Otra vez, elecciones

Inclinados sobre los abismos de consternación que nos causan las fosas clandestinas, las masacres y la vulnerabilidad de la paz en el país, y ateridos de zozobra ante los escenarios económicos globales; el trascendente proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación ha pasado a un rincón casi olvidado de interés nacional y social. Pero no para todos, especialmente para los más interesados.

El próximo primero de junio, la ciudadanía tendrá que elegir por medio del voto popular, universal y directo a los responsables de diversos cargos del poder judicial. Se trata de una pléyade de candidatos a insertarse en una inmensa estructura y red de servicio idealmente orientada a la justicia y la preservación del orden jurídico. Se elegirán ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; diversos magistrados para tribunales, salas regionales, tribunales de disciplina y tribunales colegiados de circuito; así como titulares de juzgados de distrito.

Desde el origen de la propuesta para que –al igual que el poder ejecutivo y el poder legislativo–, la ciudadanía participará directamente en la elección del poder judicial; las críticas al procedimiento han sido mayúsculas.

Destaca principalmente la preocupación de que, tanto candidatos como grupos de interés y ciudadanos entren en un juego de marketing electoral para promover “personajes” y “eslóganes” para granjearse el voto popular, en lugar de procurar los mínimos de evaluación de cualidades técnico-jurídicas y de experiencia judicial para que ese servicio público se realice por las personas más calificadas.

Frente a esa preocupación, algunos mecanismos han sido improvisados e implementados para moderadamente garantizar que los perfiles de candidatos por lo menos cumplan los mínimos de conocimiento y experiencia. Sin embargo, entre el azar y la opacidad de algunos de estos procesos, la elección del Poder Judicial se constituirá más en un acto de fe que en una responsabilidad bien informada.

A favor del proceso, se ha argumentado que la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial va a evitar que los grupos de poder e interés –anquilosados entre las estructuras de los gobiernos y la propia burbuja nepótica de las élites judiciales de México– conserven bajo su control los mecanismos de lucro y autopreservación de privilegios.

Por desgracia, a pesar de los ingenuos e ideologizantes comerciales que exaltan los dones y bienes de la supuesta ‘independencia’ del poder judicial, es evidente que, en su gran mayoría, el proceso de búsqueda de justicia en el país va de la mano del involucramiento de influencias, intereses, grupos de poder y agendas muchas veces inconfesables.

En todo caso ya a pesar del cambio radical del mecanismo de selección de estos funcionarios (ya que en el pasado también había procesos electivos umbríos pero limitados a otras élites) se mantiene el problema de la influencia que los grupos de interés que apoyarán por los recursos mercadológico-electoral a las personas de su predilección a los puestos de sus necesidades.

Toda candidatura requiere un equipo especializado en promoción de imagen, construcción de discurso y gestión mediática; y el próximo proceso electoral del Poder Judicial tendrá su buena dosis de marketing y campaña electoral. Toda estrategia que no esté prohibida por la ley será útil para los intereses de los que aspiran a ser juzgadores y juzgadoras de las instancias públicas de la nación; pero útil también para los sectores y grupos políticos que quieran insertarse en los márgenes de influencia del nuevo poder electo.

Es cierto que por una parte estará la información oficial de las candidaturas a elegir en el proceso electoral a través de la plataforma “Conóceles” [sic] del Instituto Nacional Electoral a través de la cual se espera que la ciudadanía se informe de los mínimos y básicos de las y los candidatos a puestos de elección del Poder Judicial. Pero, las campañas tienen su propio ámbito de infoentretenimiento: estrategias de persuasión, justificación y propaganda que construyen imagen pública, limpian antecedentes y maquillan personalidades.

Las campañas electorales son esencialmente una guerra simbólica en pos de territorialidades y poder político, a través de retóricas propagandísticas y negociaciones gremiales; por eso llama profundamente la atención de que en este proceso, el primero por su naturaleza que se lleva a cabo en México, la Iglesia católica busque un sitio de participación y referencia con la propuesta publicada en el órgano informativo de la Arquidiócesis de México.

Así lo anunciaron: “Con la finalidad de aportar nuestra parte como ciudadanos mexicanos, convocamos a los Candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres y hombres, a que envíen entre este 23 de marzo y hasta el 1 de abril, un video de 1 minuto y medio, en el que hablen a los ciudadanos sobre su trayectoria, propuesta o visión de la justicia y de los derechos humanos, comenzando por el elemental derecho de la Vida. nuestra publicación”.

Llama la atención que la Iglesia busque involucrarse como una instancia de referencia en el proceso electoral (aunque no para todos los cargos de funcionarios, sólo para los ministros de la Corte). De este modo, la Iglesia pretende erigirse como una instancia de difusión –y quizás hasta de validación– de los discursos propagandísticos y campañas de aquellos candidatos a ministros que, evidentemente, querrán hacer estrategia política a través de las instancias eclesiásticas.

Estamos en territorio aparentemente desconocido por ser la primera vez de este proceso democrático para el Poder Judicial; Sin embargo, todas las campañas electorales conservan su esencia de agrupar y negociar intereses mientras se lucha por la colocación de los símbolos propagandísticos en el espacio público y la conversación social. Todo espacio que acercar a audiencias y votar refleja un interés; Habrá que vigilarlos para intentar comprender sus intereses evidentes y también los que se pretenden ocultar.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe