Myriam Hernández y la costosa congruencia

Espresso ComPol

Es una realidad innegable y que se combatió sin éxito en plazas públicas: la reforma judicial. Con ella, personas juzgadoras a nivel federal serán electas por el voto popular, en un ejército inédito en la historia de México y del mundo.

Varios estados del país también elegirán a personas juzgadoras a nivel estatal parcialmente o en su totalidad, como es el caso de Chihuahua.

Se elegirán 270 personas juzgadoras de primera instancia y menores; 30 magistraturas y 5 integrantes del Tribunal de Disciplina.

Fueron muchas las voces que se levantaron contra esta reforma porque destruye carreras completas de quienes han dedicado su vida entera al servicio de la justicia, quienes iniciaron en posiciones modestas y han llegado a ser magistrados. Hay muchas historias de vida al interior de los poderes judiciales estatales y quienes son producto de la carrera judicial.

Como he referido en textos anteriores, el gran éxito de López Obrador durante su mandato fue su discurso de odio contra el Poder Judicial en su conjunto, por lo que, la sociedad, jamás abrazó las causas de los miles de empleados de los poderes judiciales, académicos y abogados litigantes que defendían al Poder Judicial de una reforma que lo infecta de la política, esa a la que tanto le rehuyeron por años las y los togados.

Esta reforma además de sepultar carreras exitosas necesarias para la mejora constante de la justicia, también sepulta compromisos, sacrificios y a la congruencia.
En un afán de continuar con un proyecto de vida trazado con anterioridad, quienes ayer combatieron la reforma judicial, hoy se ven, de alguna manera obligados, a participar en este indigno proceso electoral.

Son muy contadas las personas congruentes que a pesar de ocupar magistraturas o algún juzgado y con las condiciones políticas propicias para competir y ganar, han decidido no participar como candidatos.
Existe un caso en particular, el cual debe conocerse en todo México: el de la presidenta del Poder Judicial de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, quien con una trayectoria de más 25 años y quien se convirtió en la primera mujer en casi 200 años en ser la cabeza del Poder Judicial chihuahuense, después de un combate incesante contra la reforma judicial, ha decidido truncar su proyecto de vida para privilegiar la congruencia.

Hace unos días, Hernández Acosta rindió su informe de labores correspondiente a la gestión del 2024 con un mensaje que vale la pena leer.

Aquí el mensaje íntegro pronunciado frente al Pleno de los y las Magistradas, así como de la presidenta del Congreso local y la mandataria chihuahuense, Maru Campos Galván:

Como he señalado, la justicia no se limita a normas y tribunales; es un pilar fundamental de los derechos humanos, la equidad, la ética y la dignidad, involucrando a todas las autoridades en sus distintos niveles de gobierno.

La función esencial de un Poder Judicial independiente es precisamente garantizar la protección de estos derechos y actuar como contrapeso ante cualquier intento de avasallamiento de las libertades fundamentales.

El fortalecimiento del Estado de derecho debe analizarse, discutirse y enriquecerse continuamente pero no con reformas que, lejos de fortalecerlo, lo debilitan y lo convierten en una herramienta de control político.

Sin duda, la reforma judicial alentada y promovida desde el oficialismo plantea desafíos significativos, no solo para jueces y magistrados, sino para toda la sociedad, nos encontramos en un escenario inédito. Esta reforma no debe verse como una disputa entre ganadores y perdedores, pues toda servidora o servidor público comprometido con su vocación y responsabilidad aspira al bienestar de su comunidad.

Aún no podemos vaticinar el desenlace de esta transformación, no obstante, espero que, por el bien de todos, su objetivo sea construir un sistema de protección de los derechos humanos más sólido, fortalecer el control constitucional y optimizar los equilibrios entre los poderes del Estado, en beneficio de los chihuahuenses y de todos los mexicanos, sin embargo, solo el paso del tiempo permitirá evaluar con precisión su impacto y resultados.

Desde mi perspectiva, esta reforma constitucional generada por los poderes públicos federales encuentra dos grandes inconvenientes desde su origen.

Primero, se ha suscitado a partir de una narrativa infundada que, repetida con insistencia y reiteración, ha sido aceptada como una verdad artificial. En este contexto, las emociones y creencias han influido más en la opinión pública que los hechos verificables, evidenciando una campaña dirigida a desprestigiar y socavar la autonomía del Poder Judicial y de ese modo someterlo a intereses políticos y electorales.

No solo lo advierto yo, sino también la academia y organismos internacionales, que han señalado los riesgos de estos ataques a la independencia judicial, una práctica sumamente peligrosa para la democracia.

El segundo inconveniente de la reforma es su falta de diagnóstico. Toda institución es susceptible de mejora y perfeccionamiento, siempre con la finalidad de beneficiar al pueblo, que es el destinatario último de la justicia y quien debe ver garantizada la independencia de los jueces.

A mi juicio, ninguna deficiencia justifica la eliminación de un sistema que, según experiencias comparadas, no solo, no favorece la impartición de justicia, sino que la politiza. Por ello, sigo sosteniendo que la existencia de un Poder Judicial autónomo e independiente, libre de presiones políticas, es esencial para la preservación de la democracia y paz social que hemos construido hasta hoy.

La realidad que enfrentamos nos exige reafirmar públicamente el valor de nuestra labor y nuestra convicción de servir a la sociedad hasta el último momento, con profesionalismo, excelencia, integridad y un profundo sentido de responsabilidad.
En nuestra función, los jueces hablamos a través de nuestras resoluciones y sentencias, documentos accesibles y transparentes que permiten evaluar tanto la evolución del sistema de justicia como el desarrollo de nuestra sociedad.

Como chihuahuense y alguien que ha dedicado su vida profesional a la justicia, a pesar de mis reservas y preocupaciones respecto al impacto de esta reforma, solo puedo desear lo mejor para mi estado y mi país. Sin embargo, desear no es suficiente.

El trabajo de cada uno es la mejor expresión de compromiso y legado en la búsqueda de la justicia. La congruencia, la ética, el esfuerzo, la perseverancia, la excelencia y la dignidad son y serán siempre nuestra mejor presentación ante el tribunal de la historia que también nos juzgará al paso de los años.

ESPRESSO COMPOL
Con un respaldo institucional de los otros poderes y al interior del Poder Judicial chihuahuense, Myriam Victoria Hernández Acosta ha optado por lo correcto: la congruencia, sacrificando su carrera de casi tres décadas convencida de que la historia la absolverá y el tiempo le dará la razón.