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OAXACA, Oax., 16 de octubre de 2026.- Cinco personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en una célula delictiva señalada por extorsión, cobro de piso y préstamos usureros bajo la modalidad gota a gota, presuntamente relacionada con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
El juez de la causa también impuso prisión preventiva a las cinco personas y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía.
Entre las personas imputadas se encuentran dos identificadas como L. E. C. G., señaladas como coordinadoras de la Organización 21 de Diciembre; I. J. M. H., directora de Fomento Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez; A. A. A. V., y B. Y. S., empleado particular de la funcionaria municipal.
De acuerdo con las investigaciones, la célula concentraba sus operaciones en Santa Cruz Xoxocotlán y otros puntos de la zona metropolitana, con actividades que presuntamente se extendían a la capital oaxaqueña.
Entre sus posibles víctimas se encuentran pequeños y medianos comerciantes, locatarios, vendedores ambulantes y trabajadores del transporte público y privado, incluidos taxistas, mototaxistas y conductores de plataformas digitales.
La FGEO señaló que la agrupación presuntamente recurría a amenazas e intimidaciones para exigir pagos periódicos a cambio de permitir que las víctimas continuaran con sus actividades comerciales y laborales. También habría operado préstamos bajo el esquema gota a gota, con condiciones abusivas de cobro y presiones para exigir el pago de las deudas.
Las cinco personas fueron detenidas el 6 de octubre durante un operativo coordinado por la Fiscalía estatal con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
La investigación comenzó a partir de denuncias de comerciantes de la zona y continúa abierta para determinar el alcance de las actividades de la presunta célula delictiva e identificar a posibles involucrados.
Las personas imputadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.