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TLAXCALA, Tlax., 14 de julio de 2017.- Según el Estudio Sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura, obtenido por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en Tlaxcala, el 70 por ciento de los jueces y el 45 .88 de los empleados en el Poder Judicial cuentan con familiares y parientes, incurriendo así en nepotismo o en un posible tráfico de influencias.
El artículo 221 del Código Penal Federal dice: “Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
El informe detalla que, en la entidad tlaxcalteca de los 10 jueces existentes, dos tienen integrados a sus parejas, tres a sus hijos y dos a sus hermanos. Asimismo, de los 279 empleados, 128 son parientes.
En este sentido, considerando también el artículo 160 del Código Penal en el estado: los servidores públicos que incurrieran en Tráfico de Influencias, se harían acreedores de tres meses a tres años de prisión y a multas de 18 a 216 días de salario (ahora Unidades de Medida y Actualización).
“Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito” redacta MCCI.
La investigación posicionó a la entidad tlaxcalteca en el cuarto lugar de los estados con la mayor cantidad de parientes en el Poder Judicial, con Guanajuato encabezando el ranking con el 82.6 por ciento, seguido por Aguascalientes con el 81.2 por ciento, Jalisco con el 76 por ciento, seguido por Tlaxcala y San Luis Potosí con el 69.5 por ciento, sumando en el país a 501 familiares en los poderes de las 31 demarcaciones.
En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la cual le fue entregado este estudio el pasado 12 de julio de 2017, se deslindó del documento argumentando que fue realizado por uno de sus integrantes y no a título del organismo en su totalidad, sin embargo, establecieron que con base a lo que dicta la Constitución y la normativa del Poder Judicial de la Federación, será analizado.
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