Nuevos retos electorales

OAXACA, Oax., 7 de junio de 2020.- La pandemia Covid 19 y la emergencia en curso han trastocado y seguirán afectando múltiples instituciones y procesos sociales, pero la capacidad humana de adaptarse y seguir adelante es y será mayor.

Así, por ejemplo, además de las elecciones municipales en Hidalgo y legislativas en Coahuila, que debieron tener lugar este primer domingo de junio de 2020, diversas dinámicas políticas al interior de los partidos y también para renovar la integración de organismos electorales se suspendieron o se desfasaron. Por supuesto, la salud es primero.

Ahora bien, algunos procesos legislativos federales y locales no se consumaron debidamente o fueron aprovechados para forzar la emisión de reglas que complicaron la gestión de múltiples comicios a celebrarse exactamente dentro de un año a lo largo y ancho de un país en situación más o menos post-epidémica.

Veamos una lista no exhaustiva de esas complicaciones jurídicas y técnicas o auténticos retos electorales, que tocan en particular a los actores e instituciones centrales involucrados.

En los ámbitos federal y local, la aplicación de los principios de reelección inmediata y paridad total no solo están ya cargados cada uno de la dosis de incertidumbre correspondiente por la falta de disposiciones legislativas completas y claras, sino también en el sentido de su interrelación y prevalencia.

En los ámbitos federal y local, la opción del uso de nuevas tecnologías digitales para organizar comicios y resolver sus conflictos, si bien deseable y posible, tampoco tiene firmes asideros legales, o bien, condiciones logísticas dado el desigual acceso ciudadano a aquellas.

En el tema de la equidad y la rendición de cuentas por el uso del dinero en la política, en todos los ámbitos se podrá echar de menos leyes reglamentarias que hubieran podido ofrecer mayor certeza y legalidad en garantía de la legitimidad constitucional de los gobiernos resultantes.

En algunos ámbitos locales, en donde mediante reformas legislativas se recalendarizo el inicio de los correspondientes procesos electorales, los plazos para preparar los comicios serán más cortos, esperemos que menos costosos, pero sin duda serán más intensos y presionantes para todos los involucrados.

En ámbitos locales específicos, en los que ya se han introducido o se inicien en fecha próxima reformas constitucionales y/o legales, quizás creativas solo que muy cuestionables, el enredo jurídico no será menor.

Si a todo lo anterior se suma el constante desafío de los usos y abusos de las reglas incompletas y prácticas innovativas de la comunicación política y electoral a través de las interfases entre medios tradicionales, electrónicos y redes sociales, el reto se antoja todavía mayor.

Por fortuna, el estado de derecho constitucional que hemos venido construyendo los mexicanos está dotado de sistemas nacionales de organismos electorales –institutos, fiscalías y tribunales electorales– que ya han probado sus capacidades para afrontar ese tipo de desafíos.

Ahora, una vez más, deberán hacerlo mediante el desarrollo de normatividad administrativa, interpretación jurídica y, en última instancia, aplicación de soluciones a casos concretos para resolver los conflictos emergentes

De allí que mantener y fortalecer a instituciones sea crucial no solo para estas sino para los propios actores políticos y gubernamentales.

No se olvide que en el centro de la democracia habitan personas comunes y ciudadanos, cuya calidad de vida se ha visto y continuará siendo lastimada, y que sabrán valorar el desempeño de los actores e instituciones en tanto gestores y guardianes de sus derechos fundamentales de participación política.

Los retos son para todos y cada uno deberá recibir lo que se merezca.