El modelo electoral mexicano en su contexto

Hacia el 1-J

OAXACA, Oax. 25 de febrero de 2018.- El modelo electoral mexicano vigente sigue sometido a duras críticas cuyo examen, a su vez, puede resultar de utilidad.

La primera, que yo mismo he suscrito, se dirige a la acendrada convicción de los operadores jurídicos y políticos mexicanos en que los principios constitucionales pueden, a través de reglas, actos y resoluciones, modelar la realidad, así sea por la fuerza.

Lo estimo difícil, aunque no imposible, según los casos.

La realidad, al parecer, se resiste a ser vinculada por los principios porque no los conoce, dice no conocerlos, le son indiferentes y hasta inconvenientes, y porque en el juego entre motivaciones, intereses e interpretaciones que en la práctica guían la aplicación de las reglas, falta construcción ciudadana, entendimiento, virtud y concreción.

El resultado es que el proceso y el contexto de interpretación y aplicación sacrifica la integridad de los principios y los esteriliza.

Piénsese, por un momento, en las divergencias entre partidos, INE y TEPJF sobre el método para garantizar legalidad, certeza, objetividad y máxima publicidad en los conteos rápidos y la difusión de resultados preliminares (PREP) luego del cierre de las casillas el 1 de julio próximo.

Ese mísero detalle procedimental, al que se refería Ortega y Gasset, puede dar al traste con años de planeación normativa e institucional de la elección, cuando esos resultados preliminares no son siquiera oficiales pero a los que la realidad porfía en creer sin reservas. Mi posición al respecto ya es tajante: Dejar atrás el trauma de la caída del sistema del año 88 y los errores de comunicación de 2006, pensar más bien en el tránsito a la urna electrónica y olvidar para siempre este anacrónico método electoral, que nos mantiene en la creencia y la recurrencia al círculo vicioso, neurótico y paranoico en que hemos convertido el momento cumbre y los resultados del acto de sufragar.

Otra es el de precampañas e “intercampañas”.

En este aspecto del sistema electoral, nadie o pocos parecen recordar que las primeras se pactaron porque en 1999, Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, hizo una larga campaña anticipada que, junto con la ingeniería financiera tardíamente descubierta e inútilmente sancionada (caso “Amigos de Fox”) desembocó en la alternancia del año 2000.

O bien, que en 2006 los de las campañas adelantadas fueron Roberto Madrazo y el propio AMLO, que a la postre perdieron ante Felipe Calderón, quien entonces fue el único candidato — por cierto– que emergió de una elección partidaria pluralista interna en la cual el no era favorito, sino más bien Santiago Creel, favorito de Fox.

Y que en 2007 el acuerdo para la reforma electoral de ese año consistió en evitar al máximo la fuga anticipada de los aspirantes presidenciales en perjuicio del principio de equidad, lo cual no hemos podido garantizar de manera plena.

No debieran perder de vista, en particular los críticos radicales del modelo electoral, que precampañas con un solo candidato en territorio tan extenso, población y militantes tan dispersos, y con partidos aún sin suficiente estructuración, requieren de conocimiento del precandidato e implantación de la candidatura.

Exigen diálogo y acuerdo al interior de partidos, sobre todo si van coaligados, y del convencimiento final sobre el perfil del candidato al efecto de conceder el apoyo para el registro.

Nótese que no siempre ha sido así, que las opciones para procesar la precandidatura son flexibles y que los partidos se deciden por uno entre varios métodos de selección, sobre todo evitando la elección interna pluralista por sus altos costos políticos y económicos (caso PRI en 2000 y los intentos conflictivos y frustrados del PRD hasta para elegir a su dirigencia).

A la vez, no luce recomendable el que si solo se registra un precandidato por partido o coalición, entonces se cancele esa interna atípica y, por tanto, la precampaña.

En los hechos, la realidad alerta en el sentido de que intentarlo podría dañar más la equidad en la contienda y la fragilidad notoria del uso imparcial de los recursos públicos para comprar la libertad del votante.

La opción consistente en el modelo PASO: Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, es decir, abiertas a toda la ciudadanía (o bien cerradas a la militancia de cada partido), el mismo día y para todos los partidos, organizadas por la autoridad electoral, podría inhibir la mediatización de la precampaña y aumentar la práctica democrática pero podría también incrementar costos y destruir partidos.

¿Entonces? ¿Qué opción sería más recomendable?

Finalmente, la “intercampaña” o período entre el final de la precampaña y el inicio de la campaña, es prácticamente obligada en un sistema en el cual hemos optado por la judicialización del proceso electoral a fin de garantizar al máximo — en síntesis—la integridad de las reglas y principios constitucionales, que deberían significar comportamientos reales.

Es un concepto e institución ciertamente atípicos en la experiencia comparada, cuyo diseño, en el contexto mexicano, hoy es racional porque hemos compactado los calendarios electorales y agregado principios virtuosos: 30 elecciones locales y una federal con 20 mil cargos en juego, paridad de género, diversidad étnica, independientes, coaliciones de totales a parciales y flexibles, y una rígida fiscalización formal de recursos partidarios.

Además, exigimos apego a la Constitución y a la ley en la nominación y el registro de las candidaturas, que se deberían revisar con lupa y consumen tiempo antes del inicio de la campaña.

Hay razón en la crítica a la “spotización” y el gasto, formal e informal; al “transfuguismo” que indica serias debilidades ideológicas y excesivo pragmatismo; y, en fin, a la ausencia de mejores prácticas en el procesamiento de las precandidaturas.

Pero ello no justifica su descalificación histórica.

Estamos aquí y ahora, en estas circunstancias porque así lo quisimos.

En las coyunturas, dilemas y decisiones de ayer forjamos las condiciones de hoy.

Vayamos con responsabilidad a hacernos cargo de nuestros propios modos de ser, conductas, actos y resoluciones.

Hagamos de nuestra realidad social y política un lugar más tolerable para la vida pluralista y diversa en común.

Tratemos de asumir y actuar conforme con los principios y reglas que hemos acordado.

Pensamos en un futuro mejor para no repetir los errores del pasado que solemos trasladar al presente.

Por lo pronto, hagamos de la realidad principios y defendamos los valores de nuestro modelo electoral, según insiste Dieter Nohlen, no en la idealidad pura.

Mejor: en su contexto.