Nuestro Culiacán

En el más completo síndrome del tío Lolo los gobiernos declaran como en tantos otros temas vitales para la población que por las acciones equivocadas de los gobiernos pasados entre los que no están los primeros seis años del actual grupo en el poder, han heredado el creciente índice de asesinatos, ajuste de cuentas, control cada vez de mayores territorios por el crimen organizado, así como la inseguridad galopante que nos agobia sin que podamos siquiera vislumbraralguna solución o mitigación de los flagelos que nos aquejan.

Las noticias de las consecuencias de este ignominioso estado de cosas nos llegaban de lugares lejanos como si nunca fueran a alcanzarnos por ver que Sonora, Chihuahua, Sinaloa y otras entidades del norte y del bajío están a muchas horas de distancia de tal manera que los gobernantes, que es un decir, podían simular y aun declarar que no solo disminuían los delitos sino que han logrado que seamos el quinto estado más seguro de la República y que al igual que su mentor favorito y quien pareciera sigue decidiendo muchas cosas torales, se reúnen todos los días casi de madrugada para “hacer de nuestro estado un lugar cada vez más seguro”.

Para pocas personas que habitan o son originarias de regiones como el Istmo, la Costa, la Cuenca o los mismos Valles Centrales les es ajeno la existencia de los grupos criminales que si bien iniciaron y se han consolidado con el tráfico de estupefacientes, ahora aplican y controlan el cobro de piso, la extorsión, el robo y comercialización de combustible así como otros ilícitos que además de procurarles enormes ganancias, han convertido estas regiones en frentes de guerra en las que los gobiernos son omisos si no es que parte de la cadena criminal.

En el caso particular del Istmo oaxaqueño, el control del tráfico de migrantes ilegales ha sido un asunto que desde al menos treinta años ha existido como propio de los grupos delictivos internos que hoy en alianza con los principales cárteles se ha arraigado y que junto a los otros delitos como el cobro de cuotas por la comercialización de productos como el melón y el mango así como los anotados líneas arriba se ha sumado el robo de combustible denominado huachicol en el que conocidos personajes según voz pópuli, han hecho grandes fortunas y el manejo del control político de no pocos municipios en que los munícipes con voz en cuello los presentan como “sus jefes políticos”.

Por la historia local podemos enterarnos del papel que en ese largo historial irruptivo y delincuencial han jugado ciertas núcleos de población de Juchitán en especial ciertas secciones en que está divido ese municipio, célebres por su manejo autonómico, el control de sus habitantes que van desde el parentesco, los matrimonios o uniones de pareja, así como la actividades que configuran delitos y que el cobijo territorial y comunitario les aseguran no solo protección sino una suerte de apología de sus actividades ilícitas al que no pocos niños y jóvenes las ven como su aspiración más próxima.

Actividades y acciones como la venta pública de productos prohibidos, en proceso de extinción, propios de las fuerzas armadas, comercialización en pequeño de estimulantes y otros tantas cosas demandadas y atractivas para la población, son cosa cotidiana a la que se ha sumado como en otros lugares un cúmulode sobre todo jóvenes, mujeres y hombres, en la numerosa y creciente red de transporte local que por desgracia ahora mismo está costando vidas por medio del ajuste de cuentas sin que el anunciado “sablazo” de más de 500 efectivos federales y locales hagan alguna mella.

Esta información corre cotidianamente en los lugares públicos tanto los concurridos como los particulares en una especie de loa y jactancia de los locales que presumen como parte de su identidad casi intocable y según las propias fuentes oficiales de la participación de las policías y autoridades locales que como dice el dicho popular solo hay dos cosas que no se pueden fácilmente ocultar: Lo torpe por llamarlo eufemísticamente y el dinero mal habido. Así el crimen artero y vil de una pequeña menor de edad y de su madre junto a otras dos personas ha traído respuestas varias como la indignación popular y la convocatoria a marchas y manifestaciones para exigir justicia y paz, las declaraciones que más valdrían no expresarlas por quienes son los responsables de dar seguridad y combatir frontalmente los ilícitos, sí como respuestas tardías, fuera de lugar y por las experiencias más recientes poco útiles y parecieran mediáticas pretendiendo salvar la responsabilidad de los que administran el bien público con amenazas y persecución para quienes expresan su desaprobación con su proceder queriendo saber quién “está detrás de la convocatoria de las marchas anunciadas” e inventando conjuras extranjeras o con distractores inútiles y reveladores de su errático proceder.

Gerardo Garfias Ruiz

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