Ni perdón ni olvido: cárcel para AMLO

ITINERARIO POLÍTICO
El juicio penal contra Cristina Fernández, en Argentina y el juicio político contra Pedro Castillo, en Perú, son el mejor ejemplo de aquellas democracias en donde la División de Poderes está no solo viva, sino vigente.

Es decir, en donde los poderes Legislativo y Judicial mantienen su independencia y su papel de “equilibrio” y “contrapeso” frente a los abusos del Poder Ejecutivo.
Contrapesos capaces de señalar, acusar y llevar a juicio –penal y/o político–, a los presidentes y gobernantes sátrapas, pillos, mentirosos, corruptos e inmorales.
Y es que sin una “División de Poderes” saludable, el Estado argentino no habría llevado a juicio la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández y menos habría sido depuesto del cargo Pedro Castillo, quien más que presidente despachaba como “dictadorcito” de Perú.
Está claro que en esas democracias –debilitadas por esa plaga llamada “populismo” –, los sátrapas lograron encumbrarse hasta lo más alto del poder.
Sin embargo, los equilibrios del poder en Argentina y Perú fueron capaces de mantener su vigencia y cumplieron a cabalidad su principal encomienda; la de ser contrapeso y equilibrio de los excesos presidenciales.
Por eso, en el caso de “la señora presidenta” –como los argentinos motejan a Cristina–, fue posible que un tribunal resistiera las presiones oficiales que impedían que la ex primera dama fuera llevada a juicio.
Gracias a ese auténtico contrapeso institucional fue posible probar los delitos de peculado, abuso de autoridad, abuso de poder y saqueo del dinero público. Una película idéntica a la que hemos visto los mexicanos en los primeros cuatro años del gobierno fallido de López.
Y por esas razones y esos delitos la señora Fernández mereció una sanción ejemplar para el mundo; la prisión por seis años y le impusieron una inhabilitaron de por vida para ocupar cargos públicos.
Pero también gracias a esa “División de Poderes”, un Congreso independiente en Perú tuvo las agallas de votar por el desafuero de un presidente sátrapa como Pedro Castillo, quien intentó “madrugar” al Congreso que lo había destituido, con la dictatorial y golpista disolución del Congreso.
El juicio contra Castillo surgió a partir de pruebas de corrupción, saqueo del dinero público y una gestión pública soportada en mentiras; la misma película de los cuatro años del gobierno mexicano de Obrador.

Al final, la policía nacional captura al “presidentito” Castillo –como lo motejan los peruanos–, y lo puso preso, cuando intentaba huir a la embajada de México en Lima.
De esa manera, las lecciones de la independencia de los poderes Judicial y Legislativo en Argentina y Perú, colocan a México frente a su verdadera tragedia; la de un presidente que ha robado y llevado a la quiebra a país mucho más que la señora Fernández y que ha mentido y engañado a su pueblo mucho más que el sátrapa Castillo en Perú.
Y frente a esa demoledora realidad aparecen las preguntas obligadas. ¿Cuándo veremos que los opositores mexicanos del PRI, PAN, PRD y MC, presenten una denuncia formal de juicio panal y juicio político contra el presidente López Obrador?
¿Cuándo veremos acciones concretas, más allá de discursos trillados, para que el trabajo político de los opositores tenga congruencia y, sobre todo resultados?
Y es que sólo basta documentar 10 alianzas perniciosas del presidente mexicano para iniciar sendos juicios penal y político; por traición a la patria.
¿Diez alianzas perversas?
Aquí el decálogo de conductas criminales que podrían llevar a juicio penal y político a López Obrador.
1.- La probada alianza con la banda criminal de “El Chapo”.
2.- La alianza con los jefes de “Guerreros Unidos”, “Los Abarca”.
3.- La probada alianza secreta con Donald Trump.
4.- La alianza pública con el gobierno de Putin.
5.- La alianza pública con Díaz-Canel, de Cuba.
6.- La alianza con el dictador Daniel Ortega.
7.- La alianza con el dictador Evo Morales.
8.- La alianza con el dictador Nicolás Maduro.
9.- La alianza con la defenestrada Cristina Fernández.
10.- Y la alianza con el encarcelado Pedro Castillo, de Perú.
El anterior es un primer recuento de las conductas que en una democracia de instituciones sólidas e independientes ya hubiese llevado preso a López Obrador.
La realidad, sin embargo, es que en México ya no es un Estado democrático, sino una dictadura en manos de un solo hombre.
¿Hasta cuando?
Al tiempo.