Ningún cambio en 60 días

OAXACA, Oax. 2 de febrero de 2017.- Este primero de febrero se cumplieron los primeros sesenta días del gobierno de Alejandro Murat y, como ya lo señalamos en una entrega anterior en este mismo espacio, poco o nada ha cambiado en el entorno de la entidad.

Está claro que varios de los problemas que hoy enfrenta tienen su origen en el gobierno anterior ( vgr: quiebra financiera e ingobernabilidad ) pero está claro también que las promesas y expectativas de un ejercicio de gobierno más eficiente y comprometido con la sociedad no aterrizan, todo lo cual obligaría una cuidadosa revisión sobre lo que funciona y no funciona en el poder ejecutivo.

En materia financiera es necesario que más que filtrar información sobre obras no concluidas, desvío y malversación de recursos y toda la red de corrupción diseñada y tejida por los exsecretarios de Administración y Finanzas, Alberto Vargas y Enrique Arnaud, respectivamente ( y que se extendió a los ex secretarios de la SSA, Turismo, Infraestructuras, IEEPO, entre otros) bajo la guía del exministro sin cartera, Jorge Castillo, lo que las Secretarías de Finanzas y Contraloría del gobierno de Murat deben hacer es auditar e informar al Congreso local sobre los resultados del proceso de entrega- recepción que, por cierto, se llevó a cabo en la total opacidad.

No resulta extraño, por lo tanto, que una solicitud de información presentada desde hace poco más de dos meses por Plataforma Oaxaca Solidario aún no recibe respuesta por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como si los comisionados estuvieran más preocupados por encubrir las tropelías del gabinismo que cumplir con sus obligaciones legales.

Castigar a los responsables del saqueo a las arcas estatales es un clamor ciudadano y hasta ahora ha prevalecido un sospechoso silencio oficial no obstante las reiteradas denuncias públicas y el propio reconocimiento del gobernador Alejandro Murat sobre la quiebra financiera que enfrenta su gobierno, que prácticamente lo han obligado a declararse en moratoria, incumplir metas para desarrollar algunos programas sociales y a instrumentar, en breve, un programa de austeridad en todas las áreas del poder ejecutivo.

Reconocido como el talón de Aquiles de Oaxaca, la gobernabilidad resulta clave para garantizar un buen ejercicio de gobierno.

Sin embargo también este factor sigue haciendo mucho ruido dentro y fuera del gabinete muratista no solamente porque todo los conflictos no atendidos ni resueltos repercuten en la sociedad que ayer como hoy sigue pagando los platos rotos de la desidia, impericia y descoordinación de los funcionarios responsables de garantizar la paz y tranquilidad de los oaxaqueños y oaxaqueñas.

Nada se sabe hasta ahora de lo que el gobernador Murat denominó “gobierno regional”, pensado como un mecanismo de coordinación institucional entre funcionarios de la Segego, delegados de gobierno y presidentes municipales para atender y desactivar los conflictos sociales y políticos que brotan por doquier.

Aunque muchos de los conflictos post-electorales que hoy, por enésima ocasión, han puesto de cabeza a la ciudad, tienen su origen en los arreglos y desarreglos grupales y partidistas pactados en la Dirección de Sistemas Normativos del IEEPCO, es un hecho que también comparte responsabilidades, y en grado superlativo, la Segego, en donde tal parece que Secretario y subsecretarios están más interesados en no dejar pasar el negocio de los administradores municipales que en estar atentos a las inconformidades de diversos actores que por estos días han optado por recurrir a los viejos métodos de presión (que fundamentalmente afectan a la población) para buscar solución a sus problemas.

En los primeros días de diciembre, el gobernador Murat Hinojosa ubicó como los problemas urgentes para ser atendidos en forma inmediata por su administración aquellos relacionados con los transportistas, la UABJO ( porrismo, inconformidad por la elección del director en la facultad de Derecho y emplazamientos a huelga de sus sindicatos) y los conflictos entre pueblos por límites territoriales.

Ahora, cuando está cumpliendo sus primeros sesenta días, debe sumar los conflictos post-electorales y las movilizaciones de los pueblos para oponerse a la imposición de administradores municipales; la creciente ola de violencia e inseguridad que azota a las regiones del Istmo, Cuenca y los Valles Centrales y, por supuesto, la quiebra financiera heredada por Gabino Cué que, más allá de fincar responsabilidades, debe constituirse en un serio llamado de atención para que los tres niveles de gobierno se comprometan a fondo con la transparencia y rendición de cuentas y con un ejercicio de gobierno eficiente y cercano a la gente, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

@YescasIsidoro