Pablo Hiriart | Incertidumbre inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio de 2020.- Destrozaron la economía por falta de estrategia ante la pandemia  y mandan, este año, a 20 millones de mexicanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza y 12  millones se han quedado sin empleo ni ingresos.

El problema social en el país es de pronóstico reservado y la respuesta que impulsa Morena en la Ciudad de México es destruir la confianza en el ramo inmobiliario, la intervención del Estado en la propiedad privada, y dejar desprotegido al propietario de un departamento que renta para completar sus ingresos.

Morena no tiene más ideas que castigar a la iniciativa privada para hacer frente a una tormenta que los gobernantes han transformado en huracán categoría cinco.

En el Congreso de la Ciudad de México se afina un proyecto de Ley en el que se plasma que los contratos de renta, para ser exigibles, deben tener cuando menos tres años de antigüedad.

Lo anterior significa rentas congeladas por tres años para los nuevos contratos.

Al propietario se le prohíbe pedir meses de garantía y queda también proscrita la figura del fiador.

Si por alguna razón el arrendador perdió el contrato, o se lo roban, no podrá  actuar legalmente contra un moroso, ni exigir el pago de meses vencidos ni solicitar la orden de desalojo en caso de incumplimiento o no pago.

Como ha explicado ampliamente el ex Procurador General de la República Ignacio Morales Lechuga, de nueva cuenta toda la protección se vuelva al que incumple y se deja en el desamparo al que sí cumple.

Martha Ávila, coordinadora de Morena en el congreso de la CDMX expuso que se trata de «garantizar, frente a la pandemia, el derecho de las familias que arriendan el inmueble que habitan».

Desde luego la situación es muy crítica y lo será más. Ya está en el Código Civil que las personas que por razones ajenas a su voluntad no puedan pagar su renta, tienen la alternativa de solicitar una reducción con el propietario, como un acuerdo entre particulares.

En caso de no haber acuerdo entre las partes el diferendo se lleva ante un juez. Y si el proceso se considera demasiado lento está la figura del mediador, estipulado en el Código de Procedimientos Civiles.

Pero que el gobierno congele rentas por tres años es un golpe a la propiedad privada.

Que prohíba la exigencia de un fiador y un depósito a manera de fianza, es despojar de defensa al propietario.

Si por alguna razón -robo, por ejemplo- el propietario no puede exhibir físicamente el contrato, pierde los derechos sobre su inmueble, es legalizar el despojo.

Otra vez Morena contra la propiedad privada en la Ciudad de México.

Primero quisieron prohibir los desalojos cuando haya incumplimiento de pagos. En el caso extremo de que se autorizara por el juez (luego de años de litigio), el gobierno se obligaba a proporcionar una vivienda al moroso, cerca de su antigua residencia.

Era una invitación al no pago, que en el peor de los casos para el moroso iba a ser premiado con una vivienda.

Después vino el proyecto de extinción de dominio para el local que rompiera los sellos de clausura. Yo, gobierno, te los mando romper y me quedo con tu propiedad.

Ninguna se las dos anteriores prosperó, y ahora viene la tercera.

Es darle la puntilla a la industria inmobiliaria en la CDMX.

Congelar rentas destruyó el Centro Histórico de la capital (decreto de 1942).

Cuando terminó esa situación -1992-, la Joyería la Princesa, de unos 300 metros cuadrados en la calle Madero, pagaba 75 pesos mensuales de renta.

Para allá vamos de regreso con este proyecto que, dice Morena, es provisional por la pandemia.

Todos sabemos que lo provisional se vuelve permanente. Ejemplos sobran.

Mientras, el país languidece por falta de inversión, que es decir empleos, generación de riqueza, consumo, pago de impuestos.

Es la especialidad de los gobernantes de Morena: actuar contra la certidumbre.

A los inversionistas privados que producen energías limpias, como autoriza la ley vigente, les cierran la llave y se quedan con los fierros y el gasto hecho.

Para la empresa que había invertido más de 700 millones de dólares en una planta cervecera, con todos los permisos en orden, vino un cierre fulminante (le cortaron el agua) porque así lo decidió una consulta popular ilegal, organizada por la secretaría de Gobernación.

Ahora, por si faltaba algo, viene esta ley que impulsa Morena en el congreso de la Ciudad de México.

Incertidumbre en todos los terrenos.

Y la economía derrumbándose.