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OAXACA, Oax., 21 de marzo de 2021.- Don Benito Juárez García es un personaje notable de la historia de México que no puede dejarse de mencionar, a favor o en contra de sus decisiones y forma de gobernar, no podemos negar que su historia profesional y personal, es un referente para los mexicanos y especialmente para los juristas.
El hombre, el mito, la leyenda, sus orígenes en la Sierra Juárez de nuestro hermoso Oaxaca, denotan el ímpetu y la determinación de una persona que a base de esfuerzos logró ser Presidente de la República Mexicana.
Vinculado desde joven en la política, ocupó diversos puestos en el estado de Oaxaca, fue Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local y Juez de lo civil; en el año de 1846 formó parte del Congreso de la Unión como diputado electo, y en 1847 fungió como Gobernador Interino del Estado de Oaxaca, cargo que desempeñó hasta el año de 1852.
Posterior a las luchas políticas y civiles en nuestro país, con la proclamación del Plan de Ayala en 1854 y la designación de Juan N. Álvarez como Presidente Interino, Don Benito Juárez es nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública.
Durante su trayectoria profesional, fueron varias las aportaciones que en materia jurídica, política y social realizó, pero en lo particular me voy a referir al tema de la separación de la Iglesia y el Estado.
En su cargo de Ministro de Justicia en la presidencia de Juan Álvarez, emitió la Ley Juárez, que se expidió para coartar el poder e influencia del clero en asuntos civiles, esta fue decretada el 23 de noviembre de 1855. Dentro de su contenido más importante, suprimió el fuero eclesiástico y el militar en materia civil.
Este tema provocó reacciones entre conservadores y liberales, que fueron más visibles con la promulgación de la Constitución de 1857, en cuyo período Don Benito Juárez se desempeñó como ministro de Gobierno y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforme a la ley de ese entonces le daba el carácter de vicepresidente.
La nueva constitución contenía la finalización de muchos privilegios de la iglesia católica, entre ellos el fuero, la adquisición y administración de bienes raíces. Promulgada el 5 de febrero de 1857, su preámbulo iniciaba: “En el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo Mexicano.”
Los numerales alusivos a la relación Iglesia-Estado comienzan con el artículo 3o., que permitió la libertad de enseñanza. Por su parte, el artículo 5o. estableció el imperativo de la prohibición de los votos religiosos. Además, el artículo 13 suprimió los fueros eclesiásticos; el artículo 27, señalaba la restricción a toda corporación eclesiástica para adquirir y administrar bienes raíces, exceptuando aquellos edificios destinados al servicio u objeto de la institución.
Por vez primera en la historia de México la Constitución de 1857 no incorpora entre las facultades del Ejecutivo o del Congreso las de ejercicio del patronato, ni la celebración de concordatos con la Santa Sede, y en materia política, prohíbe el desempeño de cargos públicos de elección popular a las personas que pertenecían al estado eclesiástico.
La novedad más importante del texto constitucional de 1857 en materia religiosa fue el contenido del artículo 123 que daba al Estado la autoridad necesaria para legislar en materia religiosa, sin embargo, no logró configurar la llamada libertad de cultos.
Los conservadores con el apoyo incluso de algunos liberales provocaron se diera un golpe de Estado que dio inicio a lo que conocemos como la Guerra de Reforma o la Guerra de Tres Años con la finalidad de intentar suprimir esta normativa liberal.
Tras el golpe de Estado, Juárez arribó en 1858 a la presidencia por ministerio de ley e hizo frente al gobierno paralelo encabezado por Félix Zuloaga, quien fue nombrado por los conservadores, presidente interino a través del Plan de Tacubaya, apoyado por Ignacio Comonfort en busca de derogar la Constitución de 1857.
Don Benito Juárez decidió a mediados de 1858 trasladar su gabinete al puerto de Veracruz, durante el periodo de 1859 a 1863, y emitir una serie de decretos y acuerdos, denominados las Leyes de Reforma, cuya pretensión, era la culminación del proceso de separación de la Iglesia y el estado, entre esos decretos y acuerdos destacan:
Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos: Promulgada el 12 de julio de 1859, consistió en pasar al dominio directo de la nación los bienes tanto del clero como del regular sin indemnización alguna.
Con esta serie de decretos y normas realizaba la evidente separación de la iglesia y el Estado, el Gobierno del presidente Benito Juárez.
El maestro Rosas Salas, en su artículo “De la República católica al Estado laico” nos dice que las leyes de reforma representaron un rompimiento jurídico con la primera constitución política del país, promulgada en 1824, la cual establecía a la religión católica como oficial y prohibía el ejercicio de cualquier otra. Al mismo tiempo, las leyes reformistas produjeron una nueva relación entre Iglesia, Estado y sociedad, durante la segunda mitad del siglo XIX, que pasó de la exclusión de los creyentes de la política y el espacio público en la República Restaurada (1867 1876) a una renovación católica bajo la política de conciliación del Porfiriato (1876 1911).
Por su parte, el doctor Roberto Blancarte, comenta: Las acciones emprendidas por Benito Juárez, se situaban en un contexto de regalismo y liberalismo, que terminaba por afectar la vieja estructura de poder que unía estrechamente a las monarquías y la sede pontificia. En ambos casos, los poderes seculares o civiles se veían fortalecidos a expensas de la Iglesia, pero ello no siempre significaba la constitución de un espacio de autonomía laico, sino el sometimiento del clero a los dictados del poder civil o republicano.
Benito Juárez habría de establecer las bases para un modelo distinto de laicidad, que buscaba por el contrario la constitución de una República donde no hubiese más que una sola y única autoridad: la autoridad civil del modo que lo determinara la voluntad nacional, sin religión de Estado. Ése sería el gran anhelo de Juárez y el centro de sus esfuerzos por construir un Estado laico.
Cabe destacar que en una época en donde el poder de la iglesia sobre el Estado era predominante, en los aspectos políticos, jurídicos y sociales, fue por demás importante esta expedición de normas y las consecuencias que trajeron consigo las Leyes de Reforma, como bien señalan los historiadores e investigadores de este tema, no todo fue fácil, a partir de este proceso de luchas y conflictos le siguieron muchos más, pero es innegable la aportación que en ese sentido hizo Benito Juárez García para México, ya que no solo sentó las bases del Estado Moderno también del Estado democrático constitucional.