ni evaluación de  los riesgos económicos a la cadena productiva y sus dependientes económicos, ni analizar el impacto en el empleo, y lo peor, sin esperar  los resultados de los estudios que realiza el órgano técnico del Estado, la Comisión Federal de Competencia (COFECE),  sobre el tema.

Leal a su estilo autoritario y congruente con quienes piensan que su principal enemigo es la Constitución y la ley,  el mandatario publicó sendos decretos los pasados días 28 y 29 de julio en el DIario Oficial de la Federación, la Secretaría de Energía emite la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios.

Con base en esa directriz, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que los precios máximos de gas licuado de petróleo deben garantizar  acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, emitió la normatividad de emergencia y el día 1 de agosto publicó los  precios para todas las regiones del país, vigentes durante la semana que concluye el próximo día 7.

En el caso de la Ciudad de México, el precio máximo es de 21.33 pesos por kilogramo con IVA en cilindro y 11.52 pesos por litro más IVA en el caso de gas estacionario. Los paros han surgido de los comisionistas o distribuidores quienes señalaron que las gaseras acordaron abastecerlos a 11 pesos el litro.

Protestan porque con 50 centavos por litro en lugar de los 2 o 4 pesos que ganaban antes la distribución no sería costeable, no alcanzarían ni a pagar los salarios de los empleados de las pipas, su seguridad social ni la movilización y mantenimiento de los vehículos, etcétera.

Los consumidores en general apoyan que disminuyan los precios del gas, sin duda. 

Sí, pero el gobierno de la República debe  respetar la Ley  Federal de Competencia Económica que en su Artículo 9, señala cuáles son las prácticas monopólicas, limitante de acciones de gobierno para  manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios.

¿Quién, en un país integrado cada día por más pobres y clasemedieros, se va a oponer a la loable labor emprendida por este luchador social en contra de las élites neoliberales abusivas?  

Seguramente varias decenas de miles de trabajadores, empleados de los comisionistas, y claro sus dependientes económicos. También los empresarios, quienes consideran que el desabasto pondría freno a  la reactivación de la economía.

Realmente el desabasto afectaría  a todos los consumidores desde el más humilde hogar hasta la industria restaurantera, turística, hospitalaria, del transporte eléctrico concesionado, etc.

Además crece el riesgo de que aumente el  mercado negro del combustible, el cual ya existe pero aún es incipiente,  y su crecimiento sería fatal para la economía nacional.

Es momento de que el gobierno actúe con responsabilidad y resuelva el conflicto antes de que se agraven los problemas.

La apuesta de AMLO es conseguir el apoyo del «pueblo» para que nadie critique sus transformaciones, por qué ¿quién osaría criticar que se haya hecho constitucional el derecho a una pensión para las personas mayores de 65 años? Pocos serían tan mezquinos para oponerse, bueno hasta el presidente de la República presume que cobrará su pensión por vejez. 

Hay que recordarle que ese derecho, como todos, se garantizará sólo cuando las arcas públicas cuenten con los  recursos suficientes.  

La Cuarta Transformación se emprendió desde la declaratoria de triunfo electoral, antes de asumir el cargo López Obrador empezó a operar para la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, menos hubiera costado concluirlo. Luego había que acabar con las transas en las compras consolidadas de medicamentos, sin importar las miles de víctimas por el desabasto.

Las batallas de  4T no paran: sembrado vida y bienestar social con becas y contrataciones sin licitación, continúa la lucha «anticorrupción» cancelando guarderías, fondos, fideicomisos… hoy la lucha se enfoca a bajar los precios del gas, al costo que sea, al margen de la ley, el fin justifica los medios, pues.

Crece la desazón pública ante los cada vez más visibles y probables nexos con narcotraficantes (sobre todo de la zona del pacífico) Morena  ha logrado tejer un entramado para garantizar los cambios que faltan para imprimirle al régimen su nueva faz.

Para el pueblo de México la historia de los casi tres años de la actual Administración son de victorias pírricas. 

¿Cómo interpretar los resultados de la primera consulta pública, luego de incorporar como derecho ciudadano constitucional (artículo 35  fracción VIII) el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional?

Quién o quiénes son los responsables de que este ejercicio democrático se desvirtuara de forma tal que se convirtió en una consulta fallida, con una participación del 7.1% de los integrantes del padrón electoral, con un total de 6,511,385 votos por el sí, 102,945 por el no y 48,878 votos nulos.

Resultó extraño  que por primera vez coincidieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, en considerar los pobres resultados como un triunfo, se dijeron satisfechos porque se logró echar a andar un nuevo proceso y contra viento y marea se efectuó la consulta.

Quizá el INE -como otros organismos autónomos- denostado y asediado durante la actual administración tenga motivos para celebrar, pero sin duda que AMLO celebre los resultados es incongruente con el objetivo de enjuiciar a los expresidentes, una de sus promesas de campaña que le hizo ganar muchos votos.

Pareciera que el presidente buscó la forma de cancelar la consulta, y por ello volvió a cobrar vida la percepción pública de que existía un pacto de impunidad, al menos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que con los anteriores mandatarios los posibles delitos podrían haber prescrito.  

Recordemos que al enviar la interrogante de la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar su constitucionalidad, ésta en lugar de declarar su improcedencia, de la manera por demás cortés que caracteriza el trato de la Corte de Saldívar al Ejecutivo, reformuló la pregunta dejando sin efecto el objetivo.

Contradictorio porque según la exposición de motivos de la  consulta, para el presidente de la 4T todos los males que aquejan al país son a causa de acciones de los expresidentes neoliberales y corruptos: de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, todos impunemente propiciaron violencia y quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional.

El presidente con sus acostumbrados malabares verbales imprimió mayor oscuridad al asunto, al reiterar que él votaría en contra, y ya para acabarla el día de la consulta el primer mandatario se fue  de gira por Nayarit y Sinaloa, en compañía de su esposa. 

Ambos no votaron debido a que, como lo había anunciado el INE, por motivos del costo de la consulta, no habría casillas especiales como en los comicios para que votaran quienes no se encontraban en su lugar de residencia.

Muchos juristas señalaron que la consulta era innecesaria: la justicia no se consulta, la ley se aplica. Se dijo que si el poder Ejecutivo tenía pruebas de los delitos cometidos por los expresidentes sólo tenía que presentar las denuncias ante las autoridades judiciales competentes, para iniciar las causas.

Hasta el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, explicó al diario El País:  “Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional, como crear una Comisión de la Verdad para generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”.

¿Entonces, si todo estaba tan claro por qué una pregunta tan confusa, para qué dilapidar recursos -500 millones de pesos- y engañar al pueblo con consultas amañadas?