
Los datos no bastan: el reto es transformar la realidad
OAXACA, Oax. 28 de septiembre de 2026.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz informó que ordenó una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y advirtió que no habrá impunidad ante posibles irregularidades en la dependencia, luego de que surgieran señalamientos sobre el manejo de plazas y la nómina educativa.
Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario habló expresamente de la situación del Instituto y aseguró que se revisará a fondo lo ocurrido, en medio de los cuestionamientos surgidos tras la crisis política y de seguridad en Juchitán de Zaragoza.
Jara Cruz sostuvo que las investigaciones deberán llegar hasta donde sea necesario y reiteró que no habrá protección para ninguna persona que pudiera resultar involucrada en actos irregulares, independientemente de su cargo o filiación política.
La revisión ocurre después de que información pública revelara que funcionarios y personas vinculadas con el Ayuntamiento de Juchitán aparecen también en registros de nómina del IEEPO, lo que generó señalamientos sobre presuntos dobles cobros, plazas incompatibles y posibles aviadores.
Entre los nombres difundidos se encuentran servidores públicos municipales que, al mismo tiempo, figuran con plazas docentes o administrativas dentro del sistema educativo estatal.
La auditoría deberá determinar si las personas señaladas efectivamente desempeñaban las funciones correspondientes, cuál era su centro de adscripción, si cumplían horarios y si sus plazas eran compatibles con otros cargos públicos.
El caso cobró mayor dimensión después de la detención del entonces presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, y de la posterior renuncia de Emilio Montero Pérez como director general del IEEPO.
Montero Pérez había gobernado Juchitán antes de incorporarse al Instituto y mantenía vínculos políticos con el grupo que posteriormente asumió el control del Ayuntamiento.
Tras su salida, el gobernador designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO, con la instrucción de mantener la operación del organismo educativo, alguien que también está en entredicho porque su esposo figura en nóminas presuntamente duplicadas.
Hasta el momento no existe información oficial que establezca responsabilidad penal de Emilio Montero Pérez por las irregularidades señaladas en la nómina, por lo que corresponderá a las revisiones administrativas y, en su caso, a las investigaciones ministeriales determinar responsabilidades.
Jara Cruz reiteró que las investigaciones abiertas a partir de lo ocurrido en Juchitán no se limitarán a ese municipio y sostuvo que cualquier servidor público que haya incurrido en actos ilícitos deberá responder ante la ley.
La auditoría al IEEPO deberá esclarecer ahora la asignación de plazas, las adscripciones, el cumplimiento efectivo de funciones y el destino de los recursos públicos destinados al pago de personal.