No criminalizar migración

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2019.- La imagen desgarradora de un padre y su pequeña hija muertos en su intento de cruzar el Río Bravo, los salvadoreños Óscar Alberto Ramírez y Angie Valeria, tal como ocurriera con el niño sirio Aylán Kurdi en la costa turca del Mediterráneo en 2015, ambas escenas recorriendo el mundo, sacude la conciencia nuevamente y nos llama a no criminalizar la migración y privilegiar el enfoque social.

La noticia fue materia principal de debate en ambos congresos federales, de México y de Estados Unidos. El común denominador de las intervenciones en los dos casos fue la más enérgica condena a las políticas que conducen a esos resultados, especialmente el encono alimentado en la nueva administración derechista de un país que debe su fortaleza económica justamente a la contribución de los migrantes.

No perdamos la perspectiva, y nos quedemos en la visión de corto plazo. La migración es un fenómeno universal y atemporal. Ha estado desde el inicio de los tiempos, en la prehistoria y en las distintas etapas de la historia moderna. La pobreza extrema, y la correlativa búsqueda de mejores condiciones de vida, ha sido el resorte principal. El éxodo actual de sur a norte en el continente americano, Centroamérica como expulsor cardinal, no es la excepción.

Por eso importa mucho un diagnóstico profundo y holístico, integral, de la migración de nuestros hermanos centroamericanos a México en tránsito hacia Estados Unidos, mujeres y hombres que dejan sus países y comunidades de origen buscando otros horizontes, de mayor bienestar y certidumbre. La respuesta del Estado mexicano y no sólo del gobierno en turno, con planes generales y políticas públicas con acento en lo económico- social, se inscribe en esta lógica de atacar causas, y no sólo contener las consecuencias, hoy de un alto impacto mediático.

La estrategia tiene dos frentes que vale la pena analizar, el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y que tiene por objeto impulsar el desarrollo económico e intensificar el comercio entre los cuatro países, para detener o cuando menos atemperar los flujos migratorios hacia el norte.

La limitada integración económica regional la retrata un dato contundente que no requiere interpretación: El Salvador, Guatemala y Honduras sólo exportan 5 por ciento de sus mercancías hacia México, mientras nuestro país exporta hacia aquella región menos de 2 por ciento del monto total.

La premisa de la que parte el plan regional es que: “los motivos que han originado las constantes e históricas olas de migrantes que buscan una mejor opción de vida en Estados Unidos son la falta de empleo o crisis económicas en sus países, bajos ingresos salariales, malas condiciones laborales, violencia e inseguridad en sus lugares de origen y reunificación familiar”.

El otro frente para inhibir la migración desde sus cimientos es uno nacional con repercusión internacional, el Proyecto de Corredor Transístmico, logístico e industrial, de los mayores concebidos en el sexenio, que contempla la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la recuperación de la vía férrea entre las dos localidades y la construcción de carreteras vinculantes. Este año o el próximo se iniciará la construcción de una vía de 60 kilómetros de Mogoñé a Chivela.

Es un proyecto largamente postergado, con una historia de expectativas frustradas que se remonta a siglos, para el desarrollo del istmo de Tehuantepec, y que tendrá un impacto nacional y regional hasta beneficiar a Centroamérica, que contará con dos terminales de contenedores, abaratará el costo y tiempo de transporte en relación con el Canal de Panamá para aquellos barcos que operen en sus puertos.

Este proyecto se iniciará con una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos, sólo en su vertiente nacional, con lo cual se beneficiará, en primer lugar, a 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos.

Hoy en día, México suministra 15 por ciento de los productos que pasan por el Canal de Panamá, lo cual equivale a 40 mil toneladas de producto mexicano.

Con la interconexión de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz se podrán trasladar por suelo mexicano estos productos, y miles de toneladas más, a menor costo.

Los beneficios del nuevo Canal Transístmico permearán no sólo en la productividad del país, sino en el aspecto social, puesto que por años la región del sur-sureste ha vivido sumergida en la pobreza y la exclusión. Desde lo económico se atacará lo social, con una derrama económica estimada en 30 mil millones de pesos para 2022.

Sin duda, estos dos grandes proyectos, pero sobre todo éste, el transístmico, tendrán un impacto formidable en el desarrollo económico de la región y el subcontinente, medido en la generación de empleos estables y formales, que al crear oportunidades en la propia tierra, desalentarán los flujos migratorios.

Es temprano para medir la eficacia de los planes descritos, pero las proyecciones son de gran calado y son los primeros diseñados para atacar las causas estructurales de la pobreza y la migración, y no sólo atender las consecuencias de un fenómeno hoy exacerbado por décadas de desatención en los móviles de origen. Desde proyectos macro de infraestructura y desarrollo económico, no debemos permitir que vuelvan a ocurrir muertes de migrantes en la búsqueda legítima de mejores condiciones de vida.

Fuente:
La Jornada