OAXACA, Oax., 12 de mayo de 2019.- La Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) crear una Comisión Especial de Búsqueda para buscar dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

De acuerdo con información del diario Reforma, la jueza ordenó abrir los cuarteles militares con la finalidad de facilitar la localización de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntos líderes EPR, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, en Oaxaca, en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.

Una de las hipótesis refiere que ambos fueron capturados por militares y elementos de seguridad el estado, durante el conflicto magisterial del 2006 y ya no se supo de su paradero.

La juez ordenó también interrogar a los mandos del Ejército que estaban en funciones en 2007 en ese estado, como parte del amparo concedido a familiares de las dos víctimas, entre ellas la hija de Reyes Amaya, Nadin Reyes Maldonado, quien coordina el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.

El fallo, que aún no es definitivo debido a que puede ser impugnado por la Fiscalía , señala que con base en la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay indicios de que en la detención de los eperristas participaron agentes del Estado.

En especial, implica a militares de la Octava Región en Ixcotel, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, la entonces Policía Ministerial y de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca.

En 2008, la SEIDO detuvo a Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la Policía Ministerial estatal, y a su subordinado Ángel Reyes Cruz, por la captura ilegal de los eperristas, con base en el dicho de un testigo protegido. Después de un arraigo domiciliario de 90 días, ambos fueron liberados por falta de pruebas.

Ahora, con la sentencia de la juez Núñez también se ordenó a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la FGR, investigar de manera pronta y exhaustiva la desaparición forzada de los integrantes del EPR.

Además, por orden de la juez, la FGR deberá llevar a cabo “todas las diligencias que estime pertinentes para la localización con vida” de los eperristas, publicar en su página de internet la investigación y sus pruebas, y comunicar cada 10 días los avances de la búsqueda.

Al titular de la Sedena le ordenó publicar por una sola ocasión un extracto de esta sentencia en un diario de circulación nacional; mientras que el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal de Oaxaca deberán hacerlo en un diario estatal.

La juez instruyó a los quejosos acudir a la FGR para manifestar si quieren o no iniciar un procedimiento de declaración especial de ausencia de los dos desaparecidos.

También les concedió en este amparo el derecho a recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada, en caso de que así lo soliciten. Al mismo tiempo, ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas iniciar un procedimiento de pago de compensación económica.

Los ordenamientos no serán efectivos hasta que causen estado y esto puede suceder si la Fiscalía no presenta el recurso de revisión en el plazo de 10 días posteriores a partir de la notificación de la sentencia.

Si la FGR impugna el fallo, éste será cumplido hasta que un tribunal colegiado lo confirme.