Municipios, a cobrar y gastar mejor

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de agosto de 2017.- El municipio es la célula básica de nuestro sistema de gobierno, por lo menos así dice la Ley, aunque en los hechos no es así, ya que se encuentra marginado de las decisiones relevantes para su propio destino, como es el caso de la política fiscal y la social.

No obstante, recibe importantes recursos no solo de participaciones, sino del gasto federalizado, a saber, las aportaciones para gasto social, así como subsidios. Su heterogeneidad, su tamaño y su dispersión han hecho imposible consolidar las facultades obtenidas con las reformas al artículo 115 constitucional, entre otras, la recaudación eficiente del predial.

Lograr que el municipio mexicano tenga haciendas públicas sostenibles, con una estructura y recaudación impositivas eficientes, no se ha logrado. La duración por tres años de su gestión es un incentivo negativo para construir políticas públicas exitosas. La reelección los distraerá, ya que su meta inicial será reelegirse y en su segundo periodo, ya querrán ser gobernadores o ingresar al poder legislativo y eso significa privilegiar las obras de oropel, las de las fotos y no las que efectivamente contribuyan a las políticas contra la pobreza.

Por ello, la mayoría de los ayuntamientos no están interesados en acciones que rebasen el corto plazo de su gestión, como sucede en la relación a la deuda: es común en estados con municipios pequeños, los del sureste, que la nueva administración municipal no reconozca la deuda del alcalde anterior. Bueno, 25 municipios concentran la mitad de la deuda de ese orden de gobierno.

Cierto tiene que ver la pobreza, la atomización de los municipios como en Oaxaca, pero también la renuencia de los alcaldes a cumplir con sus obligaciones recaudatorias porque los hemos acostumbrado a pedir, no a hacer.

Al igual que en otros países latinoamericanos, su dependencia de las transferencias de recursos federales es muy alta, aunque en nuestro caso inferior a la de los estados.

Se ha desarrollado una cultura del lamento y de la petición, a quien se deje: al gobernador, a los funcionarios de los gobiernos estatales. Vienen a la Ciudad de México a solicitar asfalto y los petroleros a recibir recursos, a veces no saben qué, pero piden, y las giras de los secretarios de estado son una buena oportunidad para hacer peticiones.

Por todo el país hay anécdotas al respecto: hace años después de que dejé de ser funcionario fiscal en Oaxaca, y trabajaba como Coordinador de Administración Fiscal Regional Sur de la Secretaria de Hacienda, me encontré en El Llano al presidente de San Jacinto Amilpas, me pidió cita, pero al irse, regresa y me pregunta en qué oficina estoy, le digo donde, y regresa a preguntar: “¿ y ahí que dan?”… le dije que ahí enseñábamos a pagar impuestos.

En otra ocasión, en 2003, un grupo de presidentes de municipios de Guerrero, me visitó con peticiones de recursos, les pregunté cómo iban con su predial, la respuesta fue que no lo cobraban porque tenía costo político, era mejor exigir más al gobernador, que además era de otro partido.

Muchos están educados en la opacidad y el nulo interés fiscal: ya he comentado el caso del alcalde que utilizaba los recursos fuera de la norma, “porque el pueblo se lo exigía”. Como testimonian las auditorías que realiza la ASF en los municipios, tanto directas como las coordinadas –antes solicitadas- que hacen las entidades de fiscalización locales, un poco más de 400 en 2016, especialmente en el Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Fortalecimiento Municipal-DF. Existe una fuerte recurrencia en las observaciones.

Esto significa la necesidad de reencontrarnos con el municipio, a través de los Consejos Ciudadanos participativos, entre autoridades y sociedad, es un buen principio, que se realiza en algunos municipios de diferentes estados.

[email protected]