El episcopado ante el segundo piso de la 4T
OAXACA, Oax., 25 de enero de 2017.- Los acontecimientos ocurridos esta semana en el norte del país reflejan la inseguridad que se vive al interior y afuera de instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, pues más allá de la condición económica que pueda existir y la problemática que pudo desencadenar tan equivocada decisión, debemos reconocer que actualmente se percibe la ausencia de valores, la falta de coordinación entre autoridades gubernamentales y a su vez, la poca-nula responsabilidad de padres de familia.
Hablar de inseguridad en planteles educativos sería como cuestionar las acciones que se emprenden en materia de prevención del delito en México, nada equivocado suponer, se debería contar con programas para contrarrestar cualquier conducta que pudiera vulnerar los derechos humanos y la seguridad de estudiantes.
Podríamos imaginar incluso, que bajo la cotidianidad del día a día, aunado a las jornadas laborales y la aparición de tecnologías, tendríamos el pretexto necesario para no asumir la responsabilidad de vigilar las conductas del hogar y la comunicación en familia.
El momento propicio sí, para señalar la ausencia de los institutos de la juventud en México, cuestionar su trabajo y discutir sobre la nula coordinación que existe con autoridades educativas o de seguridad pública que permitan contrarrestar los actos delictivos, hacer frente a la delincuencia y ejecutar políticas públicas para reemplazar todo tipo de armas por libros.
De hacer una inspección minuciosa, podríamos concluir que funcionarios utilizan el cargo para posicionar su imagen y no así, para velar por los derechos de los jóvenes de este país.
Podríamos continuar señalando aciertos o errores que existen como sociedad, de instituciones gubernamentales principalmente de seguridad, educación, juventud o deporte, esta última invisible y con una derogada participación en acciones que permitan sumar esfuerzos y contrarrestar la inseguridad que se vive en México.
Finalmente podríamos sugerir, coordinar con autoridades municipales programas que permitan rescatar espacios públicos para impulsar el deporte y la lectura, así como hacer uso de tecnologías o medios de comunicación para ejecutar programas en materia de prevención del delito.