Mónica Zárate Apak | Las mujeres en la administración de justicia

OAXACA, Oax., 5 de julio de 2020.- Abordar el tema de equidad de género implica realizar acciones y análisis tendientes a erradicar la discriminación de las mujeres y motivar su acceso efectivo a las mismas oportunidades que los hombres, específicamente en el ámbito laboral, que les facilite el desarrollo pleno de sus capacidades.

En el ámbito del Poder Judicial de la Federación se han realizado acciones con el objeto de desplegar estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional. Dichas acciones requirieron de la creación de partidas presupuestarias que se ejercieran en la capacitación de los servidores públicos encargados de emitir sentencias. Por ello fue necesario implementar la Unidad de Género tanto en el Consejo de la Judicatura Federal como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Destaca la capacitación al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un curso en colaboración con la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, España, en el que se analizaron los instrumentos internacionales y la equidad de género.

El proyecto también incluyó la realización de cursos, seminarios, conferencias magistrales y talleres en torno a la equidad de género, el acceso a la justicia, la no discriminación y el acceso a una vida libre de violencia.

Se fomentó la investigación para generar diagnósticos e identificar y proponer soluciones a los obstáculos generados en la política institucional del organismo jurisdiccional. Ello motivó la vinculación de la SCJN con instancias académicas, sociales, gubernamentales y sociales; en particular, se generó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres para impulsar la plena implementación de la perspectiva de género.

Lo anterior trajo como consecuencia que se estableciera la perspectiva de género como instrumento jurídico para impartir justicia.

En efecto, en todos los ámbitos se ha reconocido el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante que no se trata de un instrumento obligatorio, es utilizado como base en diversas instancias, sobre todo en la impartición de justicia local, ya que se considera como el más completo y científico de su tipo.

Por lo que respecta a la normativa interna del máximo tribunal, se emitió un Código de Ética para eliminar el acoso sexual. Así se reconoce que el tema del acoso y hostigamiento sexual constituye un obstáculo laboral de las mujeres.

Asimismo, se efectuó una encuesta denominada “perspectiva de género sobre discriminación, acoso, hostigamiento laboral y sexual en el trabajo”, dirigida a los servidores públicos de la dependencia.

Para combatir esa conducta. especialistas de la UNAM impartieron un taller sobre “Acoso y hostigamiento laboral y sexual”, tomando como base los temas: El hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, la importancia del establecimiento de una ruta crítica para abordar los casos de hostigamiento sexual a nivel institucional, la mediación e investigación de los casos de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo y el hostigamiento sexual desde el punto de vista técnico jurídico.

En este punto destaco que en la actualidad hace falta mayor difusión al tema del acoso y hostigamiento laboral dentro de las instituciones para fomentar la prevención de estas conductas que se tornan delitos y generar entornos de trabajo más confiables y seguros a todas las mujeres.

Ahora bien, por lo que respecta a la inclusión de mujeres en los altos cargos del Poder Judicial de la Federación, es un hecho que todavía hay mucho por hacer, ya que fue creado en 1815 y fue hasta 1961 que se designó a la primera mujer como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la oaxaqueña María Cristina Salmorán de Tamayo. Fue apenas en 1971 que se designó a la Licenciada Livier Ayala Manzo como la ´primera mujer Magistrada de Circuito.

En la actualidad aún existe una brecha por superar en torno a la equidad de género en el Poder Judicial de la Federación. No obstante, debemos reconocer que es un hecho trascendente la integración reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las Ministras Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández y Yazmín Esquivel Mossa, quienes seguramente seguirán abriendo espacios y propiciando condiciones favorables para las futuras generaciones de mujeres en la judicatura.

Es evidente que en la sociedad, en general, sigue predominando una ideología patriarcal, lo que implica que en el ascenso de la carrera judicial de las mujeres debe intensificarse la promoción y evolución de políticas específicas para ayudar a lograrlo.

Recientemente, tanto el Tribunal Electoral como el Consejo de la Judicatura Federal realizaron concursos de ingreso a los cargos –el primero de ellos a Magistradas y el segundo de Juezas de Distrito y Magistradas– dirigidos solo a mujeres para que tengan acceso y cubran un mayor número de dichas plazas. En este caso, algunas voces se manifestaron argumentando una discriminación en contra de los hombres, lo que considero incongruente ya que mientras las brechas persistan será necesario implementar políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Al respecto, cabe destacar la aprobación del decreto que reformó los artículos 2, 4, 35. 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Conforme con tales modificaciones, los distintos órganos de gobierno en el ámbito federal, estatal y municipal tienen la obligación de respetar el principio de paridad de género en su integración, lo que constituye un logro que favorece el avance de las mujeres. El gran reto es lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos.

Desde luego que para concretar dichos esfuerzos legislativos es necesario el cambio de mentalidad machista que impera en los servidores públicos, lo que implica que las mujeres tenemos el derecho de impugnar un procedimiento que incumpla con el principio de paridad hasta normalizar nuestro acceso a todos los cargos.

Debemos reconocer la importancia del papel que la mujer desempeña en la sociedad al incorporarse a la vida laboral y contribuir al desarrollo de nuestro país. Es así ya que, de forma paralela, se le sigue considerando como responsable de que las relaciones familiares fluyan de manera positiva, lo que las obliga a distribuir su tiempo entre las jornadas laborales, domésticas (sin remuneración), familiares como madres, esposas e hijas, cuidadoras de los menores y los adultos mayores o enfermos de su hogar.

Ello implica que realicen no dobles sino triples jornadas laborales sin remuneración y, por tanto, su nulo acceso a los derechos de seguridad social para asegurar su vejez.

Esta serie de hechos notorios explican por qué resulta más difícil que una mujer logre ser Jueza o Magistrada, para referirme a los cargos más altos dentro del Poder Judicial de la Federación, ya que la designación implica su cambio de residencia y en consecuencia la separación de su familia.

Todos estos cuestionamientos inciden en que a través del tiempo las mujeres han ganado terreno y espacios laborales, sin embargo, el desafío constituye una de las limitantes del llamado “techo de cristal” a la hora de competir contra los hombres y ascender en puestos directivos.

Otro indicador es el aumento de críticas en torno a las mujeres “transgresoras del sistema patriarcal”, que incluso criminalizan las protestas legítimas. Por lo tanto, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, el nombramiento de Juezas y Magistradas debería incluir la perspectiva de género en el sentido de concederles la opción de elegir su lugar de residencia para que concursen en los procesos de selección.

Es necesario destacar que el análisis del empoderamiento femenino desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación implica el reconocimiento de la desigualdad que todavía impera en la institución, lo cual se ha hecho y traducido en enormes esfuerzos para combatirla al interior de su estructura. Hoy en día hay mayor participación de las mujeres en este ámbito, lo que representa un logro histórico en la lucha de las mujeres para el acceso pleno de sus derechos.

Las demás entidades de gobierno deben impulsar de igual forma, más allá de la paridad de género, el empoderamiento de las mujeres que día a día se suman a la fuerza de trabajo.

Me congratulo de ser parte de un movimiento generacional que motiva el cambio de paradigmas.